El sistema previsional implica un ahorro forzado en razón de evitar responsables en la falta de ahorro y que el Estado siempre esté rescatando a los adultos mayores que quedan en la indigencia y sin amparo, ya que de no ser así y urgido por la ansiedad de consumir, el trabajador no ahorraría lo suficiente. El sistema está quebrado, hay más beneficiarios que ingresos a la ANSES, pero como la deuda con los futuros jubilados es una promesa no escrita, no se computa como deuda en el cociente de endeudamiento, y en la mayoría de países con sistema de reparto, el monto de esta deuda sin papeles alcanza el 100% del PBI.
En Argentina, a fin de pagar esta deuda contingente, el kirchnerismo tenía dos caminos: a) Licuar los beneficios aumentando la edad jubilatoria, o b) Actualizar a medias con la inflación, y además desconocer la acumulación de fallos contra el Estado, que fue la opción.
Otra cuestión que no se percibe en el sistema previsional es la mezcla de las cuentas públicas y las cuentas previsionales. Por ejemplo se habla del dinero de la ANSES, como si ese organismo tuviera superávit. Lo cierto es que lo que se paga por jubilaciones excede lo que se recauda de aportes y contribuciones.
En los 90 se pasó del sistema de reparto al de fondos de pensión privados, se asignó a la ANSES una porción de impuestos destinada a paliar el rojo del sistema público que dejaba de recibir aportes, pero seguía pagando a los jubilados existentes. Esta transferencia de impuestos no se eliminó cuando CFK nacionalizó el sistema de fondos de pensión, que es lo que genera el superávit y enmascara el déficit de ANSES. Ese déficit se fue agravando, y va a ir peor, porque la población envejece y se debilita la relación entre los trabajadores que pagan y los jubilados que cobran, y porque se profundiza cada vez más la tecnología que reduce el empleo, sin contar además, los juicios por mala liquidación de haberes con fallo firme de la Corte Suprema, que el Gobierno de Macri decidió pagar como una reparación histórica con el blanqueo de capitales.
Por consecuencia, con estos niveles de ahorro de los trabajadores, en 10 años se estaría perdiendo a valores de hoy el 1,5% del PBI por año, o sea unos $80 mil millones. Por ello, el Gobierno debe subir la edad jubilatoria, eso ayuda a generar un respiro al sistema y corregir las prestaciones con la aplicación de otra fórmula, pues el sistema fiscal se haría insostenible a futuro. Volvemos a una bifurcación para contener la suba del déficit: a) Subir la edad jubilatoria o b) Reducir beneficios. Entre estas dos variables, la oposición dice que los jubilados perderán todo, sin nada de autocrítica, ya que pergeñaron un perverso camino para sanear el costo que a ellos les insumía la voracidad de permanecer en el poder e ir por todo.
Los jubilados actuales y los futuros, de aquí en adelante, tendrán una fórmula de ajuste inédita en la movilidad de sus ingresos, que impedirá la licuación del valor jubilatorio y que fenómenos como la recesión o la inflación les generen un impacto adicional. Hasta ahora, en los años de inflación, tuvieron caídas reales de sus haberes del 13%. La oposición se enfoca en la foto de la reducción, pero cuando uno mira la película completa, hay otro resultado porque habrá un incremento real del 5% en 2018 que sigue al del 3% real de 2017, y uno de 2% previsto para 2019. La oposición desea sembrar miedo con una supuesta pérdida cuando en realidad el ingreso de los jubilados ganará en poder adquisitivo, cualquier otra medida sería un parche.
Pero también es necesaria esta corrección previsional, porque se firmaron acuerdos de largo plazo con las provincias a fin de cambiar algunos aspectos de la coparticipación que le beneficien, y para que eso funcione tiene que haber previsibilidad de los fondos del sistema, que no quiebre y que tenga una fórmula que deje de ser volátil entre años buenos y malos.
Esto es un intento de mejora, pero habrá que ir pensando que no será para siempre, y hacerse a la idea de ahorrar para la vejez, porque nadie ahorra por nosotros.
Romeo Benzo
