En Villa María, como en el resto de las ciudades de la provincia, comenzó la campaña de recolección de firmas para que la provincia adhiera a la ley que, entre otros puntos, garantiza la gratuidad de la asistencia jurídica para denunciar hechos de violencia

Desde ayer, integrantes de la agrupación política La Cámpora están buscando adhesiones ciudadanas para que la provincia de Córdoba adhiera a la “Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones intrapersonales”, aprobada y promulgada de hecho en el año 2009.

Lucía Savedra, una de las integrantes de la agrupación, dijo que el Frente para la Victoria (FPV) “está promoviendo las firmas en todas las ciudades de la Provincia, para que las mujeres de Córdoba también contemos con el amparo de esa legislación”.

Agregó que la normativa “daría protección a todas las mujeres, permitiéndoles un más fácil acceso a la Justicia y también, para generar el marco de políticas activas que ayuden a prevenir la agresión, no sólo en el ámbito doméstico, sino también en el laboral y en el público, donde se construyen estereotipos que cosifican a la mujer”.

Destacó que la gente de Villa María se suma activamente a la propuesta. “Todos preguntan, piden información y firman. La verdad es que nos está yendo muy bien porque es un tema sensible en la sociedad”, agregó.

La recolección de firmas comenzó ayer por la mañana en la Peatonal y continuará hoy a la tarde en el mismo sitio. El lunes próximo continuará en la Universidad.

Qué dice la ley

La Ley 26.485, en el capítulo de “procedimiento”, establece garantías en el procedimiento judicial que permiten a toda mujer que denuncie violencia, acceder de manera rápida y gratuita al servicio de Justicia.

Textualmente, la normativa establece el derecho a “la gratuidad de las actuaciones judiciales y del patrocinio jurídico, preferentemente especializado; a obtener una respuesta oportuna y efectiva y a ser oída personalmente por el juez y por la autoridad administrativa competente”.

Además, incluye sanciones a los funcionarios que por acción u omisión no garanticen esos derechos

La ley también aborda la definición de violencia de género, indicando que es “toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.

Finalmente, hay que señalar que define cinco tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica y simbólica.