Presentaron una medida cautelar en la Justicia Federal para que reincorporen a los despedidos. Los abogados Carlos y Matías De Falco se presentaron en el Juzgado Federal con la acción de amparo. El escrito está firmado por 23 de los 28 despedidos
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional dice textualmente que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes” y en uno de sus puntos expresa que el Estado debe garantizar “la estabilidad del empleado público”, que solo puede ser apartado de sus funciones mediando un sumario previo.
Con ese argumento de cabecera, los abogados Carlos y Matías De Falco se presentaron ayer en el Juzgado Federal pidiendo una acción de amparo para los trabajadores despedidos de la Fábrica Militar de Villa María.
El escrito está firmado por 23 de los 28 despedidos e incluye una medida cautelar solicitando al juez Federal Roque Ramón Rebak que ordene a la Dirección de Fabricaciones Militares la inmediata reincorporación, considerando que se les ha privado del salario que tiene carácter alimentario.
En diálogo con la prensa, Carlos De Falco explicó que la modalidad de contratos temporales en la administración pública solo es admisible para tareas eventuales o excepcionales. Los despedidos -que tienen entre 17 y cuatro años de antigüedad- realizaban trabajos habituales.
“Entendemos que esta modalidad de contratos temporales para tareas ordinarias, comunes y habituales, es un acto inconstitucional, porque viola la garantía de nuestra Carta Magna que establece la estabilidad del empleado público. Por eso, le pedimos al juez que corrija este acto inconstitucional”, dijo.
Señaló que el magistrado no tiene plazos establecidos para expedirse, pero estima “que va a resolver de manera inmediata por la característica de este planteo”. “Si no nos dan la razón, recurriremos a instancias superiores”, adelantó.
Cabe recordar que De Falco ya tiene en su haber un pedido de amparo colectivo que resultó favorable, cuando se trató el tema del aumento indebido del servicio de gas, lo que benefició a todos los ciudadanos de Villa María.
Los letrados estuvieron acompañados en la presentación por el dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Gustavo Vílchez, quien señaló que “la expectativa de nuestro sindicato en la parte legal siempre fue positiva, porque desde el comienzo el doctor De Falco se puso a nuestra disposición. De hecho creemos que estamos por el buen camino en lo que hace a la vía legal”.
En lo que hace al reclamo gremial, indicó que en la jornada de ayer, los dirigentes de ATE Villa María estuvieron acompañando a los de Azul (ciudad donde despidieron a unos 250 trabajadores) a una reunión en la Jefatura de Gabinete.
Planteó también la preocupación por los trabajadores contratados que siguen trabajando, dado que, tal como se publicó, tienen una claúsula en la que se habilita a una reducción salarial si baja la producción.
La demanda
El texto de la demanda presentada ayer en la Justicia Federal comienza diciendo que con la modalidad de contratos temporales, Fabricaciones Militares “ha quebrantado el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en cuanto determina que los derechos individuales de los trabajadores son protectorios y progresivos y fundamentalmente ha violentado de manera ostensible la disposición que determina la estabilidad del empleo público a través de la utilización fraudulenta e ilegítima de figuras contractuales que solo tuvieron (y tienen) por finalidad eludir la aplicación y operatividad de la cláusula constitucional mencionada”.
Cita legislación y jurisprudencia al respecto, como así también, manifestaciones del Papa Francisco como la que expresa que “el trabajo es sagrado, expresa la dignidad de la persona humana y fortalece fundamentalmente a la institución familiar”.
Finalmente, expresa datos particulares de algunos de los despedidos, como el hecho de haber sido dejados sin empleo a pesar de estar bajo tratamientos médicos y cursar enfermedades de suma importancia y gravedad “motivo por el cual necesitamos continuar con nuestro trabajo y contar con la obra social que cubra tales tratamientos”, o el de los casos que recibieron del propio Estado nacional créditos para construir viviendas “que fueron otorgados en virtud de nuestros recibos de sueldo como dependiente del Gobierno nacional, reconociendo a esos efectos y como garantía de cumplimiento la condición de empleado permanente, y posteriormente, el mismo Estado nacional, contrariando sus propios actos, decide prescindir de nuestros servicios aduciendo para ello la existencia de un contrato en base a tareas eventuales y/o temporarias”, por lo que dejamos denunciado violación al principio general de la buena fe y a la doctrina de los actos propios”.
Los casos de contratados y facturantes de la Municipalidad
“Se está corrigiendo”, dijo el concejal
Era inevitable consultarle a Carlos De Falco, quien fue funcionario municipal durante la gestión de Eduardo Accastello y actualmente preside el bloque de concejales del oficialismo, sobre su lectura de la situación de los municipales contratados y facturantes, quienes realizan tareas habituales, pero no gozan de estabilidad en el empleo.
“Aclaro primero que yo no formo parte del equipo de Gobierno, soy presidente de un bloque en el Concejo”, aunque señaló que sí formó parte en gobiernos anteriores del justicialismo.
Sobre el tema consultado, respondió que “es una situación que se está resolviendo. Yo participo como jurado de los concursos por los cuales van a ingresar a planta permanente más de 200 trabajadores y estimo que en los proximos años, tiene que estar totalmente definida esa situación”. “Creo que ha sido una muy buena iniciativa del gremio (SUOEM) y del intendente Martín Gill empezar a solucionar ese problema”, agregó.
Dijo además que la cantidad de facturantes y contratados de la Municipalidad, que según los últimos registros llegó a alcanzar a más de la mitad de los trabajadores, “no la heredamos solo del gobierno de nuestro partido, sino de gobiernos de otros partidos”, en clara alusión a la gestión del radical Miguel Angel Veglia.
