La titular del gremio judicial de Villa María y su par provincial presentaron ayer una denuncia contra la jueza de Menores, Inés Mariel. Lo hicieron ante el Tribunal Superior de Justicia y ante la Legislatura, donde hoy se trata el pliego para un cargo de asesora en Córdoba de esa magistrada

“Como Asociación Gremial entendemos que las reiteradas situaciones de violencia en las que se ha visto involucrada la magistrada (Inés Mariel)…, nos llevan a solicitarle como medida preventiva el apartamiento del cargo de la jueza, debido a la gravedad y estado público de los hechos relatados, teniendo en cuenta el fuero donde se desempeña la nombrada”.

Ese es uno de los párrafos de la denuncia presentada ayer por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) contra la titular del Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil de Villa María.

Los hechos relatados en el texto que ahora debe analizar la máxima autoridad judicial de la Provincia son, principalmente, los sucedidos el 29 de diciembre de 2016, último día hábil de trabajo en Tribunales: “En dicha jornada siendo las 13 horas y en presencia de numerosa cantidad de justiciables en el Juzgado referido, la Superintendencia comunica a dos empleadas de mucha antigüedad en la oficina, que la señora jueza les solicitó el pase a otras oficinas por ‘falta de confianza’ en ellas. Que a pesar de que el despacho de la jueza se encuentra en frente de los escritorios de las y los empleados, todo se hizo por correo electrónico. Ante la sorpresa del personal, las afectadas le golpearon la puerta y solicitaron explicaciones ante lo cual la doctora Mariel comenzó a los gritos diciendo improperios de todas clases. Todo esto ocasionó la descompostura de las trabajadoras, debiéndose solicitar el auxilio del servicio de emergencia médico; reiteramos que esto ocurrió en horario de atención al público y con gran cantidad de gente dentro del Juzgado y fuera de él. Asimismo, la jueza, sin poder controlar su conducta, también insultó a la secretaria del Juzgado”.

Llamó la atención de los presentes -la mayoría, víctimas y familiares de víctimas de violencia de género- que la magistrada gritara “estoy cansada de que me la pongan”, frente no sólo a los empleados y funcionarios que asistieron al lugar, sino, frente a los judiciables que esperaban una respuesta del Tribunal. Tras esos hechos, dos empleadas y una funcionaria fueron apartadas de ese Juzgado. “Mariel cobra 120 mil pesos por la dedicación exclusiva y pretende hacer responsables del despacho a los empleados”, planteó Vázquez.

Guadalupe Vázquez y Federico Corteletti, secretaria general de AGEPJ Villa María y titular del gremio a nivel provincial, respectivamente, fueron los que hicieron la presentación de la denuncia ante el Tribunal Superior en la jornada de ayer.

“Espero que no prime un espíritu de cuerpo y se tomen las medidas que la gravedad de los hechos merece”, dijo Vázquez al regresar de Córdoba.

Llamó la atención también -y lo dice el texto de la denuncia- que Mariel “desaprobó el concurso para jueza”, pero igual fue nombrada para remplazar a la ahora jubilada Cecilia Fernández.

En la Legislatura

Vázquez y Corteletti también fueron a la Legislatura cordobesa para entregar la misma denuncia a los legisladores que hoy deben analizar los pliegos de designación de varios funcionarios del Poder Judicial, entre ellos el de Inés Mariel, quien rindió para ocupar el cargo de una asesoría en Córdoba.

“Sabemos que ejerció la misma violencia laboral cuando trabajó en la capital provincial, por eso le pedimos a los legisladores que no la designen, que aparten su pliego”, indicó.

La dirigente gremial pidió especialmente a Nora Bedano, legisladora por el Departamento San Martín, que “considere la denuncia antes de analizar la designación de Mariel”. “Si aprueban su pliego, nosotros vamos a pedir la destitución como jueza”, agregó.

Cabe señalar que, según los registros de la AGEPJ, es la primera vez que se denuncia a una magistrada de Villa María por violencia laboral.

Edgardo Garmendia, titular de la CGT Villa María, envió una nota al TSJ en la que destaca la gravedad de los hechos y pide sanciones contra la jueza.