La Ctera resolvió un paro nacional docente de 48 horas los días 6 y 7 de marzo, adhesión al paro de mujeres del 8 de marzo y en el caso de que no se abran las paritarias federales, una marcha desde cada rincón del país hacia la Plaza de Mayo. Dirigentes de Villa María analizaron la situación

Era casi cantado que, sin paritarias nacionales no iban a comenzar las clases en la fecha prevista. Y así se definió ayer en el Congreso extraordinario de la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).

Carlos Andrada, secretario general del gremio docente en el Departamento San Martín, asistió en su carácter de congresal a las deliberaciones, junto a otros dirigentes de Villa María.

“Votamos por unanimidad el paro de 48 horas para el 6 y 7 de marzo, sin asistencia a los lugares de trabajo”, expresó.

La modalidad de protesta en Córdoba, durante esos días, se definirá el viernes 3 de marzo en la Asamblea provincial de Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC). “Vamos a resolver si marchamos en la Capital el lunes 6 o si vamos a Buenos Aires el martes 7”, oportunidad en que la CGT realiza también un paro con movilización.

Previamente, habrá asambleas escolares y el jueves 2, será la Asamblea departamental para definir la posición de los docentes de la región.

“También se resolvió en el Congreso de Ctera, adherir al Paro Nacional de Mujeres, se será el 8 de marzo”, agregó Andrada. La modalidad de esa medida de fuerza será la que se resuelva en cada ciudad.

“Por otra parte, si después del paro no hay respuestas y no se abre la paritaria nacional, dimos el mandato a los dirigentes de Ctera a que fijen una fecha para una gran marcha federal hacia plaza de Mayo, en la que participarán, no sólo docentes de los niveles Inicial, primario y secundario; sino que también se sumarán universitarios y convocaremos a toda la comunidad educativa”, agregó Andrada.

Necesidad de un piso

En la última paritaria docente nacional, la mitad de las provincias argentinas acordaron salarios por encima de lo fijado en ese acuerdo. “Igual hay que señalar que ese porcentaje era una referencia, porque para algunas provincias era un piso y no podían ofrecer menos que eso”, agregó.

“Lo que quieren -las autoridades nacionales- es descentralizar la discusión salarial para que cada provincia lo resuelva por sus propios medios. Esto no es más ni menos que el desguace de la política educativa federal, es una clara evidencia de que el Estado se quiere desentender de la educación pública. Nosotros, en cambio, estamos yendo a contrapelo: pretendemos nacionalizar el conflicto, porque esto no es de Córdoba ni de Santiago del Estero, es un problema nacional porque queremos garantizar el derecho a la educación pública”, dijo.

Modelo cordobés

Desde UEPC, mantienen además una problemática específica con el Gobierno de Córdoba que, si bien convocó a la primer reunión para negociar salarios “en realidad no pusieron una sólo propuesta en la mesa. Nos llamaron para servirnos café, o sea, es lo mismo que nada”, dijo.

Andrada agregó que “en Córdoba se está replicando esta modalidad de no diálogo como hace la Nación”.

“La exigencia nuestra es que para empezar a hablar del acuerdo salarial para 2017, tienen que cumplir lo adeudado de 2015 y 2016. No nos importa si lo firma (Juan) Schiaretti o (José Manuel) de la Sota. Lo firma el gobernador en nombre del Estado”, destacó, al referirse a la declaración del mandatario provincial, quien dijo que no fue él quien firmó el acuerdo de 2015, sino su antecesor.

“En definitiva, nosotros vamos a resistir, porque es grave lo que se quiere implementar en la Nación y en la Provincia, porque no es sólo un recorte económico, sino un recorte político”, concluyó.

¿Coincidencia?

Andrada resaltó que un aumento lógico para los docentes de todo el país representaría unos 50 mil millones de pesos que la Nación debería enviar de más a las provincias. Agregó que al dejar de comprar netbooks y otros elementos de tecnología para las escuelas, no se ejecutaron 20 mil millones. “Ambos rubros suman 70 mil millones, que es justo la cifra que le quieren regalar a Franco Macri, el padre del presidente”.