Escribe: José María Rinaldi, Contador, integrante del Plan Fénix Córdoba, discípulo y sucesor en la cátedra de Finanzas Públicas de la UNC del maestro profesor Salvador Treber (Especial para EL DIARIO y Comercio y Justicia

Haciendo un repaso sobre la historia económica reciente de nuestro país, podemos resaltar el contraste entre el cambio de paradigma que Argentina realizó desde el año 2003 hasta 2015 y el actual retorno a las ideas que se plasmaron en el discurso del 2 de abril de 1976 del ministro de la dictadura Martínez de Hoz, y las que marcaron a fuego la crisis del año 2001. La cronología es la siguiente: en el caso de Martínez de Hoz se instrumentan políticas económicas fuertemente monetaristas en la urgencia de apagar los diagnosticados tres «incendios» de la economía (inflación, deuda y crecimiento) y en el de la crisis de 2001 se aplica el esquema neoliberal de (en dichos del FMI) la caja de conversión estratégicamente diseñada de tal manera que la alternativa de abandonarla fuera costosa y esos costos fueran aumentando con el correr del tiempo.

El mencionado esquema del 2 de abril de 1976, inicialmente implementado a sangre y fuego, con idas y vueltas, termina implosionando en el denominado «corralito». Para diciembre de 2001 era obvio que no podría evitarse una devaluación del peso y una reestructuración integral de la deuda que redujera su valor presente neto, y que ningún programa sería sostenible si las autoridades argentinas no estaban dispuestas a considerar estas opciones.

El ministro Lavagna, en 2002, planteaba “la trampa” en la cual se había sumergido la economía y el costo de salida terminó cambiando el país arrasando con los indicadores sociales a niveles inéditos de desocupación, pobreza e indigencia, arrastrando a amplios sectores sociales y dejando a otra gran cantidad en zona de riesgo.

De esta manera se le pone fin al modelo de desarrollo articulado en el paradigma clásico, cuya base se encuentra anclada en la moneda y la adhesión al régimen internacional por sobre el resto de las formas institucionales, y un esquema de acumulación rentístico traccionado por la afluencia de capital externo atraído por las altas rentas generadas por los servicios financieros, la reprimarización de la economía y los servicios públicos privatizados.

La política económica instrumentada a partir del año 2003, a modo de un nuevo modelo de desarrollo, revirtió la jerarquía de las formas institucionales, pasando a priorizar el rol del Estado y las relaciones salariales para impulsar un régimen de acumulación industrial, extensivo y autoconcentrado. Sus ejes hacían hincapié en el sostenimiento de un dólar caro -el modelo también es denominado como “modelo de dólar alto”- y una gran renegociación de la deuda (en franco desmantelamiento en la actualidad), que permitía mejorar las condiciones de la oferta por vía de una mayor rentabilidad de los exportadores y las industrias de sustitución de importaciones. Opuesto a lo ocurrido con la exportación, se encarecían las importaciones, produciendo su disminución.

Un segundo aspecto o eje se orientaba a generar las condiciones para liberar recursos por la vía del desendeudamiento y la mayor recaudación y la expansión de la demanda agregada por vía del incremento del gasto público con superávit fiscal, luego deteriorado en los últimos años. La combinación llevó a un marco de crecimiento económico inédito en la economía argentina, acompañado con la mejora en los niveles de la tasa de empleo, que retroalimenta el círculo virtuoso.

El tercer eje se refiere a la mejora del poder adquisitivo, aumentando de manera exponencial las paritarias por rubro y por empresa. Acompañando este aspecto, se realizaba una reforma al sistema previsional, generando recursos para el incremento del gasto social con fines de inclusión; se incrementaba el haber mínimo jubilatorio, se realizaba un política de inclusión jubilatoria y un crecimiento del salario mínimo vital y móvil. Nuevamente, este tercer eje incrementaba el consumo, la demanda, la producción y el empleo. Así, se articulaba la relación entre los tres ejes planteados.

El nuevo Gobierno, asumido el 10 de diciembre del año pasado, dio violentos giros para ver qué pasa allá afuera, pero ocurre que no todo el mundo tiene «primaveras», sino que las economías capitalistas del hemisferio están atravesando la peor crisis de su historia, mal momento para dar media vuelta y arreglar escandalosamente con los denominados «fondos buitre». 

En ese contexto se realiza una macrodevaluación anunciada, hecho inédito en la historia económica argentina (las devaluaciones siempre fueron sorpresivas) y fiel a las promesas de campaña se eliminaron las retenciones al sector agropecuario y minero y se redujeron las correspondientes al complejo sojero, agravando aún más el impacto en los precios de la devaluación, ya que las retenciones al sector externo actuaban a modo de compensación de las devaluaciones en los sectores en los que el país tiene ventajas competitivas.

Una sucesión de Decretos de Necesidad y Urgencia fragmentó el Ministerio de Economía en nueve a cargo de los representantes de cada sector empresario. Así, lo que sería el Ministerio de Economía se convirtió en Ministerio de Hacienda, en clara posición en la que el Estado es un mal necesario y la función del Ministerio es financiar el mínimo gasto para cumplir sus funciones esenciales.

Esta fragmentación ha llevado inevitablemente a tomar medidas de política económica poco armónicas, las que se contrarrestaron unas con otras. Por ejemplo, la transferencia de recursos que se realizó a favor del sector agropecuario vía devaluación y eliminación de retenciones fue erosionada por el incremento del precio del gasoil.

Por su parte, en los sectores más bajos de la pirámide de ingresos se procedió a la eliminación de los subsidios en las tarifas de los servicios públicos, lo que implica un fuerte tarifazo; a lo que se agregó la licuación del salario por el impacto del aumento de los precios y las demoradas paritarias, ocasionando una fuerte caída del poder adquisitivo del mismo.

Esta combinación de medidas que sumadas a la apertura económica y liberación de las importaciones deterioraron aún más los ya deteriorados balances fiscales y externos. De allí la urgencia de reincorporarse al mercado financiero internacional; para ello el poder financiero exigió la derogación de las denominadas «ley cerrojo» y ley de pago soberano, en una clara intromisión y violación a los principios republicanos del país.

Todo ello, implica abrazar las tesis ofertistas por las cuales es imperativo bajar los impuestos en la perspectiva de que a menor carga habrá un mejor cumplimiento (el denominado «efecto Laffer»); pero acá tiene un limite, ya que la única disminución impositiva concreta fue la eliminación de las retenciones a la exportación, puesto que las reformas en el Impuesto a las Ganancias de los empleados en relación de dependencia fueron puramente «cosméticas». Además, estos respaldos doctrinarios, a los que se suman el de pensadores como Paul Craig Roberts y Norman Ture, no han tenido evidencias empíricas ni en EE.UU. (en el Gobierno de Reagan) ni en nuestra provincia (en el año 1999), cuando se instrumentaron.

El efecto concreto, en esta oportunidad, es el de enfriar el consumo, priorizar el mercado, la moneda y la deuda. Es decir, se incorpora como lógica de equilibrio el retorno al nuevo paradigma que desprecia al Estado y entrona al mercado como un verdadero elixir.

Volvemos a caminar igual y silbando un tango oxidado, como dice Fito Páez en «Giros».