Lo señaló Agustín Ferrer, de la agencia, a EL DIARIO. Hasta ahora hubo poca demanda. Las consultas principales fueron por cuestiones familiares, como divorcios o aspectos alimentarios. También apareció lo habitacional

Hasta ahora, las personas que concurrieron a la sede villamariense de la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO) tenían un “vago conocimiento” sobre sus derechos y una carencia total de información sobre adónde acudir y con qué herramientas contaban para ejercerlos.

Así lo señaló, en diálogo con EL DIARIO, Agustín Ferrer, uno de los secretarios de este programa que surgió del Ministerio Público Fiscal de la provincia.

La ATAJO local abrió el 23 de mayo pasado en el Centro Misionero San José, ubicado en calle Intendente Reyno 850 de barrio Felipe Botta, el que depende de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes de barrio Florentino Ameghino.

En estos primeros dos meses de labor solo atendieron los lunes. Por el momento seguirá así, aunque la intención es extenderlo a más días, algo que “por ahora no podemos hacer por falta de personal”. Funciona de 10 a 14.

Hasta el momento no existió una fuerte demanda. “Estuvimos bastante tranquilos en cantidad de consultas, quizás no hemos tenido una difusión masiva y por eso estamos insertándonos de a poco en el barrio”, señaló Ferrer ante la pregunta de este matutino.

Explicó que intervinieron en situaciones tanto por acercamiento de la gente al centro misionero como también por otras vías. Por ejemplo, “en el quiosco del barrio la señora nos reconocía como miembros del programa y nos hizo la consulta allí”. También actuaron ante la difusión de un caso a través de la prensa, “poniéndonos en contacto con las personas involucradas para informar sobre el programa”.

Sobre los motivos de las consultas que se desarrollaron en estos casi dos meses, Ferrer precisó que “la mayoría estuvo vinculada a cuestiones familiares, en general sobre lo alimentario y divorcios, también algunas sobre discapacidad o cuestiones habitacionales”.

En este último sentido, comentó que “el barrio tiene una particularidad: hay pocas casas escrituradas y muchas casas con muchas personas con miedo al desalojo o temores de usurpación”.

“La particularidad del programa es que no se presenta como la solución a los problemas sino que se constituye como herramienta para que las personas carenciadas o grupos con cierta vulnerabilidad social puedan comentarnos sus problemáticas y nosotros articular con ellos, hacerles conocer sus derechos e informarles sobre cuáles son las herramientas, las que muchas veces no dependen de nosotros sino que están instauradas en otros organismos”, definió el funcionario.

Lo que se persigue es “garantizar que las personas conozcan si ante la situación que están viviendo tienen derechos y la manera que tienen de hacerlos valer, y acompañarlos en ese proceso para hacer efectivo su derecho, pero nosotros no resolvemos”, aclaró.

En este contexto, y ante la pregunta periodística, dijo que “en la mayoría de los casos había un conocimiento vago del derecho que tenían y además carecían de toda información sobre la forma de hacerlo efectivo, adónde concurrir, el procedimiento a llevar a cabo” y demás.