Indemnización por la muerte de un policía de Arroyo Cabral en un accidente

A casi cuatro años de la tragedia en la que murieron tres policías, la Justicia condenó ayer al Estado provincial a pagar una millonaria indemnización y, a la vez, lo multó por “conducta maliciosa y temeraria”

La Cámara Unica de Trabajo de Villa María sentenció ayer al Estado provincial cordobés “a pagar a la viuda y a los cuatro hijos menores (del policía de Arroyo Cabral), Diego Alberto Torelli, la indemnización debida por su muerte”, se conoció ayer en los Tribunales locales y así lo informó, a requerimiento de EL DIARIO, la abogada María Laura Rüedi, representante legal de los familiares del infortunado agente.

La sentencia fue dictada por el vocal de la mencionada cámara, Marcelo José Salomón, quien investigó el caso “López, María Rosa y otros contra el Gobierno de la Provincia de Córdoba – Ordinario. Incapacidad”.

Al respecto, Rüedi refirió que “lo novedoso de la sentencia es que, además de la suma reclamada en la demanda con más los intereses legales desde la fecha en que ocurrió el hecho, el juez aplicó al Estado provincial una sanción pecuniaria y lo condena al pago de una multa (equivalente) al 2% mensual del monto indemnizatorio desde la fecha de la interposición de la demanda”.

Siempre en referencia a la multa, la abogada explicó que “ello es así porque la Ley de Riesgos (26.773, artículo 4) ordena al obligado al pago a poner a disposición de los derechos habientes los importes indemnizatorios el plazo de 15 días desde que se acreditó el fallecimiento”.

“Sin embargo, el Estado no cumplió con ninguna de sus obligaciones y, por el contrario, dilató y obstaculizó innecesariamente el proceso, obligando a la familia de la víctima a transitar un proceso durante cuatro años”, precisó Rüedi.

La abogada consultada calificó la sentencia del juez Marcelo Salomón como “novedosa y valiente”, toda vez que en la resolución expresa: “Resulta lamentable verificar que los herederos del trabajador (en referencia al policía Torelli) debieron recorrer todo el periplo administrativo/judicial para obtener una resolución jurisdiccional como la que se dicta hoy, cuando su propio empleador (constituido en auto asegurado) con sus hechos y sus consentimientos administrativos ha tenido por plenamente reconocidos los extremos fácticos jurídicos de la demanda”.

En el dictado de la sentencia el juez sostiene que la actitud del Estado provincial “encuadra en una ‘conducta maliciosa y temeraria’, pues ‘ha evidenciado propósitos obstruccionistas o dilatorios en reclamos por accidentes de trabajo’”.

El fatídico vuelco

Aquel 29 de diciembre de 2014 seis policías viajaban rumbo a la ciudad de Córdoba, comisionados para traer seis móviles nuevos que habían sido asignados a la Unidad Departamental San Martín.

Sin embargo, a las 7.15, la pick up Chevrolet S10 en la que viajaban sobre la autopista AU9 aparentemente sufrió el reventón de un neumático trasero, se desestabilizó, resultó imposible su control, “mordió” la banquina, despistó y dio varios tumbos a la altura del kilómetro 645, en el tramo comprendido entre Manfredi y Laguna Larga.

Como saldo del siniestro vial que protagonizó el móvil, que había partido de Arroyo Cabral, pasó por Villa María y se dirigía a la capital de la provincia, fallecieron el cabo Diego Alberto Torelli, quien prestaba servicios en Arroyo Cabral; el cabo Miguel Angel Ramos y el oficial principal René Riveros, los dos últimos adscriptos a Villa María.

En tanto, resultaron heridos los policías Diego López, Marcos Britos y Raúl Duartes, los dos primeros de 36 años y el último de 28.

La misma rutina y destino realizaba otro patrullero de la fuerza en el que viajaban otros cinco uniformados, quienes al observar el accidente bajaron para asistir a sus camaradas.

Un jefe policial dijo tras la tragedia, desde la capital provincial, que los efectivos “venían a Córdoba a buscar los nuevos móviles que están en Transporte de la Policía, para llevarlos y acondicionarlos. Mañana (en referencia al 30 de diciembre de 2014) íbamos a estar de fiesta en Villa María. Queríamos que la gente los viera”.

El hecho, por otro lado, deparó una investigación dado que la camioneta estaba habilitada para transportar a cinco efectivos, toda vez que esa era precisamente la cantidad de cinturones de seguridad con que contaba el rodado, pero la misma estaba ocupada por seis personas.