Un funcionario cordobés estuvo ayer en Villa María para recibir toda la documentación que estaba en poder de la Delegación. Cerca de un centenar de militantes se hicieron presentes para repudiar pacíficamente la medida del Gobierno nacional

La Delegación Villa María de Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) cerró ayer sus puertas y dejó de funcionar como tal, luego que un funcionario del ex-Comfer recibiera de las autoridades locales toda la documentación labrada en la dependencia estatal.

La medida dispuesta por el Gobierno nacional movilizó a casi un centenar de militantes de distintos sectores, quienes se hicieron presentes con bombos y redoblantes frente a la delegación de Chile 251 para “abrazar” simbólicamente la sede de AFSCA y acompañar a los tres trabajadores que fueron cesanteados recientemente.

Desde poco después de las 14 y hasta que concluyó la “visita” de Martín García Prado (llegó pasadas las 16 y se retiró a las 18.30), los manifestantes hicieron oír su voz de protesta en medio de un sofocante calor, pero también expresaron su apoyo a la Ley de Medios, por la que distintas organizaciones sociales se vienen reuniendo en la ciudad desde hace un par de semanas para evitar que sea definitivamente anulada, como lo pretende el presidente Mauricio Macri.

Los activistas se autoconvocaron a través de las redes sociales y llamaron a “defender con uñas y dientes” una ley que fue consensuada por toda la sociedad y su constitucionalidad plenamente avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ni bien llegó, el funcionario cordobés fue recibido por el delegado coordinador de AFSCA Villa María, Osvaldo Iachetta, quien con la presencia de una escribana hizo entrega de todos los documentos requeridos.

En diálogo con EL DIARIO, García Prado precisó que el trámite que venía a realizar era meramente administrativo y que se limitaba a aspectos contables y jurídicos. No obstante, admitió que la medida adoptada había ocasionado el despido de 10 trabajadores, entre los que están Iachetta y sus compañeros de la Delegación local, Ariel Torti (de Bell Ville) y Luis Gatti (de Río Cuarto).

Por su parte, el delegado coordinador de Villa María expresó: “Lo que vivimos hoy es un paso más del Gobierno nacional para tratar de desarticular y vaciar de contenido una de las políticas públicas más insignes que hemos conseguido en la última década”.

Iachetta sostuvo que “a Macri no le interesa tener una ley de estas características” y lamentó que “ahora va a haber traspaso de medios, se va a profundizar la concentración mediática y cualquiera va a poder presentarse para obtener una licencia, aunque no posea idoneidad o mantenga deudas con el Estado, e incluso antecedentes delictivos durante la época de la dictadura”.

“Evidentemente -continuó- lo que anima a este Gobierno es un modelo comunicacional que se parece mucho al modelo mexicano, donde los grandes medios pueden blindar y hasta ‘apretar’ a los políticos para desarrollar libremente sus negocios económicos”.

De todos modos, Iachetta aseguró que “todavía hay mucho por defender” y dijo que no cree que el retroceso que todo esto implica sea definitivo: “Vamos a salir a defender esta ley en las aulas, en los barrios, en el Congreso de la Nación… vamos a salir a ocupar las calles para ponerle límite a todo esto”.

Consultado sobre si el avance del Gobierno sobre la Ley de Medios era una “devolución de favores” al Grupo Clarín, opinó que el denominado “círculo rojo es un actor fundamental y llega un momento en que cuando alguien apuesta a un proyecto político como lo hizo Clarín, pasa a cobrar”.

Cuando promediaba la tarde, se conoció que dos jueces federales de la Ciudad de Buenos Aires y San Martín hicieron lugar a sendos amparos presentados por una asociación de consumidores y una organización de comunicación popular, dejando interinamente sin efecto los decretos mediante los cuales el presidente Macri intervino AFSCA, desplazó a su Directorio, disolvió el organismo y eliminó los aspectos centrales de la Ley de Medios.

Los amparos, que incluyen una medida cautelar interina, fueron dispuestos por el juez federal Nº 7 en lo Civil y Comercial de la Capital Federal, Iván Garbarino, en la causa iniciada por la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores, y la jueza federal Nº 2 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, Martina Forns, en la causa promovida por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social.

Sobre estas medidas judiciales, Iachetta se mostró cauteloso y dijo que hay que esperar cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días, y si efectivamente se logra reponer en sus cargos a las autoridades depuestas.