El adolescente villamariense falleció en Córdoba cuando la Policía lo trasladaba al Complejo Esperanza. La Justicia provincial tiene en la mira a dos médicos por una eventual mala praxis

Tres fiscales y distintos secretarios, ninguna respuesta precisa. Desde hace tres años, el expediente que reúne las actuaciones por el fallecimiento del adolescente villamariense Joel Solá está caratulado como “muerte de etiología dudosa”.

No se podría decir que el caso “durmió” en las oficinas de la Justicia provincial, pero sí que tuvo distintos vaivenes, marchas y contramarchas que causaron que se llegue a esta instancia sin que se diluciden los múltiples interrogantes que envolvieron su doloroso final.

Además influyó en este cuadro el hecho de que es una causa sin presos, lo que llevó a los fiscales a no agilizar los trámites, al tiempo que menguó la presión familiar a raíz de las sucesivas muertes de la madre y el padre del chico, en distintas circunstancias, la del papá en un calabozo policial.

Peregrinaje y final

Joel vivía en Villa María, a veces con su madre en barrio La Calera y otras con su padre en una austera pensión ubicada en pleno microcentro, en la avenida Yrigoyen. Precisamente estaba residiendo con su papá cuando se inició el periplo que derivó en su muerte.

Falleció en Córdoba el 12 de noviembre de 2014 tras pasar durante varias horas por diversos nosocomios de salud luego de que, según la versión oficial, se tragara una tapa de gaseosa mientras se hallaba detenido en un calabozo de la Departamental San Martín de Policía, en calle General Paz y San Juan.

Allí se encontraba tras ser aprehendido en la madrugada de ese día, acusado de “tentativa de hurto”, aparentemente por intentar sustraer un elemento que se hallaba en el interior de un automóvil estacionado en inmediaciones del Casino, a pocos metros de donde vivía por esos días.

Ante este incidente ocurrido mientras se encontraba preso, fue trasladado al Hospital Regional Pasteur. Su madre denunció que nunca se lo dejaron ver.

Luego, por orden de la por entonces jueza de Niñez, Cecilia Fernández, fue llevado por un móvil policial rumbo al Complejo Esperanza de la capital cordobesa. El chico tenía pavor de retornar a ese instituto (que se encuentra en las afueras de Córdoba, ya en jurisdicción de la comuna de Bouwer), en el que ya había estado, porque en una ocasión fue abusado sexualmente por un compañero.

Camino a esa institución (muy criticada en los últimos años) se presentó un confuso recorrido luego que el adolescente supuestamente se descompusiera, lo que derivó en atenciones en el Hospital de Urgencias y en el Neuropsiquiátrico de Córdoba. Terminó falleciendo.

En principio actuó el fiscal Rubén Caro, quien le dio fuerte impulso a la investigación. No conforme con la autopsia, ordenó la intervención de un comité de mala praxis, que dio cuenta que en el deceso de Joel habrían confluido distintos factores, como el fuerte estrés que le produjo la situación, la medicación suministrada y las drogas que habría consumido antes.

Como la investigación apuntó hacia el Hospital Neuropsiquiátrico, Caro giró el expediente a la fiscal (ahora jubilada) Liliana Sánchez, por encontrarse bajo su jurisdicción el citado centro asistencial.

Sánchez volvió a pedir la intervención del comité, porque consideró que había distintas dudas por despejar.

Previamente “pseudo imputó” a dos médicos del Hospital Neuropsiquiátrico y a un médico de la Policía Judicial, por una eventual mala praxis. Técnicamente, los trajo a proceso en base al artículo 80 del Código Procesal Penal, que dice que “toda persona podrá hacer valer los derechos que la ley acuerda al imputado, desde el primer momento de la persecución penal dirigida en su contra”.

Esta nueva pericia que pidió Sánchez tardó demasiado en arrojar conclusiones. Y cuando lo hizo, en marzo pasado (a más de dos años de la muerte del pibe) acrecentó las dudas, ya que no excluyó ni tampoco confirmó la mala praxis médica.

No obstante, según la Fiscalía, sí le quitó responsabilidad a uno de los tres médicos sospechados (el de Policía Judicial), aunque sobre los otros dos continuaron los interrogantes.

El año 2017 transcurrió casi sin avances, a raíz de la jubilación de Sánchez y por el ascenso reciente de la prosecretaria Paula Demaría, quien llevaba el expediente en la Fiscalía del Segundo Turno del Distrito 4.

El viernes, EL DIARIO se comunicó con esa dependencia, desde la que informaron que ahora el fiscal Horacio Vásquez está a cargo de la misma y que en este momento todavía no hay nada para informar.