Canals

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, aplicó una importante sanción económica a un productor agropecuario, elaborador de chacinados y comerciante de la localidad de Canals, por haber cometido múltiples y graves infracciones en el marco de la Ley de Carnes y del Código de Convivencia.

En total, el infractor deberá hacer frente a una multa de 100.000 pesos: 40 mil por el faenamiento clandestino de animales porcinos en un establecimiento de la zona rural con ánimo de lucro, sin contar con la habilitación respectiva ni con un servicio de inspección sanitaria. Además, lo obtenido de dicha faena era comercializado en una carnicería de su propiedad. Se trata del monto más elevado por este tipo de faltas.

Los restantes 60 mil pesos se aplicaron por no señalar los porcinos de su propiedad mayores a seis meses, por no registrarse ante el municipio como ganadero y por no poseer boleto de señal ni documentación respaldatoria sobre la existencia de los animales en su campo, entre otros aspectos.

Cabe señalar que en Canals se produjo, a mediados del mes pasado, un brote de triquinosis que a la fecha suma 463 casos. Los afectados señalaron el local comercial del infractor como el lugar en el que adquirieron los cortes de carne, chacinados o embutidos que consumieron antes de comenzar a padecer los síntomas de la enfermedad.

Antecedentes

El sábado 14 de julio se tomó por primera vez conocimiento de la existencia de cuatro posibles casos de triquinosis en esa población del Departamento Unión. Ese mismo día, el Ministerio de Agricultura y Ganadería se contactó con la autoridad bromatológica local y se coordinaron acciones, como el decomiso preventivo de todos los subproductos de origen animal que no poseían rotulación.

El lunes 16 de julio, los casos notificados al Ministerio de Salud ascendían a diez, por lo que se intensificaron las tareas conjuntas con el área de Epidemiología y el Senasa en el lugar. Luego de las averiguaciones correspondientes, y sobre todo con datos de los afectados, se llegó al campo del productor señalado, donde se constató que el establecimiento rural tenía más de 200 porcinos y el RENSPA se encontraba bloqueado desde 2014.

También se observó que en el lugar se faenaba y se comercializaba lo obtenido en una carnicería de Canals del mismo propietario, y parte de los cortes eran utilizados como materia prima para la elaboración de chacinados.

Posteriormente, se continuaron desde las áreas provinciales mencionadas y desde el municipio más operativos, que incluyeron la clausura de la boca de venta, el decomiso de mercadería, interdicciones de animales y retiros de alimentos de góndola.

Además de las sanciones económicas y administrativas detalladas, la Justicia, a través de la Fiscalía de La Carlota, actuó de oficio días atrás e imputó al productor y comerciante.