Visiblemente agobiado, Adolfo Alberto Osisnaldi, presidente de la cooperativa en formación que impulsó el descuento del 20% en los viajes en taxi, recibió a este medio en las oficinas de la empresa. Estaban allí personal de Investigaciones de la Policía de la Provincia, recabando información sobre los hechos de violencia que sufrieron el martes, cuando destrozaron tres vehículos de la flota de Co-Taxi.

“A uno le rompieron la luneta, a otro los vidrios del lateral derecho mientras circulaba cerca de la Terminal por calle Periodistas Argentinos y a un tercero, le entraron al garaje donde tiene guardado el auto y de noche, cuando no estaba trabajando, le hicieron varios tajos a una de las cubierta”, dijo Osisnaldi.

Pero también son víctimas de otro tipo de delito: la interferencia en las comunicaciones. “Ya identificamos que la interferencia de la radio frecuencia es de una de las empresas de taxi. Ponen música fuerte para evitar que hablemos con los choferes o dicen barbaridades para escandalizar a los pasajeros”, señaló.

También estaban incomunicados con los teléfonos. “Es un delito federal y ya lo denunciamos”, señaló.“Estamos haciendo todo lo posible para seguir trabajando. Agradecemos a la gente que nos espera, que tiene paciencia y hasta se ofreció a reunir firmas para apoyarnos y como no podemos comunicarnos por la radio, a raíz de la interferencia, estamos en contacto vía WhatsApp o por llamadas al celular”.

“Acá hay una parte de responsabilidad de la Municipalidad, porque con sólo empezar a revisar   los certificados de buena conducta de algunos choferes, podrían empezar a corregir algo. Nosotros conocemos que algunos de los que protagonizaron los hechos de violencia, son personas que no podrían tener el certificado”, dijo.

“También estamos sorprendidos por la inacción de la Justicia y de la Policía. Tras las denuncias, nos pusieron un adicional, pero es insuficiente porque el problema lo tienen los choferes mientras circulan. Y todavía no sé por qué, con todo este desmadre, no hay un fiscal trabajando de oficio. Yo entiendo las movilizaciones, los reclamos. Soy trabajador y me parece justo. Pero hay que entender que la libertad de reclamar tiene un límite, que es la libertad del otro. Y eso no se está respetando”, agregó. “En definitiva, a nosotros nos culpan de un pecado: hacer descuentos a beneficio de los usuarios. No entienden que tenemos el derecho, que no perdemos por cobrar menos y que damos un buen servicio”, finalizó.