Consideró que no le correspondió determinar sobrefacturaciones

Escribe: Diego Bengoa
DE NUESTRA REDACCION

El fiscal Gustavo Atienza defendió el archivo de una denuncia realizada por los extribunos de Cuentas José Naselli y Gustavo Maristany en 2009, en la cual se ponía en tela de juicio al Ente Intermunicipal para el Desarrollo Regional (Eninder), organismo al que apuntó recientemente un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) por presuntos sobreprecios en obras realizadas en la ciudad.

Entrevistado por EL DIARIO, argumentó que los entonces tribunos nunca hablaron de sobreprecios ni retornos y sostuvo que en su resolución sugirió concurrir al Tribunal Superior de Justicia (TSJ). En todo momento buscó plantear que a él no le correspondía constatar si había sobreprecios o si se controlaba la ruta de dinero, que ingresó por aquellos años en cascada.

También admitió que no investigará de oficio porque en la semana en que se conoce el informe de la auditoría, no está “de turno”.

“La denuncia que realizaron en 2009 los por entonces tribunos fue estrictamente jurídica. Luego de rechazar una orden de pago, dispusieron remitir los antecedentes a la Justicia Penal”, recordó.

“Muchas de las órdenes de pago que del municipio pasaban al Eninder fueron autorizadas previamente por el Tribunal de Cuentas, hasta que los dos tribunos comenzaron a cuestionar esta figura argumentando que eran sorteados en el control y decían que no podían estar en un rol pasivo.

Durante la causa se me remitieron todos los comprobantes de constancias del Eninder. Los tribunos dijeron que no venían a decir que existían sobreprecios o retornos ni que querían frenar la obra pública, sino saber cómo era este manejo de dinero que ingresaba sin licitaciones ni un mecanismo interno”, graficó el fiscal ayer.

Luego precisó que terminó invocando “aspectos de derecho administrativo, se citó jurisprudencia y se ordenó el archivo. Entendí que debían desplegar otras acciones jurídicas, recurrir a los Tribunales con declaraciones de certeza o instancias de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior para saber concretamente si las ordenanzas que avalaban estos acuerdos, los decretos y resoluciones tenían visos de ilegitimidad o inconstitucionalidad”.

“Entendí que era prematuro que el fuero Penal fuera el ámbito para analizar todo esto y se ordenó el archivo tras recibir informes del Ministerio de Planificación de la Nación que decían que estaban justificadas todas las acciones que realizaba el Eninder. Incluso, el ente envió documentación respaldatoria de los gastos.

Lo que obvian manifestar los tribunos es que ellos en muchas oportunidades y por sumas de dinero importantes avalaron y autorizaron gastos, como también quiero destacar que jamás hablaron de sobreprecio. El marco de actuación de este fiscal fue el de un cuestionamiento jurídico del ente y de distintos convenios celebrados entre municipio-Nación y municipio -Eninder y, a su vez, ordenanzas que convalidaban lo actuado. Fue una opinión jurídica entendiendo que no existía delito”, detalló.

-¿Que no existía delito o que no le correspondía al Poder Judicial analizar todo esto que considera de la faz administrativa?

-No puedo sustituir los actos administrativos. Remití a los tribunos a que fueran al Tribunal Superior de Justicia a interponer una instancia de inconstitucionalidad si entendían que estos actos eran contrarios a las normas constitucionales o a preceptos orgánicos. Cuando pedí los comprobantes, no me iba a poner a ver -ni era materia de tratamiento- si el dinero o el gasto de tal obra tenía más o menos costo, yo no soy ni ingeniero ni arquitecto. No era ese el pedido y había hasta dinero no reintegrable del cual no había que rendir cuentas. En otros casos sí y el Ministerio de Planificación me envió las rendiciones de cuenta. En esa ocasión, había un cuestionamiento de los tribunos de una orden de pago de 400 mil pesos para obra de pavimento. Discutir si correspondía o no el pago, si la orden de pago resultaba conforme a derecho, es otra cuestión.

-¿No era de su competencia ir más allá y empezar a investigar si había sobreprecio?

-No, si me están diciendo los propios tribunos que no venían a decir eso.

-Para sintetizar: ¿usted concluye que no había ilícito o delito en el pase del dinero al Eninder o dice que escapa al Poder Judicial analizar más allá de lo administrativo?

-Deberían haber desplegado las acciones que dice la resolución. Entonces usted debe preguntarle a Naselli y a Maristany por qué no lo hicieron. Si consideraban, deberían haber ido al Tribunal Superior. Los cuestionamientos de inconstitucionalidad no pasan por una fiscalía.

-¿Por dónde pasan?

-Por el Poder Judicial, por órganos jurisdiccionales y no por el Ministerio Público.

-¿Qué significa que haya sido archivada?

-Nada.

-¿Se puede reabrir?

-Sí, por supuesto. Ahora éstos (se refiere al informe de la Auditoría General de la Nación en el que se sostiene que hubo sobreprecios de hasta el 148% en obras efectuadas por el Eninder en la ciudad) son nuevos hechos y no estoy de turno. No sé si los sobreprecios se generaron allá o acá, no voy a opinar, es algo distinto al cuestionamiento que oportunamente se hizo. El cuestionamiento fue estrictamente jurídico.

-¿Nunca recibió denuncia por sobreprecio?

-No. Los tribunos saben bien que fue una resolución importante, donde se cita jurisprudencia y doctrina de la Cámara de Acusación de Río Tercero, punto por punto, revisando la situación administrativa. Tras recibida la resolución, nada hicieron luego. No vinieron a plantear nada ni a requerir ni a instar nuevos hechos que merezcan la continuación de la investigación de la causa. Yo opiné, no satisfizo, como tantas cosas mías. Lo mío agrada a una parte y desagrada a la otra.

-¿Vio en algún momento como algo irregular el hecho de que el dinero escape al control de los tribunos?

-La Carta Orgánica Municipal establece que… (silencio) No sé si le escapaban porque la oposición rechazaba por el rechazo mismo y era dinero para obras, y entonces… Ese tema de interna política no me interesa, el enjambre que tienen los políticos no es mío. Volvamos a la pregunta.

-¿El dinero que entraba al Eninder tenía control estatal, más allá del Ministerio de Planificación Federal?

-Tenía ingreso, asiento y se podía seguir la ruta del dinero.

-¿La oposición podía seguirla?

-El Tribunal de Cuentas entendía que no podía quedar ajeno a esta cuestión, pero muchas veces no quedaron ajenos porque autorizaron el gasto, nada más que en determinado momento cambiaron de idea. Ahora estamos dentro de la teoría de los actos propios: “En determinado momento autorizo y en otro momento no y presento una denuncia penal”. Arréglense entre ustedes.

-¿Escapaba a usted determinar si ese dinero podía ser controlado o no? Porque ellos autorizaban el gasto, pero lo que siempre dijeron es que perdían el rastro de la utilización de esos fondos.

-Claro, ingresaban los fondos al Eninder y ellos cuestionaban al ente. Pues bien, la existencia del Eninder como ente hay que planteárselo a los 40 municipios asociados y al Concejo Deliberante que aprobaba los convenios. Hay que preguntarse por qué los representantes del pueblo aprobaron los acuerdos con este ente si era un antro de corrupción. Lo deberán responder los concejales.

-¿No le correspondió investigar a usted si era un agujero negro?

-No. El marco es estrictamente jurídico. Los tribunos hablan de ordenanzas y decretos ilegítimos. Pidan la nulidad. Cuando el tribuno no aprueba un gasto, el Ejecutivo puede insistir e incluso luego hacerlo igual bajo su responsabilidad. Bueno, entonces será responsable Accastello de todos los gastos o de los acuerdos con sobreprecio que hubo.

En esta Fiscalía tenemos el antecedente del exintendente Aurelio Semenzin, en una causa donde se denuncia sobreprecio en un Parque Industrial. La Cámara de Río Tercero y la jueza de Control me dieron la razón de que dentro de un marco de discrecionalidad que tiene la parte política, esa inauguración se debió hacer en 20 días porque venía el gobernador y lo quería. Entonces hubo que cerrar un corralón y hubo que aumentar el precio porque hubo que contratar máquinas para que esté listo y el gobernador entregara un cheque para agua y gas. Ese interés del pueblo de La Playosa de que se tenga un parque y lograr el cheque hizo que fuera más caro, tenga un sobreprecio entre comillas. Pero hubo un marco de discreción que fue aceptado por los jueces, que puede manejar el poder político dentro de los actos administrativos, dejando un poco de lado las formalidades y en pos del bien superior que es del pueblo, el de tener ese parque.

-¿Por qué los fiscales no investigan de oficio en la ciudad ante denuncias graves que se hacen en los medios? ¿Por qué usted no actúa de oficio?

-Primero, esta semana no estoy de turno para abrir de oficio nada. Segundo, sobre el Eninder ya me expedí. Los denunciantes saben qué hacer, tienen la resolución desde 2009 y nada hicieron. Hoy si se descubre el sobreprecio hagan una denuncia concreta. El descubrimiento es en Buenos Aires y el intendente Gill ha puesto todo a disposición, según leí en los medios. Yo no tengo motivos particularmente para hacerlo, no tengo denuncias en mi mano ni estoy de turno.