La inseguridad jurídica es uno de los sentimientos que más angustian en este momento. Se percibe tramposa la realidad y todo se vuelve precario. La sensación de injusticia nos inunda y la vivimos como náufragos librados a la suerte.

En democracia, la ley y su aplicación deben buscar, siempre, de buena fe y de manera previsible, construir una sociedad justa, igualitaria, equitativa y solidaria, y, con mayor razón, en este momento de tremenda crisis social, económica y política.

Resulta importante reflexionar sobre la profunda y desagradable sensación de desazón que existe en nuestra sociedad. Esta sensación tiene mucho que ver con la crisis de una política, como la actual, que tornó absoluto un modelo económico, sin compensarlo o adecuarlo a una estrategia integral de desarrollo humano y de país, lo que ha generado, entre otras manifestaciones, una particular división de nuestra sociedad.

En la realidad palpable de nuestra Argentina se puede observar la existencia de tres grupos que socialmente viven de manera patológica el sistema que nos rige. Ellos son los que podemos denominar como los privilegiados, los excluidos y los rehenes.

Los privilegiados

El grupo de los privilegiados lo componen los que tienen tanto poder económico, mediático y decisorio que pueden darse el lujo de tomar del sistema lo que les conviene y desobligarse del mismo en lo que no les resulta útil. Sus integrantes, particularmente organizaciones empresariales multinacionales o sectores importantes de naturaleza económica-financiera, en los hechos, presentan más poder que el propio Estado y lo condicionan. Además, operan en red, manejan servicios esenciales y no responden, necesariamente, a un patrón de país. Incluso, se dan el lujo de colocar a sus gerentes (CEO) para gestionar funciones gubernamentales. Su avidez de beneficio les ha permitido tener, en los últimos tiempos, significativas ganancias, logrando incluso rebajas impositivas, como es el caso de las empresas mineras. El accionar de este grupo, a veces sin límites desde el derecho, deja en claro el desequilibrio del sistema funcionando en favor de los más fuertes.

Los excluidos

Los excluidos son los pobres de la nueva realidad, respecto a los cuales el Estado se ha retraído. Antes dicho sector, aún en su precariedad, estaba en el sistema. En él tenían trabajo, aunque más no sea “changas”, asistencia de salud, ayuda social y educación pública, calificada y gratuita. Hoy ellos tienen pocas posibilidades de conseguir trabajo; la cobertura de salud está muy condicionada por la precariedad económica de la política pública en la materia; la ayuda social sistemática y organizada de promoción y transformación tiende a desaparecer y, fundamentalmente, la escuela pública y gratuita, deteriorada por las carencias, va perdiendo posibilidades de permitir la salida de la pobreza desde la adquisición de un conocimiento adecuado a las nuevas necesidades.

Además, se trata a los pobres como sinónimo de delincuencia. Por todo lo cual, este sector siente que no tiene nada que perder ni ganar en el sistema. Perciben que se les ha soltado la mano, están excluidos, aunque se diga que se quiere eliminar la pobreza.

Los rehenes

Los rehenes terminan siendo la otrora fuerte y mayoritaria clase media argentina que sufre especialmente la ruptura de las lógicas del sistema consagrado constitucionalmente. Es el sector de la pequeña y mediana empresa, de los profesionales, de los docentes, de los empleados públicos, del comerciante minorista, de los trabajadores especializados, etcétera. A ellos el Estado les aumenta la presión fiscal y los costos de los servicios (gas, electricidad y otros); no defiende con la firmeza necesaria la producción nacional; se les rebajan los salarios por la inflación; no cumple debidamente con sus obligaciones de naturaleza previsional y, además, se muestra proclive a dejar todo librado sólo al mercado, pero no garantiza una competencia leal, permitiendo actitudes monopólicas u oligopólicas de los poderosos y generando discriminaciones en favor del capital extranjero.

Por su parte, el grupo de los privilegiados a este grupo le precariza, cada vez más, las condiciones de subsistencia. La presión financiera o la amenaza del desempleo son algunas de las armas utilizadas para condicionarlos.

A su vez, es el sector al que con más frecuencia se lo hace víctima de delitos, especialmente contra la propiedad, lo que agudiza la herida que sufre. Este grupo es el que está en el sistema, aunque no lo vive con satisfacción, sino como un encierro. Se los tiene de rehenes de las reglas que les exigen, por lo general, obligaciones pero en el que no pueden hacer valer sus derechos integralmente y de manera eficaz.

Evidentemente, ante el panorama desarrollado es urgente e imprescindible trabajar para superar estas patologías que angustian y hacen involucionar la vocación cívica y la credibilidad de una democracia posible, con justicia, igualdad y equidad para todos.

Miguel Julio Rodríguez Villafañe
Abogado constitucionalista y periodista