El grupo de estudio, reflexión y debate del Plan Fénix ha venido elaborando a lo largo de este año un documento en el que se ofrece una interpretación del proceso socioeconómico del país durante el último cuarto de siglo, se examinan algunos dilemas planteados por la coyuntura actual y se sugieren acciones que deberían ser parte de la futura agenda de políticas prioritarias para consolidar un proyecto nacional soberano. Ante la nueva convocatoria electoral, el Plan Fénix considera que la difusión del documento puede contribuir al necesario debate que se plantea a la ciudadanía acerca de las políticas que considera deseables para el futuro del país

Desde su constitución hace casi una década y media, el Plan Fénix ha venido planteando para la Argentina un modelo de sociedad que impulse un proceso de desarrollo con equidad en el que el Estado juegue un rol fundamental en la dirección general de la economía, el impulso a la producción, la regulación de los mercados, el fortalecimiento de la democracia, la promoción de los derechos sociales y la búsqueda de una distribución del producto social más equitativa, reservándose la decisión soberana sobre las políticas cambiaria, monetaria y fiscal .

El documento comienza repasando las condiciones que condujeron al fracaso del neoliberalismo, al provocar una profunda desintegración productiva, social y regional de la estructura económica nacional, reeditando orientaciones de la última dictadura. Y señala que, a pesar de su descrédito, los riesgos actuales de su retorno, sea con su anquilosado discurso o camuflado bajo una renovada prosa, siguen presentes.

Luego de la crisis generada por ese modelo a comienzos de este siglo, se perfiló un nuevo proyecto político, económico y social que comenzó a establecer las bases para una necesaria transformación. Se inició entonces un proceso que priorizaba la inclusión social y la ampliación de la ciudadanía, confiando en que existían posibilidades y capacidades para generar una estructura productiva compleja y diversificada, incorporar valor en la explotación de los recursos naturales, integrar el territorio nacional a través del pleno desarrollo de sus regiones e incorporar el país al mundo, afirmando su derecho a decidir su propio destino. Se reconoció el papel decisivo de la ciencia y la tecnología en el proceso de transformación, aprovechando la disponibilidad de los enormes recursos materiales del país y la capacidad de gestión disponible para emprender una gran empresa de desarrollo nacional. Este ambicioso programa se cumplió a medias, ante la ausencia de una estrategia de desarrollo productivo clara para alcanzar y sostener sus metas.

Al examinar la coyuntura actual, el documento sostiene que si bien durante el período 2003-2011 la economía argentina experimentó una fase de crecimiento acelerado, subsiste la estructura productiva desintegrada que se concretó en los años 90, la que tiende a generar desequilibrios internos o externos que comprometen el objetivo de crecimiento con inclusión social. En tal sentido, se observan como causas de la reducción e interrupción del ritmo de crecimiento, la contracción de la demanda externa; la remisión de utilidades de filiales de firmas extranjeras para aliviar la crisis en los países centrales; la fuga de capitales; la crisis de Brasil, nuestro principal comprador; la inflación, provocada por una compleja combinación de factores: entre ellos el rol de los formadores de precios y el déficit del comercio exterior. El conflicto con los “fondos buitre” y la continuidad del perfil histórico de fuerte dependencia tecnológica de la industria, agravan la actual coyuntura.

El Estado tiene un rol

A diferencia del neoliberalismo, el Plan Fénix considera que el Estado tiene un rol irrenunciable en el diseño e implementación de políticas que aseguren el pleno empleo, la competitividad de los mercados, la renovación de la infraestructura física del país, la inversión pública y privada, la transformación de la matriz energética y productiva, el desarrollo e incorporación de tecnologías de punta en los procesos productivos y la promoción de los mercados externos para la producción nacional. Debe, además, procurar altas tasas de inversión, una balanza comercial equilibrada, una reducción significativa de la inflación y un financiamiento genuino de la actividad estatal.

El futuro modelo productivo debe basarse en una visión renovada y actualizada del viejo modelo de sustitución de importaciones, que no considera las nuevas orientaciones de la producción de bienes en el mundo actual y es incapaz de enfrentar la “restricción externa”. Es preciso anticiparse a los cambios previsibles impuestos por el avance de la ciencia y la tecnología, incorporando en el tejido productivo las actividades que lideran el desarrollo, para abastecer el mercado interno y exportar. Al igual que las economías avanzadas y emergentes, es preciso ser protagonistas, dentro de la división internacional del trabajo intra-industrial (a nivel de productos no de ramas) y la formación de cadenas transnacionales de valor.

Deben incrementarse las exportaciones de manufacturas, con énfasis en las actividades de mayor contenido de valor agregado y tecnología, componentes dinámicos del comercio internacional. Las ventajas competitivas en las actividades de frontera no están determinadas por la dotación actual de factores, sino por la decisión política. La audacia debe ser un elemento esencial de la estrategia de desarrollo industrial, para integrar el territorio y las cadenas de valor. El país cuenta con los medios y capacidades necesarias para ello.

Las empresas

Resulta fundamental fortalecer el protagonismo y el entramado de las empresas nacionales en todas sus dimensiones, Pymes y grandes. No se construye un empresariado nacional ni se logra el desarrollo del país, delegando el protagonismo en las filiales de las corporaciones transnacionales. No hay empresarios nacionales sin un Estado desarrollista ni desarrollo sin empresarios nacionales. En ningún lado el desarrollo ha tenido lugar sobre otras bases que la soberanía, el impulso privado y las políticas públicas. Es necesario un nuevo régimen de inversiones extranjeras, tal como lo hicieron los exitosos países asiáticos. Se trata de asociar la inversión extranjera al proceso de transformación, orientándola a la incorporación de tecnología, la ampliación de los mercados externos y la vinculación con empresas locales. Sobre estas bases, las filiales dejan de ser causa para ser parte de la resolución de la restricción externa.

Urge, entonces, ampliar las bases del cambio tecnológico y la innovación propias, vinculando la educación con la capacitación de los recursos humanos necesarios para las ciencias básicas y la tecnología. Los gastos de investigación y desarrollo, en las empresas, las universidades, los organismos públicos pertinentes, son las inversiones de mayor impacto en el desarrollo económico y social.

El contexto externo

En el contexto externo, la Argentina deberá continuar afianzando la estrategia de integración al conjunto de la región de que forma parte histórica, cultural, geográfica y políticamente. El proceso de integración en el ámbito del Mercosur, la Unasur y la CELAC, que enfrenta serias amenazas, debe ser concebido de modo que los países reduzcan su vulnerabilidad frente a la globalización y transnacionalización, procesos que comprometen la capacidad de decisión autónoma de los Estados nacionales. Estas tendencias, instaladas por el propio desarrollo del capitalismo a escala planetaria, exigen preservar un espacio propio de decisión deliberada y responsable, como condición sine qua non para minimizar los efectos regresivos o desestabilizadores de esos procesos sobre el funcionamiento de las sociedades nacionales.

Voluntad política

En la hora actual, se requiere una firme voluntad política para continuar el proceso iniciado, actuando simultáneamente en una gran variedad de frentes. Uno que demanda urgente atención es la reforma de los mecanismos de regulación del sistema financiero, que no tiene aún el lugar central que merece. El Estado debe poder regular la actividad bancaria para que atienda no sólo las actividades de bajo riesgo y alta rentabilidad, sino a aquellas de relevancia desde el punto de vista de la transformación productiva hacia el desarrollo y la inclusión social.

Del lado de los ingresos fiscales, la estructura tributaria sigue siendo regresiva, por lo cual será necesario incrementar la participación de los impuestos sobre los ingresos y el patrimonio dentro del cuadro de recursos fiscales. El pago de impuesto a la renta por parte de las empresas debería considerarse como anticipo del que corresponda a las personas físicas involucradas. También deberán reducirse o eliminarse las exenciones y liberalidades actualmente vigentes, así como fijarse una nueva escala progresiva en el impuesto a las ganancias, actualizarse la imposición a las exteriorizaciones de riqueza de los contribuyentes y revisarse los alcances y tasas de los impuestos al consumo, para reducir su incidencia sobre los sectores sociales más humildes. Las políticas fiscal y parafiscal en materia de comercio exterior deben considerarse herramientas fundamentales de la política económica del país. Por último, debe encararse con renovado vigor la lucha contra la evasión y elusión impositivas.

Gasto público

El análisis del gasto público es parte de este proceso de mejora del sistema fiscal, lo que se logrará con una mejor calidad en la elaboración del presupuesto y, desde luego, de su transparencia y control. El gasto público debe orientarse a reducir las desigualdades sociales. Pese a las políticas públicas ensayadas (transferencias monetarias condicionadas hacia sectores sociales vulnerables, medidas de protección social, producción de bienes públicos o desgravaciones tributarias), persisten problemas de pobreza, desigualdad y marginalidad que exigen, sobre todo, mejorar la calidad y la gestión de los cuantiosos recursos invertidos en estas políticas compensatorias.

Una de las condiciones para avanzar en la dirección señalada es construir un Estado que pueda asumir los desafíos planteados, introduciendo nuevas formas de apertura y participación ciudadana en la gestión pública, propias de un Estado abierto y una democracia deliberativa, que mejore la calidad de las instituciones.

Orientaciones deseables

El documento aquí resumido analiza a tal efecto una serie de orientaciones deseables en materia de políticas de vivienda, salud y educación. Entre ellas, el estímulo a la construcción y financiamiento de viviendas para sectores de menores recursos y la mejora de infraestructura y servicios en los asentamientos marginales urbanos; la creación de un Sistema Unico de Salud, que garantice su universalidad, gratuidad, integralidad, y su carácter público y equitativo, una ley federal de salud que asegure la intervención del Estado en el financiamiento de los servicios públicos de salud y en el monitoreo de la equidad global del sistema. En materia educativa, también se propone una serie de medidas para los diferentes niveles de la enseñanza, a fin de que el país cuente con el capital social necesario para enfrentar los grandes desafíos de este siglo.  

En suma, el Plan Fénix aspira a que los puntos de vista planteados, que son extensamente desarrollados en el documento aquí resumido, sean discutidos con la serenidad de la reflexión y la pasión del compromiso político. Y a que se sumen a este debate las diversas voces de la sociedad.

Cátedra Abierta – Plan Fénix

Noviembre de 2015

(Se puede ver el texto completo en: http://www.econ.uba.ar/planfenix/index2.htm)