El 30 de septiembre de 2016, la Asamblea contra la Corrupción y la Impunidad, Simple Asociación, presentó denuncia penal en contra del exintendente municipal de la ciudad de Villa María, Eduardo Luis Accastello, como supuesto autor del delito de enriquecimiento ilícito.
La denuncia recayó en la Fiscalía de Instrucción de tercer turno a cargo de René Bosio.
Al momento de presentar la denuncia, se requirió numerosa prueba testimonial, informativa y allanamientos.
El fiscal recepcionó alguna prueba testimonial de poca relevancia, no hizo ningún allanamiento, ni libró los oficios que se le solicitó dirigiera a numerosos entes estatales.
Habiéndose dado participación a la Asamblea como querellante particular, se amplió la prueba en varias oportunidades y se reclamó reiteradamente que se tomaran numerosas testimoniales importantes, sin ser oídos por el señor fiscal de Instrucción.
En definitiva, podemos decir que la causa, que nunca arrancó verdaderamente, hace al menos tres meses que está absolutamente paralizada.
Situación similar se da en la causa llamada de las conciliaciones bancarias, en la que luego del allanamiento a la Municipalidad, el expediente duerme profundamente.
Coetáneamente, observamos que el denunciado fue recibido hace pocos días por el ministro de Interior de la Nación, Rogelio Frigerio y escasas horas después por el ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba, Juan Carlos Massei, luego de lo cual manifestó que no será candidato a diputado nacional en las próximas elecciones legislativas, para no perjudicar la imagen del intendente Martín Gill, o sea del PJ de Córdoba.
Si la paralización de las investigaciones penales contra Accastello y sus movidas políticas no tienen relación alguna, parece altamente improbable.
Resulta preocupante que los dirigentes que se golpean el pecho, diciendo que están dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias contra la corrupción, reciben y tácitamente dan respaldo a una persona que es investigada por haberse enriquecido durante largos años de funciones públicas.
Resulta sintomático que un fiscal que dice que nadie lo llama por teléfono para decirle cómo investigar, entre en un estado catatónico, que le impide firmar un mísero oficio.
Es muy triste lo que estamos viviendo.
Es la lamentable verificación de un cuadro de corrupción sistémico, que no da muestras de superación, gobierne quien gobierne.
Sabemos que a partir de la publicación de esta nota, los buenos modales se terminarán, pero no podemos renunciar a las convicciones, por los buenos modales, ni por las ulteriores consecuencias de desafiar a los funcionarios judiciales y ejecutivos, sacando a relucir pactos espurios.
Esperamos que nuestros llamados de atención sean útiles para que en algún momento la sociedad exija a los funcionarios públicos mayor compromiso con la verdad y la justicia.
Norma Sanmartino – Prensa de la Asamblea
