El intendente indicó que se está analizando el nuevo marco jurídico, consideró que la Municipalidad tiene que tener una presencia mayor y negó la privatización
El intendente Martín Gill informó ayer que firmó el decreto para constituir una comisión que en los próximos días materializará la recepción provisoria del servicio de agua y cloacas que actualmente presta la Cooperativa 15 de Mayo, cuyo contrato está próximo a finalizar.
“Tal como lo establece el contrato vigente, ya dictamos el decreto por el que una comisión constituida a tal fin va a hacer la recepción provisoria del servicio, eso es incorporarse a la gestión que viene llevando adelante el concesionario a los efectos de complementar toda la información (técnica, de pozo, profundidad, estado, equipamiento, legal, contable) para que cuando se tome la decisión no sea un cambio brusco, sino que se vaya trabajando”, señaló.
“Es una buena oportunidad la finalización del contrato tal cual está para repensar la prestación del servicio, estamos con esta comisión estudiando, vamos a escuchar a todos los sectores y vamos a proponer al Concejo Deliberante lo que entendamos que es mejor. Aún no tenemos definiciones, todas las posibilidades y todos los instrumentos pueden estar presentes y no vamos a atarnos a ninguno. Lo que sí creemos es que la privatización lisa y llana no es el camino”, admitió Gill.
Un escenario distinto
“Es importante aclarar algunas cosas, en primer lugar, a la Cooperativa se le termina el contrato -que fue otorgado cuando se descentralizaron los servicios de agua y cloacas, después se sumaron, por adendas, desagües pluviales y el mantenimiento de la planta de tratamiento de residuos cloacales- y el vencimiento no está sujeto a prórroga, es decir, no puede seguir adelante porque tiene un término que fenece”, indicó.
“De todas maneras el escenario en el que se produjo la descentralización de los servicios no es el mismo de hoy, y esto exige repensar la prestación del servicio”, añadió.
“Hay algunos esquemas que hay que tener en cuenta, el primero es el carácter esencial del servicio, el agua es un derecho humano fundamental y un servicio básico y esencial; en segundo lugar, la problemática de los desagües pluviales dentro de un plan de ordenamiento hídrico en toda la ciudad y la región; y en tercer lugar, el tratamiento definitivo de los desagües cloacales de la ciudad. En ese contexto estamos pensando distintas alternativas que contemplen a todos los sectores, a quienes han prestado el servicio durante este tiempo, que han sido trabajadores de Villa María, ya sea a través de prestaciones directas o de cooperativas, y que ese trabajo, con aciertos, dificultades y errores, junto con el municipio, ha permitido que el 100/100 de la ciudad cuente con agua y cloacas, pero también es cierto que la Municipalidad tiene que tener una presencia mayor, porque es el titular del servicio, es la que define las políticas y custodia el interés general de los ciudadanos”, remarcó.
“Por eso creemos que dentro de la nueva estructura jurídica, el Estado debe tener un rol mucho más activo, preponderante y decisivo”, completó.
Una prioridad
“La Cooperativa es la concesionaria del servicio, a la vez existen otras empresas satélites que prestan otros servicios a la Cooperativa, en todos los casos son trabajadores y capital locales, y nosotros tenemos una definición de carácter político que es que se lleve adelante la reinversión en Villa María y garantizar los puestos de trabajo de todos. Eso es una prioridad, no vamos a sacrificar bajo ningún punto de vista el trabajo de ningún villamariense, pero el marco jurídico de la prestación del servicio debe ser otro porque ha cambiado el contexto desde hace 30 años atrás, y porque tenemos que pensar en la prestación del servicio de acá a 30 años, ya que la ciudad crece y requiere que este nivel de cobertura se pueda garantizar hacia adelante”, sostuvo el intendente.
“Además, hay un fenómeno que no se daba en la década del 80, cuando los usuarios eran espectadores, y que ahora hay que contemplar. Hay que incluir algunas dimensiones que no existen, como, por ejemplo, el reglamento que fija los derechos de los usuarios, que no están establecidos”, consideró Gill.
“Hay que terminar de definir en estos 60 o 90 días la estructura jurídica, después se harán los ajustes a medida que el servicio se vaya prestando. Para el nuevo marco jurídico se van a analizar todas las alternativas, por ahora no hay uno definitivo”, reiteró el intendente para finalizar.
