Uno de los profesionales que atiende a pacientes con insuficiencia renal desde hace 40 años contó la delicada situación económica a la que los han llevado las obras sociales

En el corredor sudeste de la provincia hay unas 270 personas que se someten a diálisis por padecer insuficiencia renal, de las cuales 120 son de Villa María. Ellas, como les sucede a los más de 30 mil pacientes en el país, corren peligro de no poder continuar con su tratamiento porque “la situación se torna insostenible”.

Así lo aseguró Gustavo Ancarani, miembro de la Asociación de Prestadores de Hemodiálisis y Trasplantes Renales de Córdoba (Apheytrc), quien explicó que los retrasos en los pagos por parte de las principales obras sociales han generado un importante desfinanciamiento por parte de quienes llevan adelante las atenciones.

“El nefrólogo corre con todos los gastos. El 60% es material descartable que se usa una vez y se tira. Todo ese descartable y todo el costo de empleados, luz, gas va a cargo del nefrólogo. Luego se le factura a la obra social lo que se gastó en el mes, con un módulo acordado entre ambas partes y la obra social te paga”, explicó sobre el funcionamiento del sistema.

El profesional, que lleva cuatro décadas haciendo diálisis, planteó: “El problema con el que tropezamos es cuando los módulos son inadecuados o cuando la cadena de pago no se cumple. Porque te origina a vos un perjuicio económico enorme porque el 80%, 90% de los gastos está dirigido a que esto funcione y el margen de ganancia que queda es muy poco”.

En ese sentido, Ancarani dio a conocer que hay un importante desfasaje en los pagos “en este momento por parte de la principal obra social con la que trabajamos que es PAMI, como la siguiente que es PROFE – Incluir Salud (perteneciente al Ministerio de Salud de Nación)”.

“PROFE, la segunda mutual con la que más trabajamos, nos debe desde julio. Todos estos meses venimos poniendo plata de nuestros bolsillos. La situación se torna gravísima con un agravante: al principio los pacientes se transportaban por sus propios medios, después la mutual empezó a pagar el transporte a los transportistas, lo que era un agujero negro de corrupción, entonces las obras sociales lo solucionaron dejando el transporte a responsabilidad del nefrólogo, asique ahora nos transformamos en transportistas”.

Así es que reclamó que si pagan el 25% del valor real del tratamiento, como PAMI, o deben desde julio, como PROFE, “no hay nadie que pueda aguantar”.

“Todo esto ha confluido en una situación en la que seguir dializando se torna insostenible”, aseveró el profesional, quien no dudó en asegurar que “corre riesgo real que continúen las prestaciones para 30 mil pacientes en Argentina”.

“En Villa María hay alrededor de 120 pacientes, 50 en Bell Ville, 50 en Marcos Juárez y 50 en Corral de Bustos, que es donde están las salas de diálisis en el corredor sudeste. Este problema ocurre, por lo menos, dos veces al año”, reveló.

Dentro de este contexto, Ancarani ponderó a la obra social de la provincia de Córdoba. “La que se salva es Apross, que es un relojito, y también el Ministerio de Salud de Córdoba, que provee diálisis a los pacientes que no tienen mutual; vale la pena resaltarlo tanto en el monto que abonan como en los términos de pago”, contó.

También reveló que “venimos con una pérdida anual importante” porque “cuando la inflación es del 32% a nosotros nos dan el 28%, cuando es del 30% nos dan el 22%”. “Para este año nos habían dado el 20% de aumento y el PAMI nos sacó un ítem de pago que teníamos, por lo que el aumento real que nos dio el PAMI fue del 12% este año, con una inflación que va a terminar cercana al 26%”, cerró.