Lo adelantó el abogado cordobés Claudio Juárez Centeno, quien además explicó que “estamos bien encaminados” con respecto a que “estamos discutiendo cara a cara con la provincia si la cesantía es legítima o no”

Un nuevo capítulo se abre en la extensa novela que protagonizan los policías que fueron cesanteados de sus cargos tras participar de una reunión gremial el 28 de junio de 2014 en un bar céntrico de la ciudad.

En este caso, las novedades que llegaron desde Córdoba son dos. El abogado que representa a ocho de los policías villamarienses que fueron apartados de la fuerza adelantó que en las próximas semanas realizarán una presentación ante la Justicia de una medida cautelar para intentar que se les permita, aunque sea, comenzar a cobrar una fracción del sueldo que les corresponde, “en función de que estamos demostrando que esa cesantía es ilegítima”.

“La idea es pedir una medida cautelar para que puedan volver a cobrar algo, la estamos preparando y, en caso de que nos hagan lugar, en noviembre debería haber una definición”, explicó el letrado.

Esta decisión parte a raíz de otro avance en la causa que Juárez Centeno explicó recordando: “A ellos los habían cesanteado, y habían recurrido eso, habían perdido el recurso porque no sabían si estaba rechazado, fueron con varios abogados para hacer una revisión y la provincia se los negó diciendo que ya les habían contestado el recurso y que la cesantía estaba firme”.

En cambio, ahora, “pedí un informe con las copias de todas esas notificaciones y me encontré con un montón de defectos, y en base a esos defectos metimos la demanda diciendo que nosotros recién nos enterábamos de que nos habían rechazado el recurso con esta demanda; nos dieron la razón, que le diéramos para adelante y el fiscal nos avaló también”.

En conclusión, destacó el abogado, “esto quiere decir que estamos discutiendo la cesantía directa por la inconstitucionalidad de la Ley Antimotín, estamos bien encaminados, hemos hecho la demanda, armamos los fundamentos y ahora la han citado a la provincia para que comparezca”.

Los policías cesanteados como consecuencia de la Ley Antimotín se encuentran actualmente discutiendo la cesantía en la Cámara Contenciosa en Córdoba, se expidió el fiscal y el tribunal y en principio están en condiciones de discutir cara a cara con la provincia si la cesantía es legítima o no.

Esto, estimó, recién se puede llegar a resolver a mediados del año que viene, cuando los policías alcanzarían dos años separados de la fuerza. “Esos dos años que ellos pasaron sin cobrar lo cobrarían todo junto, le vamos a ordenar a la provincia, si sale a favor, que les devuelvan toda la plata”, resaltó.

Defectos

Cuando Juárez Centeno dice que se encontró con un montón de defectos, hace referencia a que “no hubo sumario, directamente dieron la orden a la Policía que los metieran presos, se libraron las cosas a la Justicia, la Justicia dijo que no había delito y a su vez a ellos no les pidieron descargo ni les preguntaron nada, directamente salió un decreto donde los dejaron cesantes en función de un supuesto acto en contra de la autoridad policial, que no era así”.

“Y aún si hubiera habido un delito, lo primero que debían preguntarles era por qué se reunieron ahí y permitirles hacer un descargo, ellos no tuvieron oportunidad ni siquiera de formular un descargo garantizado por la Constitución, porque esa ley no lo considera, y no es así, no existe en ningún país del mundo”, cerró.

La última denuncia

El viernes 21 de agosto, los policías cesanteados junto al abogado local que los representa, Antonio Alarcos, hicieron una presentación penal contra cuatro oficiales de altos cargos que llevaron a cabo el operativo que terminó con las 28 detenciones tras la reunión gremial.

La misma, presentada en la Fiscalía de Gustavo Atienza, fue en contra del comisario mayor Luis Gerbino, el comisario inspector Hernán Yúdica, el comisario inspector Mauricio Rantica y el subcomisario Claudio Quiroga.