Hace un año habitan en un complejo de departamentos que no tiene ningún servicio. Denuncian a los dueños y administradores del mismo por diversas irregularidades, mientras que aquellos, a su vez, los acusan de “usurpadores”. Mañana quedarían todos en la calle
El penúltimo día del año puede llegar a ser el peor para los integrantes de 16 familias que habitan en un complejo de departamentos ubicado en el barrio San Martín.
Es que según consta en intimaciones que les llegaron a sus respectivos domicilios, el 30 de diciembre serían desalojados del inmueble que se erige en calle Formosa 2253.
La extrema medida que habría sido solicitada a la Justicia por los propietarios y administradores del edificio, Ana María Lanza, Natalia, Sergio y Juan Rolando, es severamente cuestionada por los frentistas, quienes aseguran estar en conflicto con este grupo de personas hace más de un año.
El grupo integrado por Lanza y Rolando, según manifestaron los vecinos del lugar, acusa de usurpación a todos los actuales inquilinos del complejo.
Por su parte, los que se domicilian en el lugar apuntan a los que les alquilaron los departamentos por severas irregularidades que fueron descubriendo.
«Hace un año les fuimos a reclamar que cumplieran con los términos de los contratos, o sea, que nos brindaran los servicios básicos (luz, agua y gas) que fueron cortados a todos en octubre de 2014. En virtud de esto ofrecimos un pago mínimo y la administradora no estuvo de acuerdo. Finalmente, y ante la negación de ellos ante todo lo que proponíamos, decidimos no pagar el alquiler hasta que la situación se normalizara», manifestó una de las inquilinas.
«Paralelamente, hicimos denuncias contando acerca de todo lo que nos estaba pasando», agregaron las voces consultadas por este medio.
Sin servicios disponibles, los frentistas hicieron averiguaciones sobre por qué Ecogas, EPEC y la Cooperativa 15 de Mayo no volvían a realizar las conexiones pertinentes.
Durante esas consultas pudieron conocer que el problema estaba en que en ningún lado la batería de departamentos estaba declarada para el fin que se utilizaba, sino, por el contrario, figuraba como sitio baldío, una oficina o una obra en construcción.
El único logro que obtuvieron los afectados fue el de recuperar el suministro de agua, gracias a la intervención del municipio en el asunto.
Luego de varios meses sin respuestas, los grupos familiares recibieron citaciones desde Tribunales. Fue también allí que se enteraron que las acciones culminarían de la peor manera en las últimas horas del año en curso.
«Ahora no nos reciben nuestras declaraciones, ni tampoco quieren ver los contratos que firmamos. Nos tratan como delincuentes y hasta han puesto un patrullero en la puerta para que nadie se lleve cosas del complejo», destacaron las reporteadas.
«No queremos vivir de arriba y tampoco que nos regalen nada, sólo queremos ser escuchados. Somos muchas familias las que estamos en riesgo y queremos hacer valer nuestros derechos», subrayaron.
«No queremos que nos desalojen. Los de la Municipalidad quieren que nos vayamos, pero con la promesa de un terreno. Nosotros nos preguntamos: pero ahora, ¿adónde nos vamos?», agregaron.
Con un panorama por delante más que complicado, las 16 familias esperan por una solución que contemple sus realidades. Quedar en la calle no es una opción viable para el grupo de villamarienses que tiene también algo para decir y reclama ser tenido en cuenta.
