A favor de la auditoría al municipio

Luego de una transición bastante prolongada, asumió el intendente Martín Gill.

Su discurso de asunción, magnífico y esperanzador, cuyos conceptos comparto, parecen acompañar esa bocanada de “aire fresco” que recorre el país entero.

Su intención de redireccionar las políticas comunales hacia dentro del municipio, poniendo el acento en las necesidades de las personas como prioridad de su mandato, suena como música en mis oídos.

Ni hablar de su promesa de trabajar para lograr una gestión de puertas y ventanales abiertos, para que cada vecino sepa cómo se administra su dinero.                                  

Acompaño calurosamente su propuesta de reordenar los sistemas de control y auditorías para tornar más diáfano el manejo de las cuentas públicas.

Su mensaje se me antoja como una “buena nueva” que alumbra de manera auspiciosa su futura gestión.

Ahora bien: cuando el doctor Gill habla de inaugurar el “paradigma de gobierno abierto”, en materia de información pública, tal plausible iniciativa, a mi modesto juicio, contrasta con la conducta de su antecesor, Eduardo Accastello, que cerró todos los canales de información propios de un gobierno que pretende ser democrático.

La sistemática negativa de contestar los pedidos de informes cursados por los Concejales y Tribunos de la oposición, no sólo constituye una flagrante violación a la ley y a los deberes del gobernante, sino también un gesto de desprecio (teñido de una enorme soberbia) por las prácticas republicanas.

Villa María merece alguna explicación del “porqué” se autorizó la cesión del negocio del estacionamiento, mediante un documento en el que se falsificó la firma del cedente. Y solapada y ocultamente, se prorrogó el contrato originario, por un lapso que supera el tiempo del mandato del nuevo intendente, sin perjuicio de averiguar quiénes son los verdaderos beneficiarios de los dineros de que se aportan al sistema.

Si los directores de los entes beneficiados con “subsidios” supermillonarios van a seguir eludiendo el mandato legal de rendir cuentas.

Si la Asesoría Letrada va a seguir tercerizando el servicio de gestión de los litigios.

Si el abogado que cobró honorarios por una Jefatura de Gabinete que nunca ejerció, va a devolver los dineros recibidos indebidamente.

Si se podrá saber alguna vez cómo se gestionaron los dineros que se llevan invertidos en el Programa “Techo Digno”, por parte de contratistas que aparentemente no cumplieron sus obligaciones contractuales. Y varias “cositas” más.

Por ello, adhiero a la iniciativa de los concejales de la oposición, que hoy tomó estado público, de auditar las cuentas y la gestión económica del exintendente.

Creo que éstas, y otras varias y graves cuestiones, no pueden ni deben quedar en la nebulosa del olvido, o de un “punto final”.

El pasado es parte del presente y condiciona el futuro. Hace ocho años, el señor Accastello comenzó su gestión proclamando la transparencia como el eje central de su cometido, y culminó sus dos mandatos haciendo del ocultismo y la clandestinidad la impronta de muchas de sus acciones.

Un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia y sin futuro.

José B. Naselli
Extribuno de Cuentas
Vecino de la ciudad

Sin identidad

Me llamo Graciela Palma Arizaga, tengo entre 52 y 54 años, porteña o bonaerense, realmente no lo sé. Mi partida de nacimiento tiene datos inventados. Tengo DNI en su formato más moderno, pero lo que dice no es cierto. Tampoco puedo presentarme ante los médicos con la verdad ni responder sobre mis antecedentes.

Estudié ruso y supe muchos años después que mis orígenes serían en parte eslavos. Hice muchas cosas sin entender por qué las hacía o por qué me apasionaban y otras no pude, como por ejemplo, dibujar en la escuela mi árbol genealógico. Mirarme el ombligo me remitió siempre a un vacío, sin respuestas. Incluso en cosas banales como leer el horóscopo por ignorar mi fecha de nacimiento real.

Creí que era adoptada, pero descubrir la ilegalidad, la mentira, fue doloroso.

Cuando tomé conciencia de mi situación descubrí a muchísimas personas con las mismas incógnitas.

El derecho a la identidad es un DD.HH., legítimo, constitucional que tenemos cada uno de los ciudadanos: el derecho a conocer la verdad personal.

Vivimos una década donde no existimos para el Estado, donde al dolor personal sumamos el de sentirnos culpables porque nuestro año de nacimiento se transformó en una traba. Nuestras búsquedas no significan judicializar, no nos tienen que cambiar el apellido ni restituirnos.

Se hicieron las cosas mal, hoy lo sabemos, sin tener en cuenta las consecuencias, sin pensar en nosotros. Somos producto de una práctica social de muchos años que llevará tiempo cambiar pero no dudo que de a poco se revertirá.

En pleno Siglo XXI la mirada es otra y se trata de recuperar valores como el respeto y la dignidad. Hoy sentimos que es posible reiniciar el camino con honestidad, el valor de la palabra, con la verdad.

Pero necesitamos que primero la verdad sea parte de nuestra vida.

El Estado puede cumplir con su deber, ya tiene las herramientas necesarias: ampliación (y ordenamiento) de la Conadi y del BNDG.

Se puede trabajar en políticas públicas para que nadie más se sienta excluido porque los DD.HH. no son un negocio ni privilegio de algunos.

Señor presidente, creo en la Universalidad de los DD.HH., creo en sus palabras: honestidad, transparencia, diálogo, unión, verdad porque no son utopías, así debería haber sido siempre.

Le pido que el derecho a la identidad en su completa dimensión forme parte de su agenda. Trabajar por la verdad, en la verdad y desde la verdad es posible, sin peleas, sin agresiones. La verdad, sana.

Graciela Palma Arizaga
DNI 16.496.527