Se trata de una causa iniciada en Oliva que tiene a 10 personas imputadas, ocho de las cuales se sentaron la semana pasada en el banquillo de los acusados. Se dispuso un cuarto intermedio hasta el 26 de diciembre. Ese día habrá alegatos y sentencia

A raíz de un problema de salud del fiscal Francisco Márquez, se suspendió ayer la definición de un juicio oral y público que comenzó hace siete días en los Tribunales locales por venta de drogas en la ciudad de Oliva entre 2013 y 2016.

La ausencia del titular del Ministerio Público obligó a la jueza Eve Flores de Aiuto a postergar el debate y como consecuencia de las numerosas audiencias que ya están fijadas para lo que resta del año, el proceso en cuestión concluirá el martes 26 de diciembre con los alegatos de las partes y el dictado de la sentencia.

Tal como lo informó EL DIARIO en su edición del último jueves, la causa tiene 10 imputados, ocho de los cuales (seis hombres y dos mujeres) comparecieron en la Cámara del Crimen de Villa María hace exactamente una semana ya que los dos restantes solicitaron la “probation” y evitaron sentarse en el banquillo de los acusados.

Todos los acusados

Los implicados son Luis Alberto Dubeaux (60), Ariel Fabián Dubeaux (38), Leandro Ezequiel Dubeaux (29), Jonathan Emanuel Ayún (28), Ignacio Mario de la Fuente (64), Miguel Angel Colazo (74), Micaela Contreras Cuello (20) y Yanina del Valle Espinosa (31), mientras que Leonel Facundo Peralta e Ignacio David de la Fuente no concurrieron porque prosperaron sendos pedidos de suspensión del juicio a prueba y ambos realizarán tareas comunitarias.

A mediados de 2016, la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó varios allanamientos en Oliva y se inició un proceso penal por “tenencia simple de estupefacientes”, “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y “comercialización de estupefacientes”, delitos que son reprimidos con distintas penas por la Ley Federal de Estupefacientes Nº 23.737.

Además de la jueza Flores de Aiuto y del fiscal Márquez, intervienen en este juicio la asesora letrada Silvina Muñoz y los abogados defensores Rodrigo Hayas, Darío Sosa, Pablo Maccarini y Gabriel Razuk.

El miércoles pasado, tras las declaraciones de algunos de los acusados (otros se abstuvieron), las partes resolvieron incorporar por lectura toda la prueba y, de común acuerdo, pasaron a cuarto intermedio hasta la víspera para formular los alegatos.

Pero la indisposición sufrida por el acusador público obligó a la presidenta del tribunal a posponer la definición del proceso por casi dos meses, por lo que concluirá el 26 de diciembre.

Un veredicto sorprendente

Un joven fue condenado ayer a 22 años de cárcel por el asesinato de su exesposa delante de sus hijos, en su casa de la localidad bonaerense de Pilar a la que tenía prohibido el acercamiento, y no a prisión perpetua por “femicidio” porque el tribunal consideró que actuó en estado de “emoción violenta” y no medió “violencia de género”.

Los jueces Federico Guillermo Ecke, Osvaldo Rossi y Hernán San Martín, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de San Isidro, dieron a conocer la condena a Brian Montenegro (22), el único imputado por el crimen de su expareja, Débora Díaz (28).

El juez San Martín reconoció que no había pruebas concretas para demostrar que haya mediado una relación violenta y desigual de poder cuando fueron pareja pero que sí había indicios de ello, por lo que votó en disidencia con sus pares, que dieron por probado el estado de “emoción violenta” de Montenegro al momento de cometer el crimen.

La fiscal Carolina Carballido Calatayud había solicitado en su alegato que se le aplicara la pena máxima por “homicidio doblemente calificado por el vínculo y por violencia de género”, además de “desobediencia a la autoridad”, ya que el joven violó la restricción perimetral que la Justicia le había impuesto para que no se acercara a su mujer, quien lo había denunciado.

Carballido Calatayud aseguró que va a apelar el fallo e insistirá con el pedido de perpetua. “La violencia de género estaba acreditada. Débora había sido golpeada varias veces, se había separado, había una prohibición de acercamiento y un expediente en la Justicia de Familia donde un psicólogo dijo que era víctima de violencia doméstica y que estaba en alto riesgo”, agregó.