Escribe: Emiliano Eandi DE NUESTRA REDACCION

Se trata del abogado cordobés que denunció al Estado nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Junto a un colega viene trabajando desde enero en la comunidad mapuche de Chubut, luego de la represión a sus integrantes en el último verano. Financian la investigación de forma autogestiva, con aportes voluntarios de sus conocidos y de organizaciones sociales

La causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado llegó a los máximos organismos internacionales, quienes pidieron explicaciones al Estado nacional sobre el caso (ver recuadro).

Carlos “Chuzo” González Quintana es un abogado oriundo de Cosquín y fue quien denunció al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto con su colega Fernando Cabaleiro.

La demanda inicial la realizaron en enero de este año, luego de una dura represión en las comunidades mapuches de la Pu Lof, en Resistencia Cushamen (Chubut).

Desde entonces trabajan para lograr el cese del hostigamiento estatal hacia estos pueblos que resisten en sus tierras -las cuales les pertenecen por derecho ancestral- ante el avance del proceso de recuperación de tierras de la familia italiana Benetton.

En el medio de este proceso desaparece de manera forzada Santiago Maldonado, por lo que los abogados deciden endosar esta causa a la demanda inicial.

El lunes, Chuzo dialogó con EL DIARIO por vía telefónica, horas antes de realizar una nueva visita a la comunidad en busca de nuevas pruebas y testimonios para elaborar el informe final, que será presentado ante la CIDH.

“Siempre trabajamos en la comunidad y con la comunidad. No hay manera de involucrarse en un tema si no lo hacemos desde adentro”, comentó González Quintana, quien, junto a Cabaleiro, financia la investigación de forma autogestiva, con aportes de allegados y organizaciones sociales.

-¿En qué consistió la denuncia inicial?

-Lo de Santiago Maldonado termina concentrando toda la preocupación, que no es para menos, porque es un desaparecido de manera forzada por fuerzas de seguridad de la Nación.

Pero antes de esto, el pedido concreto -que planteamos en la denuncia del 13 de enero- fue el cese inmediato de las represiones, hostigamientos, persecuciones, criminalización, procesamientos de toda la comunidad Pu Lof en Resistencia Cushamen.

Por parte del Gobierno nacional y de la provincia de Chubut reciben hostigamientos sistemáticos desde que se inició el proceso de recuperación de tierras en territorio Benetton.

Por otro lado, un eje fundamental, que tiene que ver con la garantía territorial que tiene que tener esta comunidad.

Esto, en base al proceso de recuperación de tierras para desarrollar su cultura en el territorio que, por derecho ancestral, le pertenece. Eso también está planteado en la denuncia original, que se le garantice a la comunidad el derecho a estar en el territorio.

-En ese trayecto sucede lo de Santiago Maldonado…

-Sí. Nos damos conque el 1 de agosto desaparece Santiago Maldonado.

La información que dieron a conocer los testigos, nosotros la contamos prácticamente en los primeros días y en ese sentido se informó el 7 de agosto a la Comisión.

Ahí detallamos las condiciones de la desaparición y quiénes son los autores materiales de eso, más quiénes encubren y toda la complejidad que está teniendo la causa.

-¿Qué pide la CIDH al Estado?

-La medida cautelar intima al Estado argentino a dar información concreta en cuanto al estado de la causa, la situación de Maldonado y saber concretamente cuál es la preocupación y qué está haciendo el Estado para dar con el paradero de esta persona.

Hay dos organismos internacionales interviniendo en esto. También está la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que fue por pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

-¿Y qué se ha hecho desde el Estado hasta ahora?

-Hay encubrimiento, desvíos constantes de la hipótesis principal -que implica a Gendarmería-. Eso es lo que hizo el Estado en estos 30 días, recién ahora está cambiando un poco esa línea, pero hasta entonces solo se dedicó a operar mediáticamente para que el foco del conflicto se desviara.

Siempre dijimos “fue Gendarmería”, desde el mismo día en que subimos la denuncia sobre Santiago Maldonado a la CIDH. Es más, siempre contamos con testimonios de primera línea.

Abogados autogestivos

Carlos “Chuzo” González Quintana y Fernando Cabaleiro financian la investigación con aportes de las personas allegadas y organizaciones que han recibido en algún momento su apoyo.

En el caso de González Quintana, ha participado de procesos judiciales a favor del medioambiente, incluso formando parte de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (Codebona).

Cabaleiro, en tanto, preside la ONG Naturaleza de Derechos, en Buenos Aires.

“Estamos haciéndolo de forma autogestiva, sin ningún tipo de aportes nacional ni internacional. Nos manejamos con la famosa vaquita de los compañeros de las organizaciones sociales que entienden el trabajo que hacemos. Hay muchas asambleas en Argentina que nos conocen y que hicieron posible estos ocho meses de trabajo en el territorio”, destacó Chuzo.

“Hay 18 millones de hectáreas que pertenecen a distintas comunidades de las 36 naciones de pueblos originarios que coexisten en el país. Son 18 millones de hectáreas que van a seguir siendo parte de un modelo extractivista que está consolidado hace 15 años, no estamos hablando de un proceso reciente”, afirmó el abogado.

Hace unos días el Senado pospuso tratar la prórroga de la ley que protege a las comunidades indígenas de ser desalojadas.

No obstante, se supo que será tratada en la próxima sesión, el entrevistado reclamó que “todo el arco político de Argentina, salvo las agrupaciones de izquierda, ya se habían manifestado en ese sentido y era una situación previsible que votaran de esa forma”.

Por último, adelantó que tienen previstas distintas acciones con muchos abogados para proteger los derechos de pueblos originarios, ambientales y los demás planteados en la Ley 26.160 de Comunidades Indígenas.

La causa, en los máximos organismos – ¿Dónde está Santiago?

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) -foto- encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el Continente Americano.

La denuncia llegó al organismo a través de la acción de Carlos González Quintana (ver nota principal) y Fernando Cabaleiro.

La CIDH ordenó al Estado nacional a que informe las acciones que lleva adelante para dar con el paradero de Santiago Maldonado, según la Resolución 564/17 del 22 de agosto de este año.

Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Por iniciativa del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la ONU también intervino ante el Estado argentino por la desaparición de Santiago.

Lo hizo a través del comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas que consideró que la desaparición de Santiago Maldonado exige “la acción urgente del Estado para buscarle y localizarle” y para identificar a los responsables.

También pidió que “la Gendarmería Nacional Argentina se abstenga de participar en la búsqueda e investigación de la desaparición”, entre otras medidas.

“Por parte del Gobierno nacional y de la provincia de Chubut reciben hostigamientos sistemáticos desde que se inició el proceso de recuperación de tierras en territorio Benetton”.

Hay 18 millones de hectáreas que pertenecen a distintas comunidades de las 36 naciones de pueblos originarios que coexisten en el país.