Durante la dictadura desaparecedora de personas, no fue menor el papel que jugaron los gobiernos municipales en relación a la censura en el plano cultural. Si bien generalmente la prohibición de libros, películas y obras de teatro se decidía en otros niveles del Estado, no pocas veces las administraciones municipales jugaban un rol importante a la hora de efectivizarlas
Prueba del papel activo del Gobierno de facto de Villa María, durante los años de dictadura, son las comunicaciones de la oficina provincial encargada de la relación con las municipalidades que encomendaba la tarea de diligenciar la censura. Por ejemplo, tenemos la directiva Nº 161, emitida desde la oficina de la Dirección de Municipalidades a cargo de Manlio Arturo Geisbuhler, mayor del Ejército, retirado. Mediante ese documento se dio a conocer lo establecido por los decretos nacionales 2607 y 2608 que prohibían la «venta y circulación de los libros ‘Nuestros muchachos’ de Alvaro Yunque, editorial Plus Ultra, y ‘La tía Julia y el escribidor’ de Mario Vargas Llosa, editorial Seix Barral». La comunicación de la dependencia del Gobierno provincial, dirigida a la Intendencia local, fue fechada el 14 de diciembre de 1978 y, según el sello de la oficina de Mesa de Entrada del municipio, su ingreso a la administración local se produjo el 29 de diciembre. Recordemos que por entonces la Intendencia estaba ocupada por el comisionado municipal Adolfo Jaca.
La circular, emitida al final del año en el cual Argentina había conquistado el Campeonato Mundial de fútbol, planteaba que el municipio «a efecto de la aplicación de la medida deberá coordinar acción con la Fuerza Pública Local (sic)». Es decir que desde la Municipalidad se debía coordinar con la Jefatura local de la Policía provincial para hacer cumplir con las prohibiciones. Pero en el documento utilizado para hacer conocer la medida a los responsables de las librerías locales no existe rastro de sello policial alguno. Sí consta la fecha en que se visitaron los comercios de venta de libros, todas las visitas tuvieron lugar entre el 13 y el 15 de febrero de 1979, es decir, un mes y medio después de que llegara la circular. Todo hace pensar que fue personal municipal el que se encargó de realizar las notificaciones. Según los sellos, el documento ingresó por Mesa de Entrada, tal cual dijimos anteriormente, luego pasó a la Secretaría de Gobierno y desde allí se la redirigió a la Comisión de Cultura, pues aún no se había creado la Dirección Municipal de Cultura.
Para hacer conocer la prohibición se visitaron las librerías locales, entre ellas la casa central y la sucursal de Bettini Hnos., Foto Sur, 9 de Julio, Lapilandia y Bertino. En todos esos lugares alguien firmó dándose por notificado y en algunos comercios también se estampó el sello de la firma comercial donde constaba el nombre del negocio y la dirección del mismo. Es así que puede leerse que en la librería Clos, con local en avenida Gobernador Sabattini 355, firmó Eduardo I. Clos; también fue notificada la librería religiosa Verbo, ubicada en la avenida Yrigoyen, dentro de la Galería Internacional; un sello que se lee claramente es el de la librería Macondo, situada en la calle San Martín 137.
Otro caso es el de la circular 49, emitida el 6 de diciembre de 1979 por la Dirección de Planeamiento y Coordinación, que dependía de la Secretaría de Estado de Asuntos Municipales del Gobierno de Córdoba. Esta circular fue dirigida a la Intendencia para comunicar que según las instrucciones recibidas de parte del Ministerio del Interior de la Nación el municipio debía «ejercer la autoridad de policía en materia de moral y buenas costumbres en el ámbito de su jurisdicción, prohibiendo la venta y circulación del libro titulado ‘Cómo mejorar al hombre en la cama’ (sic.) de la Editorial ATE (España)». En la circular, firmada por Juan Isidro Nicastro, se sostiene que el libro «vulnera la dignidad y pudor públicos, con el agravante de estar expresado el mensaje en forma de consejos para poner en práctica, lo que constituiría infracción municipal o ilícito penal». Es por ello que se ordena que en caso de encontrarse algún ejemplar del libro censurado «se dé participación a la Justicia para que, por intermedio de la Secretaría de Estado de Gobierno, se promuevan las actuaciones correspondientes».
Numerosas comunicaciones similares fueron recibidas y se hicieron cumplir desde el municipio, incluso en años posteriores. Así, por ejemplo, en abril de 1980 ingresó la circular Nº 36 que reproducía el Decreto Nº 433/80, firmado por Jorge Rafael Videla y Albano Eduardo Harguindeguy, presidente de facto y ministro del Interior, respectivamente, donde se establecía la prohibición de «distribución, venta y circulación en todo el territorio nacional del libro ‘El marxismo-leninismo, doctrina viva y eficiente’». Pero evaluando el rol del municipio en la censura, también debe recordarse que desde la Biblioteca Municipal Mariano Moreno fueron retirados libros, junto a retratos de Eva Duarte y Juan Domingo Perón. Es decir que el municipio no fue ajeno, sino un agente activo en las políticas de censura y prohibiciones en el ámbito cultural impuestos por la dictadura.
