Uno de los abogados, que patrocina a ocho de los efectivos apartados de la fuerza, fue ayer a Tribunales para presentar la medida también contra las autoridades que participaron de las detenciones

El pasado martes se cumplieron dos años de la reunión informativa convocada por el Sindicato Policial y Penitenciario de la Provincia de Córdoba que se llevó a cabo en un bar céntrico de la ciudad y que terminó con un grupo de policías que todavía permanecen cesanteados.

Ayer, la extensa novela sumó un nuevo capítulo luego que el abogado cordobés Claudio Juárez Centeno, que representa a ochos efectivos villamarienses que están apartados de sus cargos, presentara en Tribunales una denuncia por daños y perjuicios contra el Gobierno de la provincia de Córdoba y las autoridades policiales que llevaron a cabo las detenciones.

“Tenemos todo listo para iniciar una demanda por daños y perjuicios porque analizamos que ha habido alguna producción de prueba importante respecto a la arbitrariedad, la inconsistencia y la subjetividad con las que ha actuado el personal de la Departamental, encabezada por Mauricio Rantica (que al momento del hecho era comisario inspector) y Luis Gerbino (comisario mayor cuando se produjeron las detenciones)”.

El abogado explicó que esta presentación servirá al momento de discutir en la Justicia si los policías apartados deben cobrar todo el dinero en forma retroactiva que no percibieron por estar afectados a la causa. “Es materia de discusión porque si la Cámara Contenciosa tiene el criterio de que no te reconoce en forma retroactiva lo que no has percibido porque no lo has trabajado, pero sí a través del canal de daños y perjuicios sería la forma de obtener una reparación de eso porque se argumenta que se lo dejó de percibir como consecuencia del accionar de esta causa”, detalló.

Centeno recordó que “paralelamente a esta presentación, tenemos la causa contenciosa administrativa iniciada en Córdoba donde pedimos la inconstitucionalidad de la Ley Antimotín porque se contrapone no sólo a la Constitución Nacional y Provincial, sino también a la propia ley del personal policial”.

Un caso particular

El letrado se refirió al caso particular de uno de los policías cesanteados. “Me preocupa muchísimo el caso de Adrián Mina, que directamente no tuvo ninguna participación en esta reunión y, sin embargo, Rantica incorrectamente lo sumó en el sumario como si hubiera estado”, sostuvo.

“Particularmente por esa situación está denunciado también ese personal policial junto a los otros partícipes en la Fiscalía 24 de Córdoba, que ya ha pedido el sumario administrativo absolutamente pobre y carente de pruebas”, manifestó.

En ese sentido dijo: “Hay una denuncia, es por estafa procesal porque lo pusieron en una causa que no existió”.

“Por otro lado está la posible imputación en Villa María por el armado de esta causa contra el personal policial. En Córdoba estamos insistiendo para la reincorporación, aunque sea por una cautelar con esta gente para que vuelva a cobrar al menos parcialmente su haber, sea reintegrado al trabajo o no, que es lo que estamos luchando con la Cámara”, agregó Juárez Centeno.

Estimó que “esto debería tener un resultado positivo, es vox populi que es una ley absolutamente inconstitucional, los argumentos que tenemos son contundentes sumado a un supuesto motín que no era tal, era una mera reunión privada donde irrumpió el personal policial; han usado el poder policial para hacer esto y el Tribunal de Conducta y el Estado para perpetuar esta injusticia”.