Régimen de contratación de participación público-privada. La edil consideró que con la adhesión a la ley nacional, el municipio puede llevar adelante obras a corto plazo, al trabajar en conjunto con el sector privado
Después de ser aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza de Juntos por Villa María solicitando la adhesión a la Ley Nacional Nº 27.328 referida al régimen de contratación de participación público-privada, la presidenta del bloque, Karina Bruno, explicó los alcances que tiene para la ciudad.
“El Gobierno de Mauricio Macri reglamentó la Ley Nacional Nº 27.328 de Contratos de Participación Público-Privada, instrumento que la administracion central entiende como una herramienta necesaria para atraer inversiones que empujen la obra pública, sin descuidar los parámetros de control que debe tener el Gobierno para que todo se realice con transparencia. Ahora este régimen podrá accionar sobre Villa María”, señaló.
“Esta ley a la que adherimos es un incentivo para que los proyectos que requerirían mucho tiempo para concretarse, dadas las limitaciones de financiamiento del Estado, puedan adelantarse a través del financiamiento privado”, indicó.
“Es decir, ahora la Municipalidad podrá trabajar en conjunto con el sector privado en cuanto al financiamiento, pero el poder de supervisión lo seguirá teniendo el municipio”, aclaró.
“Este esquema de asociación permite que quienes tienen las mejores capacidades técnicas lleven adelante las obras, que los procesos de adjudicación y control se realicen con transparencia y que los proyectos sean concretados de acuerdo a los plazos previstos. El privado asume la parte sustancial del riesgo de construcción y de financiamiento”, completó la edil.
“La selección del contratista se hará mediante el procedimiento de licitación o concurso público nacional o internacional”, precisó.
“Las funciones de regulación y el poder de policía del Estado son idelegables, el cumplimieno de contratos que se celebren en los términos de este régimen estará sujeto al control del contratante, que tendrá amplias facultades de inspección y control”, reiteró.
“Este régimen es una de las claves para la creación de empleo en la Argentina y, por ende, para el desarrollo económico de nuestro país”, consideró Bruno, quien agregó que a través de él se “apunta a desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica”.
La edil remarcó que este proyecto cuenta con el aval del BID, del Banco Mundial, de inversores extranjeros y de la Asociación de Bancos Argentinos, entre otras organizaciones.
Consultada acerca de si este tipo de contrataciones no resultarían más caras para el municipio, aseguró que “no, porque los costos son los mismos”.
“Supongamos que el municipio tiene un banco de tierra, pero no puede llevar adelante un emprendimiento de vivienda social de un determinado segmento de la ciudad, entonces lo hace con un privado bajo determinados requisitos, luego el privado recupera la inversión porque hay una garantía de parte del Estado”, precisó.
“Es interesante, porque con esto se facilitan los emprendimientos que no podría hacer el Estado solo, y además los puede llevar adelante al corto plazo”, finalizó la concejala.
