El juez federal debe analizar el recurso que se planteó para frenar el incremento en el servicio. “Para qué nos sirve el Estado si no nos puede proveer un elemento esencial a un precio justo”, señaló a EL DIARIO el abogado y concejal Carlos De Falco

El juez federal de Villa María, Ramón Rebak, ya tiene en análisis un recurso de amparo presentado por la auditora general de la ciudad para frenar el incremento en la tarifa de gas.

Alicia Peressutti, patrocinada por el concejal justicialista y abogado Carlos De Falco, concurrió ayer a la mañana a la sede judicial de calle 9 de Julio e interpuso el recurso, con el que se busca dejar sin efecto las resoluciones que habilitaron los aumentos. También se pidió una medida de no innovar, para que se ordene a la empresa y al Ministerio de Energía de la Nación que retrotraigan la situación, como medida preventiva mientras se sustancia el proceso.

El amparo se presentó “porque resulta irrazonable el aumento” y porque “el gas no es una comodidad ni es solamente para cocinar”, sino que “tiene una función muy importante que es la salud”.

“En zonas como la nuestra, a la salud hay que cuidarla y en invierno se cuida con calor. El gas es esencial para la vida humana y por lo tanto es un derecho humano inalienable, no es un lujo”, remarcó De Falco al dialogar con EL DIARIO poco después de presentar el amparo.

Los fundamentos jurídicos de la acción impulsada por la Defensoría del Pueblo son dos: por un lado, no se cumplió con lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 43 y las leyes dictadas en consecuencia, al disponerse un aumento exorbitante sin audiencia pública.

En segundo lugar, el otro elemento de inconstitucionalidad radica en la irrazonabilidad.

“Si dejáramos de lado el procedimiento de la audiencia y miramos el aumento solo, lo vemos ciertamente irrazonable. El artículo 28 de la Constitución dice que todo el actuar del Estado tiene que ser razonable, darse para cumplir un fin específico del Estado. Entonces si dictas una norma con semejante aumento deviene irrazonable, no hay ninguna variable económica de ingreso de la población que supere el 30%, entonces no puede haber aumento del 1.000%”, explicó De Falco.

El letrado advirtió que “no es que no hay voluntad de pago: no hay capacidad de pago”.

“Es tan irrazonable que la gente ha comenzado a apagar los calefactores y van a comenzar los problemas de salud, de hecho los hospitales están llenos, vemos la gripe entre nosotros”, graficó.

-Ustedes solicitaron una medida de no innovar. ¿Qué ocurriría con quienes ya abonaron la factura?

-Pedimos que Ecogas brinde un crédito para la factura que viene por los importes ya abonados de más, de acuerdo al cuadro tarifario anterior. Y que se realice una refacturación para aquellos que no pagaron.

-¿El juez tiene un plazo para resolver?

-No, pero el amparo es una acción expedita y rápida, por lo que debe tramitarse en tiempo breve, aunque tenemos que tener en cuenta que el juez tiene también a su cargo el Juzgado Federal de Bell Ville. Conociéndolo, se va a abocar inmediatamente a tomar una resolución.

-Si la Justicia da curso al amparo, ¿a quiénes favorecerá?

-Hemos pedido que sea a favor de toda la comunidad villamariense.

El amparo está presentado por la auditora en representación de todos los ciudadanos y por dos vecinos particulares para demostrar la situación.

Son dos casos testigos, el de un vecino de barrio Roque Sáenz Peña que pagó 275 pesos en el mismo bimestre del año pasado y ahora 1.400 pesos, y el de una empleada doméstica que vive en barrio San Justo y en su momento abonó 126 pesos y ahora 1.400 pesos.

Además, la auditora recabó planillas con 1.746 firmas, más las que se van a juntar hasta el lunes, como para que el tribunal tome conciencia de que esto no es algo particular ni de índole política. El tribunal tiene conciencia de esto, pero es para que quede en el expediente. Evidentemente algo está mal: primero tuvimos la quita del subsidio, que ya es una suba, y después el aumento. Creo que el Estado nacional tiene que rever esta situación.

-El Gobierno puso en las últimas horas un tope del 400% en el caso de los hogares. ¿Modifica en algo a este planteo?

-Para mí, no. El incremento es una barbaridad. No hay habitante que haya tenido un aumento de su sueldo en este porcentaje.

A lo mejor tiene que haber un ajuste, pero el límite del mismo es la capacidad de pago. Cuando el incremento sobrepasa esa capacidad, el Estado no nos sirve. Para qué nos sirve el Estado si no nos puede proveer un elemento esencial a un precio justo.

-Mucha gente se pregunta si tiene que pagar la boleta o no.

-Opinar de esto me parece que sería entrar en una futurología o algo que no lo tengo como concreto. Pero hay una realidad: hay mucha gente que no va a pagar porque no puede. Esto hay que tener en cuenta. Hay vecinos que no pueden. Hablaba con un empleado que gana 12 mil pesos, tiene dos hijos, un alquiler de tres mil y le llegó la factura a 2.400 pesos. Es irrazonable por donde se lo mire. Hay una visión de la realidad circunscripta a lugares muy pequeños. Creo que el ministro de Energía tiene que replantearse su actuación.

-¿Qué ocurriría si el juez no da curso al amparo?

– En ese caso, tenemos las vías recursivas ante las Cámaras federales. También podría haber recurso ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos. No soy experto en gas, pero a raíz de esto estudié el tema y he leído sobre el asunto: todos lo catalogan al servicio como un derecho humano básico, lo que da pie para acudir a cualquier organismo internacional denunciando a Argentina por violación a los derechos humanos. De todas maneras he observado que muchos juzgados federales han comenzado a expedirse en el país.