El 4 de noviembre de 1971 se firmó el convenio para la ejecución de las obras destinadas a la provisión de gas natural a la ciudad de Villa María. El documento fue firmado, en la Ciudad de Buenos Aires, por el comisionado municipal Alfredo Vijande y el ingeniero Néstor Guillermo Diez, administrador general de la empresa estatal Gas del Estado. El acuerdo expresaba el anhelo de muchos vecinos que deseaban contar con este vital servicio en sus hogares. Aquí podríamos señalar aquello que escribió, en 2014, el síndic de Greuges de Catalunya (defensor de las personas) en el «Informe sobre el derecho a los suministros básicos» en Barcelona. Allí dice que «en la actualidad se puede afirmar de forma objetiva que para gozar de una vida en sociedad y digna como individuo existen algunos servicios considerados mínimos, esenciales, generales, universales, básicos o indispensables». Es claro que entre estos servicios se encuentra el acceso al servicio de gas.

Por entonces la proveedora de este servicio en el país era la empresa pública denominada Gas del Estado. El antecedente de este emprendimiento se da en 1929 cuando, bajo la presidencia de Hipólito Irigoyen, el director de Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF), general Enrique Mosconi, hizo realidad el control del mercado de combustibles líquidos por parte del Estado que desde ese momento pasaría a fijar los precios, cosa que antes hacían las empresa extranjeras. Con esa misma filosofía, y habiendo ganado importancia este combustible dentro de YPF, en marzo de 1945 se decretó la nacionalización del gas a cargo de la Compañía Primitiva de Gas. Desde YPF se nombró a Julio Canessa como director de los servicios de gas para Capital Federal. Fue en enero del año siguiente que se creó la Dirección Nacional de Gas del Estado, logrando independencia de YPF. Canessa también estuvo al frente de esta dirección y convenció a Perón de no depender de la importación y aprovechar el que se venteaba en el sur. Así comenzaron trabajos para el transporte del combustible dentro del país.

Cambio de filosofía

Gas del Estado, que nació como empresa en 1946, desarrolló sus servicios hasta 1992 cuando fue privatizada por un gobierno, paradojalmente, del mismo signo político del que le había dado nacimiento. En diciembre de ese año Gas del Estado fue dividida en 11 sociedades privadas, con mayoría de capitales extranjeros. Dos de esas empresas pasaban a ocuparse de transporte y nueve, de distribución. De esa manera se concretó la privatización de la empresa estatal, al igual que se hizo con otras que fueron pasadas a manos de particulares. Había cambiado la lógica que regía la prestación del servicio, las empresas privadas que se hicieron cargo trabajarían para maximizar sus ganancias.

Regresando al convenio firmado por el municipio de Villa María y Gas del Estado, podemos decir que en su articulado se estableció que la empresa «en cumplimiento de sus fines transportará, distribuirá, almacenará y venderá gas dentro del ejido del municipio… para uso doméstico, comercial, industrial o para cualquier otra aplicación…». En cuanto al tipo de combustible que suministraría, decía que podía ser «gas natural, gas destilería, gas licuado, gas elaborado con combustibles, líquidos o sólidos…». Por otra parte, se aseguraba un servicio «regular y continuo».

Si bien la llegada del gas domiciliario no se produjo apenas firmado este documento, el avance fue de una importancia vital, ya que se trató del puntapié que llevaría a que los villamarienses contaran con la posibilidad concreta de disfrutar las comodidades que brinda el servicio. El convenio dispuso que la empresa tendría derecho al «uso gratuito de todos los caminos, calles, plazas y demás lugares públicos y de sus subsuelos, para la colocación de cañerías y demás instalaciones necesarias para la prestación del servicio». Luego, a medida que avanzaron las obras, fueron abiertas las calles y veredas para el tendido de la red domiciliaria. Acerca de esto, el acuerdo estableció que las obras domiciliarias se dividían en la «parte exterior o conexión, comprendida entre las cañerías de distribución hasta 40 centímetros antes de la línea de edificación»; por otra parte estaba lo que se denominó «la parte interior» en relación a todas las obras dentro de las propiedades. Aquí debemos señalar que la llegada del gas a la ciudad proporcionó trabajo, pues no sólo demandó mano de obra para el tendido de la red, sino también para todas las modificaciones que debían encararse dentro de las casas.

Acceso a un derecho

En el convenio que nos ocupa, Gas del Estado se comprometió a realizar obras como el «ramal de alimentación, el montaje de dos estaciones reductoras de presión, la construcción de una red de distribución» en unas 70 manzanas. La empresa asumió la responsabilidad de aportar 260 mil pesos, en tanto que el resto estaría a cargo del municipio. También se dejó expresamente aclarado que una vez habilitadas las obras quedarían incorporadas al patrimonio de la empresa. 

Otra cuestión que encontramos en el convenio es la posibilidad de que el municipio pudiera «gravar los consumos, de uso doméstico únicamente, dentro de la zona comprendida en el presente, corriendo a cargo de la empresa la percepción de las sumas provenientes de dicho gravamen, la empresa liquidará bimestralmente al municipio las sumas recaudadas en tal concepto». Ese cargo municipal en algún momento se fijó en el 7% del valor del consumo, luego se llevó hasta el 10%, que rige actualmente.

El convenio fue ratificado en abril de 1972 mediante la Ordenanza 1.376, que fue dictada a partir de la Circular 204 del Gobierno provincial que autorizó la misma. Recordemos que por entonces el gobierno era regido por una dictadura, ejerciendo la Presidencia de la Nación el general Alejandro Agustín Lanusse y el Gobierno provincial estaba a cargo de interventores federales de facto.

Mediante la referida ordenanza municipal se habilitó el llamado a licitación. Así se daba inicio al camino que traería el gas por redes a los domicilios de los villamarienses. Esto que se enuncia en una simple frase es algo muy significativo, pues está íntimamente relacionado con los derechos básicos de los ciudadanos. Bastaría pensar que los humanos pasamos a ser tales a partir de la dominación de fuentes de energía que nos permitieron producir fuego. Es por ello que el acceso a las energías nos es algo superfluo, por el contrario, desde el mismo origen del hombre es clave para el desarrollo del mismo.