Acerca de la “ilegalidad de la ¡Quiniela Ya! en Córdoba”

De acuerdo a alguna prédica gubernamental, potenciada especialmente desde el primer Gobierno de José Manuel de la Sota, se impulsa el juego sosteniendo que ello trae trabajo, obras, turismo y posiciona a Córdoba en el mundo. La realidad ha demostrado y demuestra que lo referido no es verdad. 

Todavía recuerdo, con preocupación, una audiencia con el gobernador a mediados de diciembre de 1999 que solicitamos los integrantes del equipo de Pastoral Social del Arzobispado de Córdoba, con motivo de la Ley de Reforma del Estado que se discutía en esos días. En ella, el gobernador José Manuel de la Sota nos decía que en una provincia como la nuestra, donde no hay cataratas, nieve, glaciares ni otros atractivos para el primer mundo, sólo el juego sería el incentivo para invertir y atraer turistas. 

Desde esa visión, se hacía aparecer que nuestro futuro económico dependía, en gran medida, de los juegos de azar. 

Incluso, se hizo propaganda de la provincia como “Córdoba, la mayor cadena de casinos del país”. Todo lo que era y es inaceptable y se le hizo saber al gobernador nuestra postura contraria a su criterio.

Si bien el juego de apuestas puede ser, a veces, una actividad recreativa, es sabido que en exceso e incentivado por el Estado se puede transformar en un arma en contra de la comunidad, ya que es generador del vicio de jugar compulsivamente o ludopatía. Problema este último que ha llevado a la ruina a personas, familias, empresas y pueblos. También, incluso, al abandono de niños en la puerta de casinos. 

A nadie escapa, además, que alrededor de los casinos tienden a crecer focos sépticos de usura, prostitución y droga. Sin dejar de significar que el casino siempre gana.

Prohibición de casinos, bingos y tragamonedas 

En la ciudad de Córdoba está prohibida la instalación de salas de casinos y de bingo con máquinas de juego o tragamonedas (slots) en un radio de 20 kilómetros tomados desde la plaza San Martín, (Ley 8.665, Título III, art. 3 reformado por la Ley 8.837 y la Ordenanza Municipal 11.684). Ha sido siempre voluntad de los vecinos de Córdoba no tener en la ciudad ese tipo de establecimientos.

La potestad provincial de legislar sobre los juegos de azar (artículo 104, inciso 39 de la Constitución Provincial) nunca puede pasar sobre la voluntad de los vecinos en lo que respecta al tipo de ámbito humano que quieren conformar en su ciudad. 

Esto último hace a la ecología espiritual bajo la cual queremos llevar adelante nuestra sociedad cordobesa y el Gobierno provincial no puede forzarnos a cambiar porque ello es inconstitucional y viola la autonomía del municipio (artículo 180 de la Constitución Provincial). A lo que hay que sumar, en el caso de las tragamonedas, bingos o sistemas similares, que éstos tienden a ser tentadores, especialmente para los más débiles económicamente y les sacan lo que no tienen.

No obstante lo claro de las disposiciones legales mencionadas, hubo varios intentos de torcerlas. 

Intentos de torcer la norma

El gobernador De la Sota, el 1 de abril de 2004, por Decreto 293, llamó a una licitación para la construcción en la ciudad de Córdoba de un centro de congresos y convenciones y, en ello, permitir la instalación de cinco locales de bingo, distribuidos en la ciudad. Y se agregaba, en  el decreto, que todo esto se hacía “con el objeto de reposicionar a la provincia como polo de la cultura en sus diversas manifestaciones y revalorizar su tradición universitaria”. 

El objetivo y la fundamentación era un insulto a nuestra verdadera cultura y tradición universitaria cordobesa, que no puede hacerse que dependa del capital de empresas que exploten bingos. En ese momento, el intendente Luis Juez y la sociedad se opusieron y no prosperó la iniciativa.

Luego, el Gobierno de Córdoba, a través de Lotería de la Provincia, el 13 de enero del año 2007, publicó en diarios, un llamado a licitación pública nacional para la «provisión, instalación, puesta en marcha, operación y soporte técnico necesario» para la prestación de un servicio de casino online. Lo que afortunadamente no avanzó.

Después, en diciembre de 2012, a raíz de un informe realizado por el equipo periodístico del Canal 10, se pudo saber que la empresa Boldt, del juego de la provincia de Buenos Aires, proponía la instalación de máquinas de quiniela instantánea. Proyecto que no pudo seguir adelante, pero que tenía similitudes a lo que ahora se impuso por el Gobierno provincial.

No a la ¡Quiniela Ya!

Así, en enero de este año 2017, no obstante la ilegalidad que implica, la Lotería de la Provincia de Córdoba puso en marcha un nuevo juego denominado “¡Quiniela Ya!”. En el juego el apostador hace su apuesta, como si fuera la quiniela tradicional, pero tiene el resultado de inmediato y sabe si ha ganado o perdido. Si ganó, cobra en el acto el premio. El pago instantáneo lo hace muy parecido a la lógica de las máquinas tragamonedas, prohibidas en la Ciudad. Ilegalmente, se empezó a implementar y el intendente Ramón Mestre, con razón, clausuró las agencias de quiniela que lo llevaron adelante en la ciudad de Córdoba.

Si bien el gobernador Juan Schiaretti se ha expresado en contra de lo implementado por la Lotería, es de mucha importancia que el Gobierno de la provincia haga respetar la ley y la voluntad de los cordobeses en el tema. 

Además, por las razones constitucionales antes mencionadas, no puede imponerse la ¡Quiniela Ya! a las ciudades o poblaciones cordobesas que no lo quisieran. 

Dr. Miguel Julio  Rodríguez Villafañe, abogado constitucionalista, periodista, ex-convencional municipal constituyente de la ciudad de Córdoba