Sostuvieron que el pequeño delito es consecuencia de la descomposición social “a la que conduce el régimen político imperante” y del gran delito organizado “en que los gobiernos son parte esencial”

“El incremento de la presencia y un mayor despliegue de efectivos del aparato represivo no es solución alguna para el problema de la inseguridad que padecemos los trabajadores. Al contrario, la militarización solo conduce a mayores niveles de inseguridad para la población trabajadora y la juventud”.

Esa fue una de las principales conclusiones del Partido Obrero en el Frente de Izquierda de Villa Nueva sobre el anuncio del Gobierno de Guillermo Cavagnero de que se instalará un destacamento de Gendarmería Nacional en la ciudad, como una forma “de luchar contra la inseguridad”.

El anuncio oficial se había realizado previo a las elecciones municipales. Al margen de las connotaciones electorales, el partido que tiene como referente más visible a Facundo Altamirano Montoya sostuvo que esta iniciativa no es solución para el problema de inseguridad.

“El pequeño delito es consecuencia, no sólo del estado generalizado de descomposición social a la que conduce el régimen económico y político imperante, sino, además, del gran delito organizado en el que el Estado, sus gobiernos y el aparato represivo son parte esencial”, recalcó el grupo obrero y aludió a que cuestiones como la trata de personas, el narcotráfico y el juego clandestino “están en manos de comisarios, jueces, fiscales y altos funcionarios de Gobierno”. Citó a “la narcopolicía de José Manuel de la Sota, la trata de personas a cargo de dependencias gubernamentales de la provincia de Río Negro o las revelaciones sobre la participación de funcionarios en el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires”.

El partido de izquierda también indicó que “en un gran número de casos el delito menor también es impulsado, organizado y dirigido por funcionarios políticos, judiciales y policiales desde el mismo aparato de Estado: es el caso de los centenares de jóvenes que en este país son utilizados por comisarios y jueces como mano de obra para el delito. Recordemos el caso de Luciano Arruga, para citar sólo uno, en el que la podredumbre del aparato estatal llevó a la muerte de un joven trabajador que se negó a delinquir para la Policía”.

Para el Partido Obrero local, el incrementar la presencia policial o instalar destacamentos de fuerzas como Gendarmería “sólo es una herramienta útil para garantizar la impunidad del delito organizado por un lado y, por otro, incrementar la capacidad represiva de los gobiernos en el marco de la profundización de una gran crisis económica en el país, con miras a la cual la clase capitalista prepara las herramientas para intentar detener la intervención de las masas trabajadoras, que luchan contra el ajuste, con más represión”.

Graficaron que Gendarmería es “la misma fuerza represiva que protagoniza la represión contra la lucha de trabajadores que defienden sus derechos, como es el caso de los choferes de la Línea 60 que fueron salvajemente atacados en Panamericana por las tropas que están bajo el mando de Berni” y que también es la misma fuerza “que el Gobierno nacional y el socialismo de Binner instalaron en Rosario para combatir el narcotráfico y que lo único que ha logrado en este tiempo es el aumento de muertes por causa de guerras de bandas, represión y persecución a la juventud”.

¿Cómo se termina con la inseguridad? El grupo obrero local sostuvo que la salida al problema pasa por terminar con el delito organizado. Y planteó la apertura de los libros de las comisarías, elección popular de jueces, fiscales y comisarios; anulación del Código de Faltas, derogación de la Ley “Antiterrorista” y el desmantelamiento del aparato represivo.

“La seguridad de los trabajadores no puede estar en manos del mismo aparato que organiza el crimen y garantiza impunidad”, señaló el partido.