El trabajo genuino de las personas con discapacidad es un desafío para toda la sociedad. Cuál es la realidad en Villa María, qué se puede proponer, cuáles son los programas públicos para impulsar el empleo. En esta nota, algunas realidades y muchos más interrogantes que nos interpelan a todos

Escribe: Verónica González
Diplomada en Política y Gestión de la Discapacidad
ESPECIAL para PESO ESPECIFICO

Vivo en Villa María, ciudad del interior de la provincia de Córdoba, desde hace 20 años transito sus calles diariamente y formo parte (entre otras cosas) de su sistema económico.

Aquí trabajo. Aquí produzco. Aquí consumo. Aquí voto y elijo a mis representantes.

Soy consumidora, pero también soy una ciudadana.

La rutina, la cotidianeidad, los hábitos naturalizan ciertas prácticas y una de ellas es percibir, por ejemplo, que en mis actos de consumo pocas veces me he cruzado con personas con discapacidad. Cuando digo cruzado quiero decir que en escasísimas oportunidades he mantenido una relación de carácter económico o civil con personas que estén en silla de ruedas o sean ciegas o tengan alguna discapacidad intelectual, entre otras.

Villa María tiene más de 80 mil habitantes. Dos establecimientos educativos de modalidad especial, tiene centros educativos terapéuticos, escuela de sordos, escuela para ciegos, tiene (algunas) escuelas integradoras.

Entonces, mi interrogante. La pregunta disparadora es: ¿adónde están las personas con discapacidad después de que alcanzan la mayoría de edad, después de que finalizan los trayectos educativos, adónde están ellos a los que la Convención Internacional, primero como declaración y luego como ley en nuestro país, les confiere el derecho “a una vida digna… a un trabajo… a la conformación de una familia…”?.

Este primer acercamiento dista de ser un diagnóstico, sin embargo, tiene la pretensión de empezar a mirar y hacer foco en esta situación. La idea es iniciar un camino hacia la verdadera toma de conciencia de empresarios, de instituciones, de familias, del Estado. Sólo un trabajo en red hará factible la generación de cambios.

Existen leyes, programas nacionales y provinciales, ONG que promueven la inclusión laboral, la realidad, al menos en mi ciudad, es que aún falta mucho, muchísimo para que esto se concrete en la práctica.

¿Será desconocimiento? ¿Será desidia? ¿Será temor? ¿Será que es muy difícil ponerse en el lugar del otro?

¿Qué dice la Convención?

En la página web del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas se hace una síntesis de la Convención. De este resumen destaco los siguientes apartados:

• Los países que se unen a la Convención se comprometen a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en ésta y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación.
• Los países deben garantizar que las personas con discapacidad disfruten del derecho inherente a la vida en un pie de igualdad con otras personas (artículo 10).
• Las personas con discapacidad tienen igualdad de derechos a trabajar y a ganarse la vida. Los países deben prohibir la discriminación en cuestiones relacionadas con el empleo, promover el empleo por cuenta propia, la capacidad empresarial y el inicio del negocio propio, emplear a personas con discapacidad en el sector público, promover su empleo en el sector privado y asegurar que se proporcione una comodidad razonable en el lugar de trabajo (artículo 27).

La situación en Villa María

Empresarios

La ciudad de Villa María cuenta con una entidad que nuclea a las empresas, se trata de la Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentina (AERCA). En su página web la entidad anuncia que tiene como objetivos principales defender los intereses empresarios de sus socios activos, propender a la agremiación, ejercer la representación de los asociados, realizar actos tendientes a incrementar la cultura general de la población y de los asociados, entre otros.

No hay entre ellos ninguno que indique explícitamente la responsabilidad social que le compete a la asociación en cuanto a la promoción de la “inclusión laboral de personas en situación de discapacidad”. Asimismo, como miembros activos de la vida económica y social de la ciudad consultamos a sus directivos acerca de la experiencia de sus asociados y de la entidad en la temática abordada.

Algunas de las respuestas fueron: “No hay nada”. “Nos interesaría, pero habría que capacitar a las personas que van a trabajar con los discapacitados para saber qué hacer…”. “Tendrías que hablar con la persona que hace Responsabilidad Social en la asociación”.

De estas apreciaciones puede observarse un gran desconocimiento en cuanto a políticas y estrategias que propendan a la inclusión laboral.

(Sin embargo, es importante señalar que unos días después de la entrevista, AERCA y el Colegio de Ciencias Económicas organizaron una capacitación referente al tema. Aun así, la concurrencia de empresarios fue mínima).

Municipio

Tal como sostiene la Convención, los Estados parte deben asegurar el cumplimiento de los derechos que allí se inscriben. En este sentido, como organismo representativo, el municipio de Villa María fue otra de las fuentes consultadas.

La directora del área de Discapacidad, profesora María José Villarreal, explicó que “la Municipalidad, a través de la Oficina de Empleo, realiza periódicamente talleres de capacitación para Personas con Discapacidad (PCD)”. Además puntualizó que “en el año 2003 se llevó adelante el Programa Sin Barreras”. Este constaba de una beca de entrenamiento laboral que les permitía a las PCD insertarse en un espacio laboral competitivo.

En referencia a esta experiencia, la funcionaria informó que “la mayoría de quienes participaron de esta instancia fue incorporada a la planta permanente o accedió a un contrato laboral”.

Posteriormente se mantuvo en casos excepcionales y en la actualidad la Oficina de Empleo local tiene en carpeta el Programa Promover, creado e impulsado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Si se hacen capacitaciones, si existen programas, si existe una Convención y también leyes, ¿cuál es entonces la situación laboral de este grupo?, le consultamos a María José:

“Lamentablemente son muy pocas las empresas que hoy permiten acceder a las PCD a su cupo de empleados y, en la mayoría de los casos, no acceden ni a un entrenamiento laboral sostenido por una beca. Es lamentable”, subrayó con angustia.

Nuestro país, desde el año 2003, tiene la Ley 25.785, que establece que las PCD “tendrán acceso a una proporción no inferior del 4% de los programas sociolaborales que se financien con fondos del Estado nacional”.

Remitiéndonos a esta legislación, desde el municipio se informó que, en la actualidad, en cada ingreso de trabajadores a planta permanente se emplea a las PCD que más trayectoria tengan dentro sistema laboral vigente; al menos 12 en los últimos años.

¿Qué pasa con los jóvenes con discapacidad cuando finalizan el trayecto educativo?

Hasta hace algunos años, las escuelas especiales no tenían definido un límite de edad para sus estudiantes. De esta manera se prolongaba la permanencia de adultos en estas instituciones. La mayoría de ellos sin una salida laboral posible, encontraba en este espacio un lugar de contención, pero ya no cumpliendo los objetivos educativos pedagógicos y/o de formación laboral que las escuelas tienen.

Con la modificación de esta reglamentación, muchos jóvenes y adultos (y sus familias) que culminan los trayectos en estas instituciones se encuentran con una realidad poco amigable en cuanto a la obtención de un trabajo en el ámbito formal.

Desde la Escuela Clotilde Sabattini (ex-Número 20), la trabajadora social Laura Samuel explicó que desde la escuela se realiza “capacitación laboral en áreas de alimentación y arte”. Asimismo, se promueven pasantías internas desde cuarto año y externas en sexto. Aunque aclaró que no en todos los casos éstas son factibles por las características de los estudiantes.

“Vemos con preocupación que el futuro laboral está condicionado por lo que ofrece el medio, y en la actualidad es muy escaso. Además existen limitantes por la escasez de profesionales o equipos que hagan los seguimientos en los espacios laborales”, consignó.

La realidad es que luego de las pasantías en empresas locales la actividad laboral no prospera, excepcionalmente cuando se trata de un emprendimiento familiar o bien, como señaló la profesional, ingresan a un taller protegido o van a un centro para adultos o son recluidos en el ámbito de la familia.

(En Villa María sólo hay un taller protegido y no tiene disponibilidad de cupo y un solo centro público para adultos).

En 2015 serán 15 los egresados de esta escuela. ¿Cuál será el futuro de estos jóvenes? Las familias se preguntan, se preocupan, se angustian. ¿Habrá espacios laborales? La realidad analizada hasta el momento dice “tristemente, no”.

La historia de Lucas

Lucas trabaja en la Municipalidad desde el año 2002. Se desempeña en tareas administrativas en el área de Convivencia Urbana y Derechos Humanos. Tiene una discapacidad motriz e ingresó al estamento a partir del programa local de inclusión “Sin Barreras”. “Me llamaron para que presentara un Currículum y participar de este programa. Había (y hay) mucha demanda laboral por parte de las personas con alguna discapacidad, por eso no tenía muchas expectativas. Sin embargo, ingresé al municipio; la idea era estar por un año y luego, mediante la firma de un convenio con AERCA y otras instituciones, se nos convocaría a cubrir algún puesto de acuerdo a nuestras “posibilidades” dentro del ámbito privado, oportunidad que nunca llegó, debido al hecho de que ni AERCA ni ninguna otra institución se dispuso a firmar dicho convenio, aunque desconozco las razones”, contó Lucas.

El recorrido laboral hizo que estuviese bajo el programa dos años, luego estuvo contratado tres años más y en 2007 ingresó como personal de planta permanente, cumplimentando la Ley de Cupo.

Según cuenta Lucas, no fue fácil la incorporación, hubo que hacer modificaciones edilicias para que él se pudiera manejar en su silla de ruedas, también se construyó un escritorio más bajo y se corrieron algunos muebles. En la actualidad, dice, “aún queda una deuda pendiente y es el baño adaptado”.

Por su experiencia e impronta personal es un referente en la lucha por los derechos de las PCD. “Hemos conseguido algunas conquistas en este espacio, sin embargo, creo que como colectivo nos falta mucho por hacer”, sostuvo.

Consultado acerca de cómo analiza la situación laboral de las PCD, se manifestó enfáticamente: “La demanda laboral en el ámbito privado sigue siendo mucha, creo que el factor principal de esto es el miedo que causa la desinformación de uno y otro lado. Creo que hay muchísimos obstáculos y no hablo sólo de los físicos, sino también de la falta de una educación que brinde herramientas de calidad que potencien las cualidades de las personas con discapacidad. A veces siento que hoy se educa para la ‘lástima’”.

Conclusión

Lo que la Convención de las PCD señala como un derecho universal, lo que la Constitución dictamina como ley, lo que debería ser, en definitiva, un derecho humano, aún es una deuda pendiente.

Si bien a través de esta aproximación cualitativa sobre la situación y perspectiva laboral no podrían definirse conclusiones generales, no es menos cierto el dificultoso transitar de las PCD para obtener un empleo formal.

La desinformación, cargada de mitos y tabúes, es una barrera a derribar.

Si pensamos y creemos en una sociedad más justa, se deberá trabajar en políticas más profundas, que no sólo comiencen cuando las personas finalicen sus tramos educativos, sino que se impulse una visibilización y concientización previa. Para que los futuros dueños de empresas, decisores, funcionarios -hoy quizás alumnos de primero, segundo o tercer grado de cualquier escuela- sepan que un mundo será más rico y más habitable si en él estamos todos, con iguales oportunidades.

Este trabajo fue producto de la presentación final para el curso “El enfoque de derechos humanos en discapacidad”, dictado por Apadim, Córdoba.