Lo aseguró la especialista que participó en la elaboración de la normativa que se sancionó en 2014. Afirmó que la nueva ley asegura participación y derecho a información a la ciudadanía 

A mediados del año pasado, la Legislatura de la provincia de Córdoba aprobó una nueva Ley de Política Ambiental Provincial y la doctora Marta Juliá participó activamente del proceso de creación e implementación de la misma.

La secretaria de Educación Ambiental del Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) estuvo en la ciudad participando del Primer Encuentro sobre Transferencia, Responsabilidad Ambiental y Desarrollo Local (Petraydel) que se realizó en el Campus de la Universidad Nacional de Villa María días atrás y dejó su opinión acerca distintas aristas de la mencionada ley.

En primer lugar, Juliá dejó en claro que “nosotros ya teníamos una ley, no es que no existiera, lo que venimos a tener ahora son nuevos instrumentos y modernizar algunos”. Partiendo de esa base, consideró que “todavía es muy temprano” para poder observar cambios que se hayan producido a partir de la sanción de esta nueva legislación, porque “esto uno lo tiene que pensar como un proceso en el tiempo, entonces yo diría que de acá a unos cuatro o cinco años recién vamos a ver los efectos en todas las actividades nuevas, con todas las exigencias, las actividades que ya están y las exigencias nuevas que tienen”.

A partir de la nueva ley, Juliá especificó que los cambios para quienes inicien una nueva actividad se percibirán, ya que “tiene mayor control del que tenía antes, uno antes hacía un estudio de impacto, una evaluación de impacto y ahora además de eso tiene planes de gestión, auditorías, un seguimiento en la actividad para lo que uno proyectó hacer y se lo controla en el tiempo para que se haga de la manera que se dijo que se iba a hacer”.

“Para las actividades existentes también significa empezar a aggiornarse en muchas cosas”, mencionó la especialista, quien indicó que “la ley también trae esto de fijar nuevos estándares, a medida que van saliendo nuevos, se van a tener que ir acomodando a eso y eso siempre significa menos impacto al ambiente”.

Por otra parte, la nueva ley ambiental, sostuvo, garantiza “muchas cuestiones que tienen que ver con la información, con la participación ciudadana que trae la ley, se garantiza muchísimo el derecho a la información por parte de los ciudadanos, entonces uno se encuentra como ciudadano con muchos más instrumentos para pedir información, para opinar, para ser escuchado, participar y exigir; en esas cosas es muy fuerte y creo que próximamente se va a empezar a notar”.

Participación

Para Juliá, el proceso de conformación de la ley ha sido óptimo, ya que “han participado muchísimos actores, todos tuvieron la posibilidad de decir y para que te des una idea de la importancia de la participación, de un proyecto original de 36 artículos se terminó aprobando un proyecto de 98 artículos y tres anexos”.

“La ley receptó todas las sugerencias, modificaciones, agregados, de todos los actores que participaron y hubo un muy buen trabajo legislativo. Del proyecto original al proyecto que salió es mucho más completo, más rico, es más, el legislador a través de los distintos actores agregó cosas que uno desde la academia hubiera pensado que era imposible agregarlas en ese momento, sin embargo… Fue muy buena la participación”, detalló.

Su rol

“Participé en el equipo técnico que elaboró el primer borrador, que se mandó a la Legislatura, después asistí a todo el proceso, hice la sistematización de las opiniones y después todo el resto del trabajo se hizo en la Legislatura y en ese sentido solo ayudé a sistematizar información. Y luego en el proceso de reglamentación venimos colaborando un equipo técnico con el Ministerio con asesoramiento para ir avanzando.