Permanece en la Justicia cordobesa como un fallecimiento de “etiología dudosa” y con dos médicos del Hospital Neuropsiquiátrico sospechados, pero no imputados

Escribe Diego Bengoa
De nuestra Redacción

A más de dos años y medio de la muerte del adolescente villamariense Joel Solá, la causa judicial se encuentra virtualmente paralizada, ahora por la ausencia de fiscal en la sede en la que se investiga el suceso.

De esta forma, el caso va camino a tener su tercer fiscal, mientras sigue caratulado como “muerte de etiología dudosa” y desde el Poder Judicial no se han logrado despejar las dudas que envuelven al hecho.

Como se conoce, las “actuaciones labradas” con motivo de su fallecimiento se realizan en la capital cordobesa, ya que en esa ciudad murió el pibe en noviembre de 2014 (ver recuadro), mientras se encontraba en manos de representantes del Estado provincial por orden de la ya jubilada jueza de Menores, Cecilia Fernández, rumbo al cuestionadísimo Complejo Esperanza.

En principio actuó el fiscal Rubén Caro, quien le dio impulso a la investigación ordenando una serie de medidas. Convocó a un comité de ética y mala praxis y cuando tuvo los primeros resultados giró la causa a su par Liliana Sánchez, ya que el estudio puso bajo la lupa al Hospital Neuropsiquiátrico, que se encuentra en la jurisdicción que le corresponde a Sánchez.

Esta fiscal ordenó una nueva intervención del Comité de Etica porque, según se conoció, se necesitaban profundizar algunas cuestiones. Previo a ello, colocó bajo sospecha a tres médicos, dos de ese centro asistencial y uno de Policía Judicial. No los imputó, sino que los “pseudoimputó” utilizando el artículo 80 del Código Procesal Penal para que designaran abogados y peritos.

El nuevo análisis arrojó una conclusión por demás llamativa: no excluyó ni confirmó la mala praxis médica, dictamen que se conoció en marzo pasado. Sí quitó de responsabilidad al médico de Policía Judicial, aunque de todas formas como no estaba imputado tampoco se lo tiene que sobreseer, según subrayó una fuente judicial.

Desde entonces, el expediente entró en pausa. EL DIARIO siguió el caso en los últimos meses, pero siempre se encontró con la misma respuesta: “Sin novedades”. Lo que ocurre ahora es que la Fiscalía del Segundo Turno del Distrito 4 de la ciudad de Córdoba se halla acéfala por la jubilación de Liliana Sánchez.

“Hasta que no se designe un nuevo fiscal no podemos adoptar ninguna medida”, señaló ayer la prosecretaria de esa dependencia, la abogada Paula Demaría, a este matutino.

Explicó que la Fiscalía es atendida por diversos fiscales hasta tanto llegue el titular, y en ese marco se atienden las causas más urgentes, con personas privadas de la libertad.

Calificó al caso Joel como “muy complejo”, argumentando que se requiere del titular de la dependencia para avanzar.

Además, remarcó que más allá de esta circunstancia, el caso no corre riesgo de prescribir porque transcurrieron dos años y medio de su muerte y deben cumplirse cinco para tal fin.

Otra fuente judicial de esa fiscalía indicó que están “tapados de trabajo”. Citó a hechos de repercusión, como el del hincha de Belgrano arrojado desde una tribuna en el Estadio Kempes, que se tramita allí, y recalcó que se le da prioridad a expedientes que involucran a presos.

Ante preguntas de este diario, la fuente aseguró que el expediente de Joel estuvo a punto de ser caratulado como “homicidio culposo” meses atrás, comprometiendo a los médicos del Neuropsiquiátrico. El resultado de la última pericia modificó los planes, y entonces permanece como “muerte de etiología dudosa”.

“Tenemos cinco años desde la fecha del hecho para evitar la prescripción del eventual homicidio. Pero si mañana imputamos a alguien y tomamos declaración, el plazo vuelve a cero, empieza a correr de vuelta”, ilustró.

Cuando se le consultó si en algún momento se sospechó de la actuación de la jueza de Niñez villamariense, dijo que no. “Nunca nos enfocamos en ese lado”, admitió. “La orden fue alojar al chico adonde había que alojarlo. Cuando nosotros damos una orden en ese sentido, es el Poder Ejecutivo el que dispone los lugares. Si defino que alguien se aloje, por ejemplo, en Bouwer y no hay lugar, corre por cuenta del Ejecutivo. Y sobre los institutos de menores la responsabilidad es de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF, que está en la órbita del Ejecutivo provincial)”, explicó.

Al funcionario se le hizo mención al estado de estrés en que se encontraba Joel, que no quería retornar al Complejo Esperanza por haber sido abusado por un compañero en una ocasión anterior. “Las pericias indican que eso ha influido en la muerte. La segunda pericia también habla de una serie de factores que, en conjunto, pueden haberle generado una crisis al chico que deriva en el problema que le produce la muerte. El estrés de todo el día, los traslados y la posibilidad de volver al Complejo influyeron”, declaró.

“El caso no es simple y creo que deslinda de responsabilidades a la jueza. Tenemos muchos imputados adultos que nos dicen que no quieren ir a determinado pabellón porque alguien los quiere matar, y en ese caso es el Servicio Penitenciario, y no nosotros, el que define”, manifestó.

Haciendo memoria…

Joel murió en Córdoba el 12 de noviembre de 2014 tras pasar durante varias horas por diversos nosocomios de salud luego de que, según se dijo, se tragara una tapa de gaseosa mientras se hallaba detenido en un calabozo de la Policía en Villa María. Había sido aprehendido en la madrugada, acusado de “tentativa de hurto”, aparentemente por intentar sustraer un elemento que se hallaba en el interior de un automóvil estacionado en inmediaciones del Casino.