Silvina Muñoz defendía a los cuatro imputados por el crimen de Lautaro Piva. En la audiencia de ayer pidió representar solo a Nelson Destéfanis. Francisco Argañaraz defenderá a los otros tres
Se llevó a cabo ayer en la Cámara del Crimen de Villa María la tercera audiencia por el homicidio de Lautaro Piva, el joven que murió tras recibir golpes de una patota a la salida del boliche Bugarú, de Arroyo Algodón, el 18 de diciembre de 2011.
Tras idas y venidas, el caso finalmente llegó a juicio con jurado popular, pero sorpresivamente ayer la causa tomó un giro inesperado cuando la defensora de Nelson y Darío Destéfanis, Juan Carlos Heredia y Walter Pajón pidió al tribunal que la inhibiera de la defensa colectiva, dado que “concluida la audiencia de debate -del martes- y tras entrevistarme nuevamente con mis representados, surgieron de esa entrevista circunstancias que tengo que hacer conocer”.
Silvina Muñoz, la letrada en cuestión, agregó que esas circunstancias representan una “contraposición de intereses” de los imputados y por esa razón solicitó quedar solo al frente de la defensa de Nelson Destéfanis, a la par que solicitó que el Tribunal asigne a “otro defensor público o un abogado de la matrícula ad hoc para que represente a los imputados”.
Tras un breve cuarto intermedio, los jueces Eve Flores, René Gandarillas y Felix Martínez, resolvieron hacer lugar al pedido de Muñoz y designaron a Francisco Argañaraz, defensor público también, como abogado de Darío Destéfanis, Heredia y Pajón.
Los argumentos
Quedó en la sala una sensación de intriga sobre cuál era concretamente la “contraposición” de intereses de los imputados. Sobre el particular, Muñoz expresó en el recinto que hay jurisprudencia que expresa que ese pedido de inhibición puede solicitarse “sin tener que probar” la diferencia de intereses entre los defendidos. Agregó, además, que para garantizar una efectiva defensa de las personas acusadas “no basta con que tenga un abogado”, sino que es necesario que aquel letrado que los represente haga un eficiente ejercicio de la defensa.
Seguramente, los argumentos se darán a conocer al momento de los alegatos. Mientras tanto, se pudo conocer que el cambio de situación de los imputados que llegaron a juicio en libertad, pero que tras la primera audiencia quedaron detenidos, generó esas condiciones que luego fueron definidas como “de intereses contrapuestos”.
Es decir, que mientras estaban en libertad, los cuatro mantuvieron la misma postura: se negaron a declarar y se remitió a la declaración original en la que no admitieron su responsabilidad en el hecho. A partir de ahora, se verá si hay algún cambio en la estrategia defensiva.
Postergación
Tras el cuarto intermedio, Francisco Argañaraz, como era esperable, solicitó 48 horas de plazo para estudiar el caso e iniciar la representación legal de sus defendidos.
De esta manera, el Tribunal dispuso continuar las audiencias el martes 12 de diciembre. Se escucharán los testimonios de nuevos testigos y luego quedan los alegatos y la sentencia, que procurará determinar quién o quiénes fueron los responsables del crimen de Lautaro Piva.
Cabe recordar que el fiscal de Cámara Francisco Márquez es quien sostiene la acusación, a la par que la mamá de la víctima, Susana Correa, se constituyó como querellante, asesorada por el letrado Sebastián Elías.
