Unión Cívica Radical – En el partido elaboraron un proyecto para que sea presentado en el Concejo Deliberante. La medida alcanzaría a todos los funcionarios que ocupen hasta cargos de directores, quienes deberían hacerla pública todos los años mientras duren sus funciones en el portal web del municipio

Desde el comité de circuito Villa María de la UCR proponen que las declaraciones juradas de los funcionarios se hagan públicas obligatoriamente.

“Actualmente, por Carta Orgánica las declaraciones juradas se presentan en sobre cerrado y quedan archivadas, solo se hacen públicas a instancias de un juez o requerimiento judicial”, explicó el presidente de la UCR Villa María, Marcelo Barotto.

“El único que hizo pública su declaración jurada de manera voluntaria fue el intendente Martín Gill en el portal web del municipio, el resto no imitó lo que hizo el mandatario local cuando asumió”, señaló.

“Hoy hay una tendencia que se viene dando a nivel nacional, con estos nuevos paradigmas de gobierno abierto, en el que uno de los pilares es la transparencia y hacer público el patrimonio de los funcionarios”, consideró Barotto.

“Según nuestra propuesta, la obligatoriedad de hacer públicas las declaraciones juradas alcanzaría a todos los funcionarios que ocupen hasta cargos de directores. La publicación sería desde que ingresan a la función pública hasta que la dejan, con actualizaciones anuales en el portal web del municipio para que estén a disposición de cualquier vecino que quiera consultarlas”, indicó.

Según Barotto, la iniciativa surgió “siguiendo los lineamientos de la consulta que se ha lanzado a nivel nacional para el tratamiento de un proyecto de Ley de Etica, para que todo aquel ciudadano que quiera hacer aportes pueda sugerirlos, para luego elevar el proyecto al Congreso Nacional”.

El titular del radicalismo local sostuvo que los fundamentos del proyecto fueron elaborados en una de las reuniones habituales de los lunes, que se llevan a cabo en la Casa Radical.

Además, precisó que el escrito ya se les remitió a los concejales de la UCR, Nora Landart y Gustavo Bustamante, con el objetivo de que le den forma y se presente como proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante.

Los fundamentos

“La ONG Transparencia Internacional elabora un índice sobre la percepción de la corrupción en la función pública, que se basa en la opinión que tienen los expertos y empresarios de 180 países.

Nuestro país ocupa el puesto número 85 del total analizado en el año 2017, mejorando 10 lugares con respecto a 2016. Mientras que Chile ocupa el puesto 26, Uruguay  el 23 y Venezuela, un caso emblemática para Latinoamérica, el puesto N° 169.

A pesar de las mejoras, el índice de nuestro país sigue siendo preocupante, por lo tanto, se requiere continuar con el trabajo para llevarlo a valores aceptables.

Los países con mayores índices de percepción de corrupción son los que mayor pobreza y violencia tienen en la sociedad, existiendo una relación directa entre las variables.

Lamentablemente, nos hemos acostumbrado en nuestro país -y tampoco está ajena nuestra ciudad- de escuchar sobre causas de corrupción, las implicancias que tienen, los actores involucrados, los millones en cuestión, las obras implicadas y toda una cadena de complicidades y de intereses que resulta escandalosa y con final dudoso.

Los cambios son lentos, más aún con esta clase de lucha, donde hay factores culturales, económicos, políticos y sociales, que han calado muy hondo en las estructuras de nuestra sociedad.

Los nuevos paradigmas de gobiernos abiertos vinieron a abrir nuevas esperanzas para dotar de transparencia a la gestión pública, a través de tres premisas básicas, como son: la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

Los que parecen mantener el status quo, como si el mundo no estuviera cambiando, son los titulares de cargos electivos y funcionarios, al no hacer pública las declaraciones juradas de bienes. El único que la hizo pública, sin tener la obligación de hacerlo, es el intendente municipal, a la que se puede acceder ingresando al portal web del municipio, el resto ninguno.

Nuestra Carta Orgánica Municipal en su artículo Nº19 establece la obligatoriedad de que todos los funcionarios municipales deberán efectuar la DD.JJ. de su patrimonio, el de su cónyuge y el de las personas a su cargo, ante el Consejo Deliberante. Por ordenanza reglamentaria se establece que sea en sobre cerrado y solo puede hacerse público en los casos previstos en la misma.

Sin dudas que el tiempo transcurre y las cosas cambian, es menester proponer una nueva ordenanza y/o modificar la existente, para que sea obligación su publicación, adecuándola a los nuevos paradigmas sociales.

Es natural en el ser humano la resistencia a los cambios, pero son los que ocupan cargos políticos y funcionarios públicos los que deben ser protagonistas y ponerse a la cabeza de ellos.

Hoy se requiere que actúen de manera visible, comprensible, e informen de sus actividades, ya que es la forma segura de luchar contra la corrupción, aumentar la confianza en las personas, jerarquizar la función pública y las instituciones, del cual depende nuestro futuro.

En los últimos años el ejercicio de la función pública de nuestra ciudad estuvo cruzado por denuncias de irregularidades, sin que la Justicia pudiera avanzar demasiado en las investigaciones, ni que hablar en las condenas y/o absolución de los responsables.

Pero la importancia de un régimen de esta característica tiene dos finalidades: la prevención y la investigación, según surgen de los objetivos planteados en la consulta pública realizada por el Gobierno nacional, a través de la Oficina Anticorrupción, para el tratamiento de un proyecto de reforma integral de la Ley de Etica.

El objetivo es poder discutir sobre herramientas de ética pública para luchar contra  uno de los mayores flagelos de estos tiempos, como es el de la corrupción, definido como ‘el abuso de poder confiado en beneficio privado’.

Nuestra ciudad tiene características que la distinguen, que la ponen en un lugar de privilegio, con enormes potencialidades y recursos. Lo que se presenta como una fortaleza también se puede transformar en una amenaza, dañando gravemente a las personas y las instituciones. A la  corrupción hay que combatirla, porque destruye”, expresan los fundamentos aportados a los concejales para la elaboración de un proyecto de ordenanza.