Desde el Ministerio de Educación proponen que los estudiantes durante su formación de grado o pregrado se involucren activamente en la identificación, intervención y solución concreta de problemáticas sociales, productivas y culturales. Para ello piden que las casas de estudios incorporen contenidos vinculados con la temática

Atentos a “la necesidad de incentivar la formación de egresados con compromiso social e instituciones universitarias de gestión estatal legitimadas socialmente”, desde el Ministerio de Educación de la Nación invitaron a las casas locales de altos estudios a incorporar en los planes de estudio de sus carreras de grado y pregrado a las prácticas sociales educativas (PSE).

El pedido formulado desde el ámbito ministerial reviste gran importancia, ya que el cumplimiento de lo sugerido “será requisito necesario para la obtención del título universitario”.

La medida, que hace impacto directo en las instituciones universitarias públicas pertenecientes al sistema universitario nacional (a nivel local, la Universidad Nacional de Villa María y la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional), promoverá la inclusión de las PSE (o como cada entidad defina denominarlos) en los diseños curriculares de sus propuestas académicas.

Entre las metas que se persiguen cumplir con la suma de este tipo de acciones se cuenta el “fomentar la participación de los estudiantes universitarios en la identificación, intervención y solución concreta de problemáticas sociales, productivas y culturales en el área de influencia”.

También se proyecta el consolidar “la atención, diagnóstico, análisis y propuesta de solución de casos que provengan del entorno social, o bien la formulación de proyectos de base social o con resultado social significativo y promuevan el compromiso en los futuros profesionales a través de la comprensión de la función social del conocimiento, la ciencia y la tecnología”.

Articulados

Respecto al porqué de la solicitud de incorporación de las prácticas sociales, desde el Ministerio argumentaron que, a pesar de los esfuerzos institucionales de las universidades argentinas en materia de extensión universitaria, todavía falta la articulación de las tres funciones esenciales de la universidad.

“El conocimiento que la universidad pública genera por medio de la ciencia y la tecnología no siempre es transmitido en procesos de enseñanza y aprendizaje, o bien no es volcado a la sociedad mediante prácticas y acciones de extensión universitaria con alcance social, productivo y cultural”, sostienen los propulsores de la iniciativa.

Por otra parte, también aseguran que las desconexiones descriptas provocan, en muchos casos, “un resultado no deseado: que la universidad pública no aproveche todo su potencial como factor de cambio y transformación social”.

“Es necesario emprender un proceso de resignificación de conceptos y de articulación de las funciones esenciales, mediante el impulso de nuevas definiciones curriculares y de prácticas didácticas y pedagógicas innovadoras que permitan a la comunidad universitaria establecer y/o fortalecer los lazos entre la institución universitaria con la sociedad en general”, remarcan los propulsores oficiales de los cambios curriculares.

“Debe incentivarse la formación de ciudadanos y profesionales calificados y comprometidos a los fines de actuar sobre las diferentes problemáticas sociales comunitarias y que sean capaces de situarse ‘con el otro y no frente al otro’, contribuyendo a la toma de conciencia de un diagnóstico legítimo donde converjan todos los saberes, incluso aquellos que no suelen hallarse en las aulas y laboratorios”, también puede leerse en la Resolución 233-E/2018 que fuera emitida pocos días atrás.