Escribe Jorge Foa Torres
Docente, investigador de la UNVM y el Conicet
Tanto el presidente Mauricio Macri como el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, afirmaron recientemente que los cambios en los cuadros tarifarios del gas natural y la electricidad se justifican, entre otros motivos, en la lucha contra el cambio climático. De tal modo, la protección de la naturaleza aparece como uno de los ejes de la operación retórica por la cual la Alianza Cambiemos intenta legitimar su política energética. Y mientras el denominado “tarifazo” ocupa el centro de la agenda mediática y política se hace necesario poner en discusión la concepción de política ambiental y energética que las medidas del nuevo Gobierno dejan entrever.
Pero para ello y, en primer lugar, es necesario contextualizar histórica y políticamente a la relación entre causa ambiental y política neoliberal en América Latina. Mientras los gobiernos identificados como “populistas” suelen ser acusados de carecer de políticas ambientales y/o de ineficacia en su implementación, las derechas neoliberales gobernantes tienden, por el contrario, a recibir un trato benévolo por parte de comunicadores y divulgadores. No obstante, conviene recordar que la inserción de la “dimensión ambiental” en los Estados y mercados latinoamericanos desde mediados de los años 80 y durante la década de los 90 tuvo un fuerte sesgo neoliberal en la región. Tanto que podemos hablar de la preeminencia de un ambientalismo neoliberal que, en ese tiempo, se tradujo en la imposición del “patrón de desarrollo sustentable” en la región con consecuencias nefastas en términos de exclusión social, descomposición del tejido social, fragilidad institucional y, también, de degradación ambiental.
Esa ola de ambientalismo neoliberal de los 90 se sostuvo en la idea de la inexistencia de alternativas frente a la crisis que se debía enfrentar. De tal modo, el ajuste económico, las privatizaciones de bienes del Estado y la liberalización comercial se unieron a las políticas de auto-control empresarial en materia ambiental. Todo ello sostenido en la concepción de que la brecha entre los países sustentablemente desarrollados y los subdesarrollados podía ser superada a partir de la transferencia de tecnologías limpias protagonizada por las empresas multinacionales y transnacionales.
Es que toda crisis consiste en una construcción social que, si se quiere ser prudentes, nunca debe abordarse inocentemente. Máxime cuando esa crisis se inscribe en escenarios que propugnan una única alternativa política viable.
En la actualidad, la nueva ola de ambientalismo neoliberal promueve a las energías renovables como panacea para la lucha contra el cambio climático. En esa línea, el 17 de mayo de 2016 el Ministerio de Energía y Minería por Resolución ° 71 puso en marcha al programa RenovAr que convoca a generadores de energía eléctrica de fuentes renovables para presentar sus ofertas a los fines de ser contratados por el Mercado Eléctrico Mayorista a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa).
Tal convocatoria estipula como plazo límite para la presentación de ofertas al próximo 5 de septiembre y forma parte de, como ha señalado el asesor presidencial Horacio Reyser Travers, una de las más importantes fuentes de inversiones internacionales en moneda estadounidense que el Gobierno espera se produzcan en los próximos meses (que en este caso sería de alrededor de U$S2.000 millones). De tal modo, el mercado de las energías renovables formaría parte de la “lluvia de dólares” anunciada por el Gobierno de la Alianza Cambiemos.
Pero ¿en base a cuáles inversiones ese mercado se estructuraría? Pues principalmente en aquellas empresas transnacionales que constituidas en “líderes” en la generación de energías renovables y que son identificadas como las grandes jugadoras en el mercado internacional. Entre ellas, el Consorcio francés ENGIE aparece como un agente clave con presencia en más de 70 países. Pero a pesar de haber cambiado su denominación en 2015 esta corporación no es otra que el ampliamente conocido Grupo Suez. Consorcio protagonista de numerosas privatizaciones de servicios públicos en Argentina y América Latina durante los años 90.
En este marco, no debe perderse de vista que los nuevos marcos tarifarios son una condición de posibilidad clave, en términos de garantizar niveles suficientes de rentabilidad, para el arribo de las inversiones de corporaciones transnacionales que pueden conducir a un nuevo proceso de “modernización privatizadora” como en la primera ola del ambientalismo neoliberal.
Claro que frente a este panorama es necesario destacar la importancia de las energías renovables para la diversificación de la matriz energética de nuestro país. Pero lo que se busca poner aquí de relieve es la necesidad del debate en torno a la conformación del mercado de las energías renovables y el rol de Estado en ese terreno. Como así también que, a través de la crisis ambiental y la lucha contra el cambio climático, no se imponga nuevamente la teoría del “no hay alternativa” a la política neoliberal.
