La Justicia rechazó la pretensión de Ivana Chialvo indicando que no hubo acoso sexual, sino una relación consentida entre la trabajadora municipal y el exdirigente del SUOEM, Rubén Quevedo

Liliana Cuevas de Atienza, vocal de la Cámara del Trabajo de Villa María, resolvió ayer “rechazar la demanda instaurada por Ivana Verónica Chialvo en contra de la Municipalidad de Villa María y de Rubén Alberto Quevedo” e impone las costas “por el orden causado”, es decir, la comuna paga a sus abogados -no cobrarían honorarios porque estuvieron representados por los asesores letrados que perciben un ingreso mensual- y la denunciante, al suyo. Entre las dos partes deberán abonar los honorarios de los letrados de Quevedo.

La sentencia de 33 páginas expresa que para que se dé el acoso sexual en el ámbito del trabajo, “la asediada inequívocamente manifiesta oposición a las propuestas o insinuaciones del asediante”, según la jurisprudencia que citó la magistrada.

En ese sentido, entiende que, en base a los testimonios que se escucharon en las audiencias, “surge que Chialvo consintió la relación que se gestó con Quevedo”. “Quien tuvo la iniciativa no interesa, pero entre ambos existió una relación sentimental consentida explícita, acreditada con diversas conductas o acciones por parte de la presunta asediada”.

Aclara que “si bien Quevedo reviste una personalidad proclive a formular insinuaciones, chistes de contenido sexual, piropos, exhibición de material de contenido pornográfico”, esas manifestaciones eran dirigidas a todas las empleadas y no en particular a Chialvo.

La magistrada contó solo con los testimonios escuchados en sala para llegar a esta conclusión, dado que se desestimó las conclusiones del perito psiquiatra, quien señaló que el malestar psicológico grave que sufre Chialvo es consecuencia del acoso. Agrega que la misma defensa de Chialvo desistió de la “prueba confesional”, por lo que quedaron las versiones de los testigos.

Cabe señalar que la denuncia fue hecha pública en el año 2009, cuando un grupo de mujeres que trabajaba en el área de Tránsito expresaron que sufrían el permanente acoso de sus superiores, quienes le prometían, a cambio de favores sexuales, la continuidad del contrato. De ese grupo, solo dos continuaron con la denuncia: una es Chialvo y la otra es Marcela Quiero, cuya causa se sustancia en la Cámara del Trabajo (la próxima audiencia es el 20 de octubre).

Con la abogada Cecilia Pérez Correa, Chialvo demandó a Quevedo y a la Municipalidad, por cuanto ésta omitió “adoptar las prevenciones necesarias para controlar la conducta de su personal jerárquico”.

Desde la Municipalidad, la primera postura defensiva, según consta en el fallo, es que no cabía tal responsabilidad debido a que “la accionante no pertenece a la planta permanente”. Agregaron que “el carácter de personal contratado no viola el principio de buena fe laboral, ya que el que así ingresa a prestar servicios sabe con antelación su condición laboral y que su contrato puede o no ser renovado”.

Consultado sobre el fallo el asesor letrado de la Municipalidad, Oscar Barroso, señaló que la instrucción del intendente era “llegar a la verdad real” y que en caso que esa verdad le hubiera dado la razón a la demandante, “no antepondríamos recurso alguno”. Agregó que “tal como dijo una testigo en las audiencias de otra causa (Quiero contra Carranza y la Municipalidad), estas denuncias hacen parecer, entrelíneas, a las mujeres que siguen trabajando como si hubieran prestado favores sexuales y no es así”.

También quisimos consultar a la letrada de Chialvo, quien, por sus ocupaciones, no pudo atender la requisitoria periodística. De todas maneras, desde el entorno de la mujer, adelantaron que apelarán la sentencia para que se “llegue a la verdad y que se haga justicia”.

Leticia Forconi, Foro de la Mujer y sus derechos: “Vinimos con esperanza y nos vamos con desazón. Lo que pasó en Tránsito es público, lo saben todos. Era una dependencia casi exclusivamente de hombres y cuando se incorporaron mujeres, el municipio no supo construir relaciones laborales sanas. Pesó mucho esta Justicia que no le cree a las mujeres”.

Nadia Brossard, de Juntas y a la izquierda: “Una Justicia machista y un Estado municipal que no se hace cargo de los abusadores que tiene trabajando. Pero no está todo perdido, es una batalla que tendremos que seguir dando y acompañaremos a Ivana en todas las instancias de apelación que lleve adelante, porque lo que denunció está más que probado”.