Maximiliano Centeno y Federico Pereyra fueron condenados por un hecho perpetrado el 25 de enero pasado en Pozo del Molle. Por tratarse de convictos primarios, se les impuso el mínimo de la pena. Podrían recuperar la libertad en breve

Dos jóvenes de Pozo del Molle fueron condenados ayer a tres años de prisión efectiva por un asalto a mano armada cometido a principios de 2016 en un maxiquiosco de aquella localidad, de donde se llevaron 20.000 pesos en efectivo y tarjetas telefónicas por otros 5.000 pesos.

Se trata de Maximiliano Centeno (26) y Federico Pereyra (25), quienes fueron declarados coautores responsables de “robo calificado por uso de arma de fuego cuya operatividad no se pudo acreditar”, un delito que es reprimido con cárcel de tres a 10 años.

El atraco fue perpetrado alrededor de las 2 de la madrugada del 25 de enero del corriente año, cuando dos sujetos encapuchados y armados ingresaran al maxiquiosco “Pepos”, ubicado en la esquina de las calles Raúl Dobric y Buenos Aires, perteneciente a Luciano Díaz, también domiciliado en Pozo del Molle.

Esgrimiendo un arma de fuego y bajo amenazas de muerte, uno de los ladrones obligó al dueño del local a tirarse al suelo mientras el otro se apoderaba del dinero que había en la caja fuerte, además de gran cantidad de tarjetas telefónicas.

Pese a que ambos delincuentes tenían los rostros cubiertos, Díaz pudo identificar a Centeno (quien blandía el arma) por un tatuaje que tiene en su mano derecha y también por su tono de voz. Así lo ratificó ayer al declarar en la Cámara del Crimen de Villa María, donde se sustanció el juicio oral y público.

En principio, se preveía que este proceso iba a demandar al menos tres audiencias de debate, pero ante la evidencia de las pruebas los tiempos se acortaron y bastó una sola jornada para arribar al veredicto final, que se dio a conocer en horas de la siesta de la víspera.

Sobre el arma

Lo que la Justicia no pudo probar fue la operatividad del arma de fuego utilizada por los asaltantes, motivo por el cual fueron condenados en función de lo descripto en el último párrafo del artículo 166 del Código Penal de la Nación.

Dicha norma legal establece que “si se cometiere el robo con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada, o con un arma de utilería, la pena será de tres a 10 años de prisión”.

Como Centeno y Pereyra no registraban antecedentes, se les impuso el mínimo de la pena prevista por la referida legislación, circunstancia que les permitirá solicitar la “libertad condicional” porque llevan más de ocho meses entre rejas.

La “condicional”

Al respecto, el artículo 13 del Código precisa que “el condenado a prisión por tres años o menos, que hubiere cumplido ocho meses de prisión, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrá obtener la libertad por resolución judicial, previo informe del establecimiento e informe de peritos que pronostique, en forma individualizada y favorable, su reinserción social”.

Como ambos jóvenes están detenidos desde el mismo día del asalto, en nueve días cumplirán nueve meses “a la sombra”, por lo que están en situación de pedir la libertad. Claro que, para que se les otorgue, deberán sortear con éxito una pericia psicológica que acredite que están en condiciones de reinsertarse socialmente, además de haber observado buena conducta durante todo el período de encierro.

Además de Díaz, también comparecieron ante el tribunal dos efectivos policiales de Pozo del Molle y La Playosa que intervinieron tras el asalto.

Cabe señalar que, además de Centeno y Pereyra, en la causa también estuvo implicado un tercer joven, apellidado Albarracín, en cuyo domicilio se encontró el arma utilizada en el asalto (fue acusado de “encubrimiento”), pero como solicitó una “probation” (suspensión del juicio a prueba), evitó sentarse en el banquillo de los acusados.

El juicio fue presidido por la camarista Silvia Saslavsky de Camandone y contó con la participación del fiscal Francisco Márquez y de los abogados defensores Marcelo Martín Silvano (Pereyra) y Antonio Broggi, mientras que como secretaria intervino Gabriela Sanz.