Señor director de EL DIARIO:

El Consejo de la Magistratura de la Nación es un órgano técnico, político institucional, consagrado en nuestra Constitución en el artículo 114 a partir de la reforma del año 1994.

Claramente el constituyente tuvo la intención de generar un órgano técnico que se apartara de las designaciones estrictamente políticas como eran hasta entonces, buscando que los postulantes escogidos tengan un examen técnico previo a la selección de magistrados, para luego de elevar la terna vinculante de postulantes el Poder Ejecutivo en uso de sus facultades y con acuerdo previo del Senado proceda a su designación.

Desde la reforma de la Ley 26.080 del año 2006, que disminuye el número de consejeros de 20 a 13, se discute sobre el equilibrio que debe existir entre los diversos estamentos que componen el órgano tal como lo prevé el artículo 114 de nuestra carta fundamental. Es así como los abogados nos vimos reducidos en nuestra representación de cuatro miembros a dos, de los cuales solamente uno representa a todo el interior de país, que es quien actualmente preside el organismo este año, el doctor Miguel Piedecasas, y el otro representante del estamento representa a la Ciudad de Buenos Aires.

La desproporción territorial existente entre todo el interior del país como si fuera un distrito único y la Ciudad de Buenos Aires como otro distrito marca a la luz la asimetría en la representación territorial del estamento. Es necesario volver a debatir no solo el número de abogados, la representación territorial, como así también la posibilidad de la reelección de los consejeros, hoy no contemplada. El estamento abogadil fue con la reforma de 2006 excluido de la participación en la comisión de selección de magistrados.

La primera pregunta es si el órgano -con su conformación actual de 13 miembros- está hoy cumpliendo el rol para el cual fue concebido. La respuesta es sí. Los argumentos y fundamentos pueden ser diversos, algunos teóricos, otros prácticos, pero lo que demuestra el funcionamiento es el día a día y cómo se van resolviendo los problemas que son diversos, complejos y variados.

El Consejo en su actual composición técnico-política tiene una representación interna mayoritaria de ocho consejeros. Dicha mayoría permite llevar adelante decisiones funcionales importantes como, por ejemplo, reunir el quórum necesario para funcionar en el plenario y en las comisiones, pero las decisiones trascendentales requieren de un consenso amplio de una mayoría agravada de nueve votos como, por ejemplo, para elevar ternas al Poder Ejecutivo o para abrir un procedimiento de destitución de un magistrado. Cabe aclarar que la búsqueda de estos consensos que necesitan de una mayoría agravada son correctos, ese fue el espíritu del legislador, diría que es una responsabilidad institucional el poder conseguirlos. La designación de un juez de la Nación o la apertura del procedimiento de destitución son hechos de trascendencia institucional y el legislador lo que ha buscado es encontrar esas mayorías y consensos necesarios entre los propios consejeros.

Durante 2016 el Consejo elevó más de 40 ternas al Poder Ejecutivo, el número más alto de los últimos cinco años en los cuales la producción promedio desde 2011 a 2015 fue de 14 ternas por año. Esto explica en gran parte por qué al día de hoy el porcentaje de vacancia ronda el 25%. Si tomamos como parámetro para los próximos dos años una producción con un promedio de 40 ternas elevadas, el porcentaje de vacancias se reducirá en forma abrupta hasta volver a una media de un 10%.

Comenzamos 2016 teniendo que resolver las subrogancias, atendiendo los parámetros fijados en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos Uriarte, por el cual se declaró la inconstitucionalidad de la Ley 27.145 de noviembre de 2015 y la designación de los secretarios judiciales como jueces subrogantes. Dicho fallo ordenó que únicamente podía ser juez subrogante otro juez designado por el procedimiento legal y constitucional, decisión que se tomó el 4 de febrero del año pasado por el plenario del Consejo, normalizando de este modo el estado y situación de las subrogancias en todo el país, prorrogando las mismas hasta el 30 de noviembre último. Con fecha 17 de noviembre de 2016 (a falta de la sanción de una nueva ley de subrogancias) volvimos a prorrogarlas en su mayoría hasta el 30 de noviembre de 2017.

Dentro de la Comisión de Selección hoy se encuentran en trámite 87 concursos para cubrir 208 de las 255 vacantes en todo el país. Estos concursos públicos de antecedentes y oposición tienen una etapa de examen escrito donde el aspirante debe superar los 50 puntos y otra etapa de evaluación de los antecedentes que es merituada por el consejero integrante de dicha comisión que resulte elegido por el sistema de sorteo. Luego se lleva a cabo una entrevista personal, que es pública, teniendo por objeto valorar su motivación para el cargo, la forma en que desarrollarán la función, la opinión sobre temas de su especialidad y sobre el funcionamiento del Poder Judicial pudiendo el aspirante presentar el proyecto o programa de trabajo para que su función sea eficiente. Por último una audiencia pública donde se evalúa la condición democrática, la aptitud funcional y la idoneidad del aspirante.

En lo relativo a la jurisdicción Córdoba se designó al nuevo juez federal de la ciudad de Bell Ville, que era el único juzgado en esta jurisdicción con juez subrogante, luego de haberse cumplido el procedimiento legal y constitucional. Actualmente se encuentra en trámite el concurso número 313 para cubrir tres cargos en el Tribunal Oral Federal 3 no habilitado por la Corte, donde es necesario el trabajo de nuestros legisladores nacionales por Córdoba, para presentar e impulsar un proyecto de ley de creación del Juzgado Federal Nº 4 como existen en otras jurisdicciones.

En lo que hace al trabajo de las comisiones, en disciplina y acusación ingresan diariamente un promedio de 30 denuncias, donde también se logró un avance considerable (…).

En 2016 se destituyó a cinco jueces federales, número que constituye un récord en las estadísticas desde la creación del organismo.

En tanto, el plenario en un hecho inédito resolvió a pedido de diversas instituciones vinculadas al derecho y la sociedad civil auditar a los juzgados y tribunales federales con competencia en materia penal de todo el país respecto de la tramitación del universo de causas judiciales donde se encuentren imputados funcionarios públicos o exfuncionarios y en las cuales haya existido un requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal, entre los años 1996 y 2016, en los delitos vinculados a la administración pública, en causas que se encuentren en trámite y culminadas. Dicha auditoría se está llevando a cabo por intermedio del propio cuerpo de auditores del Consejo de la Magistratura. Y se avanza en la auditoría de relevamiento de un plan trienal de delitos vinculados con las causas de narcotráfico en todo el país. Otro tema que merece un profundo debate es si los recursos que se invierten en Justicia son los justos y necesarios para poder no solo brindar un eficiente servicio a los justiciables, sino para combatir el flagelo del narcotráfico con las herramientas necesarias frente a los delitos de alta complejidad como, por ejemplo, el lavado de dinero.

Transitamos 2016 asumiendo la responsabilidad de volver a poner en funcionamiento este organismo. Para el futuro queda mucho por hacer, mejorar y debatir, pero el compromiso, la responsabilidad y la impronta propia de la gestión es lo que no me hace dudar de que vamos por el camino correcto, donde podemos y debemos lograr el paso de una Justicia independiente de los otros poderes del Estado, hacia una Justicia más eficiente.

Dr. Marcelo Bee Sellares
Secretario de la Presidencia del
Consejo de la Magistratura