La Justicia local deberá determinar las responsabilidades del comisario mayor Rodolfo González y del comisario Gustavo Novarese en relación a un accidente carretero en el que fallecieron Leonardo Rivero, Diego Torelli y Miguel Ramos, el 29 de diciembre de 2014

La Cámara del Crimen de Río Tercero ordenó reabrir una causa que había sido archivada para que se investigue la responsabilidad penal del exjefe de la Unidad Departamental General San Martín, comisario mayor Rodolfo González, y del comisario Gustavo Novarese, en relación a un accidente vial en el que murieron tres efectivos de la Policía de Villa María.

Al intervenir en este caso como Cámara de Apelaciones, los miembros del tribunal riotercerense hicieron lugar a un recurso de apelación interpuesto por el abogado local y exfuncionario policial Lucas Altamirano y revocaron un fallo del exfiscal Gustavo Atienza (ya jubilado), quien había archivado el expediente por considerar que no había delito.

En efecto, los magistrados Marcelo Ramognino, Guarania Barbero Becerra y Carlos Conti dispusieron que la jueza de Control, Edith Lezama de Pereyra, designe cuál de los dos fiscales de Instrucción de la ciudad (Silvia Maldonado o René Bosio) deberá investigar si el comisario mayor González y el comisario Novarese incurrieron en los delitos de “abuso de autoridad”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “omisión de denuncia”.

Los exjefes policiales villamarienses fueron denunciados por la esposa de una de las víctimas tras considerar que tuvieron responsabilidad al ordenar que seis efectivos viajaran a Córdoba en una camioneta doble cabina de la Patrulla Rural de Arroyo Cabral equipada con solo cinco cinturones de seguridad.

Archivan la causa

En diciembre del año pasado y enterada de que el fiscal Atienza iba a archivar la causa, Verónica Andrea Miranda, viuda del oficial inspector Leonardo René Rivero (35), se constituyó en la causa como querellante particular para solicitar que se investigara la responsabilidad de los comisarios sospechados ya que existiría una nota firmada por González, dando la orden de que viajaran los seis uniformados en la pick up Chevrolet S-10, móvil Nº 6898, en tareas operativas de la Departamental.

Con respecto a presunta responsabilidad de Novarese, la Querella sostiene que era el “oficial a cargo” de la comisión policial que se dirigía a la capital provincial, aunque lo hacía en otro patrullero.

Pasaron algunos meses y el 9 de mayo de este año el exfiscal del Segundo Turno dispuso el archivo de las actuaciones “toda vez que los hechos denunciados no encuadran en figura penal”, según esgrimió el funcionario judicial en su resolución.

Tres días más tarde, el abogado y excompañero de Miranda, Lucas Altamirano, se opuso a la medida procesal, por lo que el expediente fue remitido al Juzgado de Control. Sin embargo, el 6 de julio la jueza Lezama de Pereyra rechazó el planteo efectuado y ratificó la decisión de Atienza.

Fue entonces cuando el letrado interpuso un recurso de apelación y la causa fue remitida a la Cámara de Río Tercero para que resolviera el diferendo y así lo hizo a través del Auto Nº 81, fechado el miércoles pasado.

Una mañana trágica

El luctuoso accidente se produjo poco después de las 7 de la mañana del lunes 29 de diciembre de 2014, a la altura del kilómetro 645 de la autopista AU9, entre las localidades de Manfredi y Laguna Larga.

En plena recta se reventó el neumático trasero derecho de la camioneta, lo que provocó que diera varios tumbos y terminara volcada en el cantero central. A raíz de la violencia del siniestro, perdieron la vida el oficial Rivero, el cabo Diego Alberto Torelli (35) y el cabo primero Miguel Angel Ramos (36), mientras que resultaron con heridas de distinta consideración los efectivos Marcos Britos (actualmente tiene 39 años), Diego López (39), y Raúl Duartes (31).

Finalmente, cabe señalar que actualmente el comisario mayor Rodolfo González se desempeña como director general de Control de Conducta Policial, en la Jefatura Central de Policía, mientras que el comisario Gustavo Novarese cumple funciones operativas en la localidad de Adelia María, en el sur cordobés.