El caso de José Amaya – Entrevista con el joven que hizo una pirueta que dañó su salud cuando tenía 15 años

Está sin tratamiento médico y lleva casi dos años sin trabajo. El monto que debe abonarle el municipio “es muy grande”, pero todavía ni siquiera consiguió lo que más busca: un empleo y un hogar

José Amaya se accidentó cuando realizó una pirueta en el Salón de los Deportes el 6 de enero de 2000, lo que le generó una tetraparesia. Tenía 15 años y asistía a clases deportivas que desarrollaba el municipio en el espacio de Corrientes y Carlos Pellegrini.

En diversos fallos, la Justicia condenó a la Municipalidad de Villa María -aunque también atribuyó responsabilidades a los padres del por entonces adolescente-, pero el Estado local nunca pagó.

El hecho se registró en los primeros días del primer mandato de Eduardo Accastello. El largo período accastellista encontró a Amaya sin respuestas, y cuando asumió Martín Gill, en diciembre de 2015, sus esperanzas renacieron.

Sin embargo, continúa esperando (ver recuadro con la voz oficial).

“El 1 de marzo de 2017 me llamó el intendente Gill. Yo le había escrito una carta. Nos juntamos recién en septiembre”, describió.

Contó que Gill lo remitió a hablar con el abogado Eduardo Rodríguez, asesor letrado de la comuna, de quien -asegura- encontró “muy mala predisposición”.

También tuvo una reunión con Gill, Rodríguez, Oscar Barroso (también abogado del Gobierno local) y quien lo representa, Virginia Achad. Fue en septiembre pasado.

“La oferta fue muy escasa. Yo había acudido con la intención de bajar hasta un 50% de lo que me corresponde. Me ofrecieron un trabajo y una casa, todo en algún lugar o en algún momento. Nada concreto. Pedí algo más, para que me redituara”, precisó Amaya a EL DIARIO.

José propuso que se le entregara un departamento en lugar de una casa y en principio le dijeron que sí. Cuando les transmitió los valores de los inmuebles que sugirió, no tuvo más respuestas.

Prácticamente luego no tuvo más noticias.

“Rodríguez nunca más atendió los teléfonos de Virginia -su abogada- ni el mío. Barroso nos contesta a veces”, aseveró.

Confesó estar “harto” de este cuadro y afirmó que su salud “se está deteriorando”.

Hace dos años que se encuentra sin trabajo, luego de un amplio período desempeñándose en la administración médica en clínicas de la ciudad. Casi el mismo tiempo lleva sin tratarse. “No tengo obra social”, resaltó.

El municipio, en un escrito enviado a este medio ante nuestra consulta, afirmó que se cumplió parcialmente con la sentencia.

Amaya respondió tajante cuando este cronista le preguntó qué le había dado el Estado: “Nada, indiferencia. En el período anterior ni siquiera te hablaban, ahora Martín Gill te escucha, puso la cara, pero nada”.

“Los cuatro fallos judiciales fueron a mi favor. Los números (dijo en relación al monto de dinero que debe abonarle la comuna) no salen de mi cabeza: los dispusieron los jueces”, destacó Amaya.

“No busco hacerme millonario. Busco mi rehabilitación y mi calidad de vida. Les pedí trabajo porque eso te hace sentir útil, adaptado a la sociedad. Al principio ni siquiera quería la casa, porque pensaba que hay personas que la necesitan más”, manifestó.

El entrevistado consideró que “al municipio es al que más le conviene que charlemos”, teniendo en cuenta que por disposición judicial el monto en cuestión “es muy grande”. “Con la deuda que tienen conmigo, qué más quieren que sentarse a hablar”, se preguntó.

En un momento de la charla, expresó que siente que le “tomaron el pelo”.

“La última pericia médica, hace 50 días, reflejó que mi cuerpo se está deteriorando, que puedo volver a estar en silla de ruedas y que necesito todos los tratamientos: neurorehabilitación, equinoterapia, hidroterapia, nutricionista, psiquiatría, psicología, urología. No pienso volver a estar en silla de ruedas”, declaró.

Había estado en silla de ruedas casi un año tras el siniestro. Hoy se moviliza con el apoyo de un bastón canadiense. Está esperando, desde hace ya más de 18 años.

El municipio asegura que parte de la sentencia fue cumplida

La voz oficial: “El municipio ya tiene una propuesta para avanzar”

Ante la consulta de EL DIARIO, el Gobierno encabezado por Martín Gill respondió por escrito a través de voceras.

“El reclamo proviene en el marco de una sentencia que condena al municipio, y que fue parcialmente cumplida, debido a que había un rubro cuya determinación fue diferida al momento de la ejecución de la sentencia. El mismo tenía que ver con garantizar a Amaya la posibilidad de cobertura en servicios esenciales”, indicó el escrito oficial.

“Para esa etapa, el municipio vino llevando adelante una serie de gestiones entre Asesoría Letrada y los representantes jurídicos de la parte actora y, en ese marco, se determinaron los rubros sobre los cuales trabajar, relacionados con la situación laboral, habitacional y cobertura médica”, apuntó.

El Gobierno aseguró que “en los tres casos, el municipio ya tiene una propuesta para avanzar”.

E incluso sostuvieron que días atrás la Asesoría Letrada y Jefatura de Gabinete “volvieron a tomar contacto con la parte, a los efectos de poder acercar las posiciones y, si se comparten los criterios, poder firmar el acuerdo”.