Convocaron a la prensa para denunciar

El bloque Juntos por Villa María llamó ayer a la prensa para expresar que “se ha llegado a un límite” en lo que denominaron como un “avasallamiento institucional” por parte de la bancada oficialista Villa María para la Victoria – Partido Justicialista. En conferencia realizada en planta alta del Concejo Deliberante, señalaron que sus proyectos no son discutidos ni siquiera en comisión, denunciaron que salvo la de Acuerdos, las demás comisiones no funcionan y aseguraron que la mayoría sancionó proyectos que habían sido autoría de la minoría y a los que amoldaron modificándoles algunos puntos.

El atropello que denunciaron “viene dándose hace tiempo, pero esta semana tuvo su punto cúlmine en nuestra paciencia y en el respeto general al resto de la ciudadanía”, dijo Karina Bruno (PRO) al iniciar el encuentro con la prensa.

“Cuando planteamos que se convoque a áreas del Ejecutivo se nos ignora. Hay muchísimos temas en comisión, pero no se los trata”, reveló, apuntando que solo funciona la de Acuerdos (y naturalmente la de Labor Parlamentaria) “como si fuera una ensaladera donde se mete todo”.

Disparadores

Entre las razones que el bloque esgrimió para convocar a la prensa hubo dos en especial, en el contexto de esta semana en que se conmemora el Día del Bombero (ayer) y se marcha contra la violencia machista (hoy).

Nora Landart (Unión Cívica Radical) dijo que la bancada “trabajó intensamente con las organizaciones sociales para lograr” que en Villa María se declare la emergencia de género, pero desde la sanción de la ordenanza “hasta hoy no tuvimos acceso a información específica” sobre lo que se realiza. “Sí hemos acusado recibo de las manifestaciones políticas del intendente, en consonancia con Provincia, que sostienen que no es necesaria la declaración para implementar políticas públicas, pero en realidad las políticas que se necesitan en una ciudad en donde se registraron tres de los cinco femicidios que hubo en Córdoba en lo que va del año, todavía no las vemos objetivadas”, remarcó.

“En función de eso y atendiendo a lo establecido por la ley nacional, propusimos la creación de una comisión donde estuviesen representados los tres poderes del Estado y que se incorporara un representante de las organizaciones sociales que acrediten trabajo en la temática”, explicó sobre la propuesta de generar una comisión de seguimiento en el tema, algo que rechazó el oficialismo.

Tras excluir de la crítica a las concejales Mónica Lazos y Rosana Suescum (y a Verónica Vivó por estar ausente cuando en Acuerdos se abordó el tema), Landart cuestionó que desde la mayoría señalaran que “no podíamos crear comisiones de seguimiento” y plantearan que “quiénes son las organizaciones sociales para controlar la labor del Estado”.

La legisladora radical contó que se los remitió a la Carta Orgánica para pedir informes, algo que contrapuso a lo ocurrido hasta ahora cada vez que solicitaron respuestas al Ejecutivo: “Lamentablemente la Secretaría de Inclusión no respondió hasta ahora ninguno de los informes cursados. Además, los concejales, exfuncionarios de la gestión anterior, no respondieron nunca”, remarcó. Y recordó que la falta grave que representa no hacerlo no está reglamentada, por lo que “inmediatamente propusimos trabajar sobre un proyecto de ordenanza que reglamentara ese artículo y dijeron que no”.

El otro proyecto que enfrentó a las bancadas tiene que ver con los Bomberos. “Hace tres o cuatro meses pedíamos al Estado municipal que considerase eximir a bomberos que acreditaran 15 años de servicio ininterrumpidos en uno de los impuestos de propiedad y uno de rodados y extenderlo a viudas o parejas de quienes murieron en servicio. Esto implica dinerariamente un beneficio que no llega a los 25 mil pesos. El oficialismo planteó que esto pudiese incurrir en el riesgo de que tuviésemos que otorgar este tipo de beneficios a policías, docentes”, describió para señalar el rechazo que encontraron. “Los invitamos a elaborar un proyecto que otorgara el alcance de estos beneficios, por ejemplo, a los responsables de comedores comunitarios, porque creemos que es una manera que tiene el Estado de reconocer un compromiso. Y dijimos que policías y docentes tienen sueldos que tal vez no son suficientes, pero esa es otra discusión”, apuntó Landart.

Sobre la copia de propuestas denunciadas, Gisele Machicado (Frente Cívico) dijo que ante la iniciativa propia de la bancada de accesibilidad al transporte público “se concretó luego un convenio entre municipio y Emtupse”, mientras que en lo referido al albergue para familiares de pacientes del Pasteur, luego de que la minoría propusiera destinar un porcentaje de lo que recauda el estacionamiento medido a tal fin, la mayoría “presentó otro”. Dijo además que el oficialismo no abordó los vinculados a la precarización laboral, la creación de la Cámara de Apelaciones, la reducción de la alícuota de servicios públicos de gas y luz y otros sobre protección de animales, pirotecnia, bullying o arbolado. “Pedimos predisposición, respeto a la autoría y que se respete la pluralidad de voces”, declaró.

La falta de respuestas del Ejecutivo

Cuando se les preguntó si extendían esta crítica también al Ejecutivo local, Karina Bruno dijo que desde ese poder “no contestan los pedidos de informes”, apuntando que “en la cantidad que hemos hecho, si nos contestaron dos es mucho”.

“Si tengo que evaluar el discurso y la convocatoria hecha por el intendente, tengo que distinguir que ha sido más amplio”, aclaró luego. “Lo que está claro es que el bloque oficialista no tiene vocación de diálogo ni de consenso y eso perjudica a los vecinos, se confunden en legislar para el Ejecutivo y no para la sociedad”, disparó y aseguró que “hay funcionarios del Ejecutivo que tienen la misma línea”.

Por su lado, el radical Gustavo Bustamante recordó que esta minoría “sacó el 40% de los votos”, aludiendo a la representatividad, y aseguró que “nosotros nos sentamos a discutir por el bien de la ciudad”. Cuestionó el rechazo al proyecto sobre los bomberos, lo que lo llevó a criticar otras cuestiones. “Estamos hablando de una exención impositiva para alguien que presta servicio a toda hora, para toda la comunidad y que representa un determinado monto. Toman eso como que va a desestabilizar las arcas municipales. Ese monto no llega al 10% de lo que gasta ‘Villa María vive y siente’, quiere decir que para fiestas que duran una semana hay plata y no para servidores públicos”, expresó.

“Se nos dijo que no a la auditoría para el Eninder, el tiempo luego nos daba la razón de que no se habían hecho las cosas bien y hasta el día de la fecha no hay nada. Pedimos una auditoría municipal de los últimos años y se nos negó. Proponemos para poner blanco sobre negro, la transparencia no es un enunciativo”, declaró.