Una joven mujer que padece cistitis intersticial presentó un amparo para que la obra social le cubra el tratamiento. La Justicia Federal concedió la medida cautelar y mañana vence el plazo para que le entreguen los medicamentos a la paciente

Verónica Lerda tiene, desde que recuerda, la obra social de los trabajadores lácteos (OSPIL), dado que su padre era afiliado y su exesposo, también.

Mientras fue beneficiaria como hija o mujer de un empleado, no tuvo problemas con la cobertura, pero los servicios cambiaron cuando, por cuestiones personales, ella deja de ser beneficiaria directa y en su carácter de monotributista hace la opción por la misma obra social.

“Antes, me daban un carné con el que podía ir a cualquier prestador. Ahora, te dan uno que dice ´únicamente Cruz Azul´”, explicó Lerda junto a su abogado, Andrés Moreno.

“A mí me diagnostican la enfermedad cuando todavía tenía el otro carné y elegí, dentro de los prestadores de OSPIL, a los del Sanatorio Allende. Ellos siguen el proceso de la enfermedad controlando muy bien los síntomas y el dolor”, relató.

Sin embargo, cuando cambió su situación y se afilió a OSPIL como monotributista, le dijeron que no podía seguir con esos médicos, “salvo que pagara aparte para tener un plan superador”.

“Tampoco me cubrían el medicamento, que me cuesta 3.300 pesos por mes y es indispensable para tener un poco de calidad de vida”, indicó.

Frente a esa negativa, recurrió al letrado que la acompañó en el reclamo.

“Primero hicimos una carta documento para solicitar la cobertura. Fue en noviembre de 2015 y a los pocos días, respondieron que no se la iban a dar por no tener el mencionado plan superador”, explicó Moreno.

Frente a ese escenario, presentaron ante la Justicia Federal de Villa María un recurso de amparo y solicitaron una medida cautelar. Fue el 23 de diciembre y en febrero de este año, el juez Roque Ramón Rebak resolvió “sin que esto implique adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión”, intimar a OSPIL para que en el plazo de cinco días (que expiran mañana) “proceda a arbitrar los medios necesarios y pertinentes a los fines de otorgar a la amparista inmediata y plena cobertura asistencial, autorizando las consultas médicas en el Sanatorio Allende, como así también suministrarle el medicamento Elmiron-Pentosan Polisulfato Sódico en la cantidad necesaria para cubrir el tratamietno por el término de cuatro meses”.

“Desde que me negaron el tratamiento -septiembre 2015- a hoy, he seguido adelante con la ayuda de la familia. Pero no podemos más, porque la enfermedad tiene períodos críticos y sin la asistencia de ese profesional de confianza y la medicación, mi calidad de vida empeora”, concluyó Lerda.

El medicamento específico cuesta 3.300 pesos por mes para evitar las crisis por la enfermedad