Representantes de la Confederación General del Trabajo de la ciudad, Bell Ville y Gremios Unidos del Sur se reunieron para manifestarse en contra de las medidas nacionales y provinciales adoptadas y para establecer un plan de lucha 

En la sede del Centro de Empleados de Comercio, representantes de las delegaciones Regional Villa María, Regional Bell Ville y Gremios Unidos del Sur -que conglomera a La Carlota, Laboulaye y Huinca Renancó- de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunieron para hacer público su rechazo a las medidas económicas adoptadas por el Gobierno nacional, como también a la aprobación de la Ley 10.333 por parte del Gobierno provincial.

Edgardo Garmendia, representante de la CGT local, lanzó rápidamente el primer reclamo, al destacar que “hay medidas que han impactado directamente en el bolsillo de los trabajadores por estos aumentos indiscriminados que hemos tenido de parte de comerciantes que han aumentado por las dudas”. Es por ello que anunció que “pedimos desde este lugar que se retrotraigan los precios al 30 de octubre y que el Gobierno nacional implemente medidas para controlar los precios y sanciones para quien no cumpla”.

A su vez, otro de los motivos que los convocó es el pedido de paritarias “urgente”, ya que “el desfasaje en la economía de los trabajadores se ha afectado en gran manera; por ejemplo, tenemos un informe sobre la carne que este mes ha aumentado un 50%”.

Por otra parte, indicó que si bien aún no tenían resuelto si iban a sumarse a la movilización (ver página 7), “nos hemos sumado al reclamo por la Ley 10.333 que afecta a los jubilados provinciales y es un ataque al sector obrero, tanto activo como pasivo”.

A su vez, señaló que se declararon en sesión permanente y que están decididos a llevar adelante un plan de acción en defensa del salario, de las fuentes de trabajo y de los legítimos derechos e intereses de los trabajadores.

Por su parte, Carlos Andrada, de UEPC, destacó que son unos de los gremios más grandes aportantes a la Caja de Jubilaciones y denunció, sobre la Ley 10.333: “Esta ley es inconstitucional porque el recorte salarial es ilegal y carece de legitimidad porque en la legislatura trataron media hora una ley y votaron sin tratamiento, sin debate”.

Además, adelantó que “nosotros vamos a ir por la derogación de esta ley” y consideró que “esto ha tenido un aval y acuerdo político que era previo entre Nación y Provincia porque no es casual que a esta ley la aprueben el PRO, el radicalismo y el Frente Cívico”.

Desde el Gremio de Judiciales, Guadalupe Vázquez indicó que “hay que hacer hincapié en la responsabilidad que tiene Darío Capitani, que votó a favor de esta ley de apriete”, y llamó a prestar atención porque “con engaños y mentiras se le dice a la gente que es privilegiada y que se trata del 89% del 100% y es mentira: es un 73%”.

Daniel Baggini, de la CGT Bell Ville, opinó que “el déficit de la Caja fue generado por este mismo gobierno en 2003, cuando de alguna manera quiso privatizar el Banco de Córdoba y EPEC, le fue mal y desaparecieron unos cuántos millones de pesos entre la antigua ley de jubilación con la actual y ese año estaba De la Sota”.

En la reunión hubo presencia también de representantes del gremio de Judiciales, bancarios, no docentes de la UNVM, farmacéuticos, AOITA, docentes privados, Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) y del Sindicato de Personal de Casas de Familia Córdoba (Sinpecaf), entre otros.

“Desde acá llamamos a la unión total de todos los trabajadores activos y pasivos para emprender un plan de lucha porque no vamos a rescindir nada, ninguno de los derechos que hemos logrado”, concluyó Garmendia.