Estela Milagros Ferreiros, vocal de una Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, estuvo en Villa María. Tras disertar en la Universidad Católica de Salta, dialogó con EL DIARIO sobre el empleo, la discriminación laboral y el rol del Estado como empleador

“Uno de los bienes jurídicos más importantes de la Humanidad es el empleo”, dijo la especialista en derecho laboral Estela Milagros Ferreiros. “Una persona sin empleo, no es solamente alguien que ya no recibe sus sustento, sino que es alguien que pierde fortaleza espiritual, metas en la vida, chances de progreso. Esto genera, en la sociedad, una crisis más grave que la de la falta de empleo: hunde a la sociedad en una crisis social”, agregó.

Ferreiros es una voz autorizada en Latinoamérica en materia del derecho del trabajo. Fue invitada a disertar para la Diplomatura sobre Derecho Individual del Trabajo que se dicta en la sede local de la Universidad Católica de Salta. Hace 40 años que es jueza y piensa seguir “no por una cuestión económica, ya que podría jubilarme; sino porque amo lo que hago”.

Su nombre, había sido mencionado para integrar la Corte Suprema de Justicia. Sobre ese punto Ferreiros aclaró: “Nunca fui propuesta formalmente”. “De todas maneras, hay muy pocas chances de que un laboralista llegue a la Corte, porque el derecho del trabajo es muy subestimado”, dijo.

El Estado precarizador

“Lamentablemente, el Estado es un precarizador laboral y con esta afirmación no hago distinción de gobierno alguno. El Estado se maneja con contratos que no deberían utilizarse, porque no están autorizados”, dijo.

Hizo referencia explícita al derecho constitucional que consagra la estabilidad del empleado público: “Ese derecho fue fijado para evitar que cada gobierno de turno traiga sus adeptos, desconociendo la carrera de un dependiente”, dijo.

Asegura que esa precarización con la modalidad de contratos a término, funciona en los tres poderes.

“Lo primero que hay que hacer para revertirlo, es reconocer el problema, no negarlo, porque tomar conciencia es el primer paso. En segundo lugar hay que generar una cultura del trabajo y normas infraconstitucionales (porque las constitucionales ya están) que establezcan la reinstalación del trabajador”, planteó.

Salir de las normas “genera problemas”

La especialista explicó que el derecho laboral en Argentina (como en la mayoría de los países del mundo) protege “con más intensidad” al trabajador.

“Esto es porque una de las premisas básicas de la sociedad es la igualdad, y para que haya igualdad, todos los habitantes deben tener la protección de las leyes”, dijo.

Ahora bien, ¿necesitan la misma protección los poderosos que los débiles?

Según la magistrada, “para alcanzar esa mentada igualdad, los más débiles deben tener una protección más intensa”, dijo. Y en la relación empresario-trabajador, indiscutiblemente que el eslabón más débil es el empleado.

“Ahora bien, hay un equilibrio. Ningún empleador tendría problemas si cumple con las leyes vigentes. Pero, por la condición humana, muchas veces se salen de ese terreno de las normas y, a través del fraude, generan situaciones que terminan agravando todo. Esto es un problema cultural, no alcanza sólo con que haya leyes protectivas y jueces y abogados preparados para la materia”, dijo.

Discriminación

Ferreiros asegura que la sociedad argentina “es discriminatoria” y que esa conducta se refleja en las relaciones de trabajo.

“En el caso de género, hay que señalar que cada día las mujeres están menos discriminadas. Esto no es un mérito del Estado, sino de la misma sociedad. Igual, se sigue discriminando a la gente mayor, a la que peyorativamente le dicen ‘abuelos’, a la infancia y en muchos casos, a los enfermos”, afirmó.

“En este ámbito, puede colaborar el derecho del trabajo, pero es un problema social. Nunca van a ser suficientes las leyes si no se toma conciencia de lo terrible que es la discriminación, que lleva a la desintegración de las familias y que además, genera un altísimo porcentaje de suicidio, porque a la persona discriminada le carcomen la autoestima y piensa que no sirve para nada”, planteó.

“El derecho de los invisibles”

Finalmente, la magistrada y docente universitaria se refirió a la materia en la que es especialista: el derecho el trabajo. “Esta disciplina es vista con la misma mirada que se ve a la pobreza. Cuando uno se acostumbra a la pobreza, ésta se torna invisible. Alfredo Palacios (legislador socialista) había hecho su tesis doctoral en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sobre la miseria. Sus profesores la rechazaron por utilizar una palabra que no debía, precisamente, la que era motivo de su tesis. Debió modificarla y si bien ahora imprimieron el trabajo original de Palacios, lo hicieron como una curiosidad, porque la miseria está, pero no la vemos, la hacemos invisible. El derecho del trabajo es visto como el derecho de los invisibles”, concluyó.

Sobre la llamada “Ley Antidespidos”: “Despedir sin causa siempre es un hecho ilícito”

Estela Ferreiros se refirió a la ley aprobada recientemente en el Senado y que ahora es tratada en Diputados, por la que se trata de frenar la ola de despidos imponiendo una doble indemnización.

“Yo no sé si tenemos poca memoria o qué nos pasa. Porque en realidad, ya tuvimos una ley mal llamada antidespidos, porque como ésta que se trata ahora, tiene un artículo en el que dicen “quedan prohibidos los despidos” , y en otro expresan que si se despide, hay que pagar tanto, lo que es una clara contradicción”, manifestó.

Desde lo jurídico aclaró que siempre “siempre despedir sin causa es un hecho ilícito, contrario a la ley, salvo que haya circunstancias que ameriten la ruptura de la relación laboral”. Como es un hecho ilícito, tiene una sanción económica -indemnización- y el monto de esa sanción lo determinan las leyes vigentes.

“Es una tarea política advertir si están dadas las condiciones para que se agrave la penalización por despidos arbitrarios y en ese punto, considero que sí, que están dadas esas condiciones”, agregó.

Magistrada y académica

Estela Milagros Ferreiros es actualmente jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VII.

Egresó como abogada con Diploma de Honor y primer promedio de su promoción. Ejerció en su estudio, desde 1970 hasta el año 1974, época en la que ingresó a la Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Es doctora en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Además, es docente universitaria y tiene numerosas publicaciones académicas.

Finalmente, cabe señalar que es presidenta de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral (SADL) y obtuvo premios internacionales, convirtiéndose en una de las más importantes referentes en derecho laboral de Latinoamérica.