Desde la entidad creen que “quedaríamos muy lejos de lograr una Argentina sin manicomios” si se aprueban las modificaciones que impulsa el Gobierno nacional por decreto
Bajo el título “Alerta y compromiso para impedir la vulneración de derechos”, la Delegación Regional “A” Villa María del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba (CPPC) emitió un comunicado en el que sienta postura sobre el proyecto de reforma por decreto de la Ley de Salud Mental que impulsa el Gobierno nacional.
“La gravedad de esta propuesta radica en la pérdida de los derechos conquistados en los últimos años en el ámbito de la salud mental y de los derechos humanos de las personas”, afirma el texto enviado a nuestra redacción.
El martes pasado, desde la entidad que nuclea a los profesionales psicólogos de la región realizaron una primera reunión que dejó inaugurado “un espacio de diálogo y encuentro”.
Al mismo tiempo, abrieron la invitación “a todos los colegas, usuarios, familiares, etcétera. que quieran acercar su inquietud, opinión y/o sugerencia para continuar con la lucha por los derechos de los usuarios de salud mental”.
El comunicado
El comunicado emitito por el Colegio profesional continúa:
“La sanción a fines de 2010 de la Ley 26.657 de Salud Mental es la manifestación legal para impedir cualquier vulneración de derechos y la garantía de trato digno para todos/as los sujetos con padecimiento subjetivo que deben ser especialmente protegidos por el Estado.
Dicha ley es un producto del trabajo conjunto de usuarios y trabajadores de los servicios de salud, integrantes de diversas organizaciones e instituciones, profesionales, familiares de usuarios, universidades, colegio de profesionales y la sociedad toda. Este trabajo permitió un avance en el campo de la salud mental que hoy se encuentra en jaque, de aprobarse esta propuesta.
Además de la inconstitucionalidad del decreto, el mismo significaría un enorme retroceso en el camino de la transformación de la atención en salud mental, ya que contraría en puntos sustantivos a la ley vigente.
Preocupa especialmente el cambio en la concepción de la salud mental, la pérdida de la garantía de derechos de las personas con consumo problemático, el abandono del enfoque comunitario y territorial, el restablecimiento de la hegemonía psiquiátrica en desmedro de la interdisciplina, las restricciones al abogado defensor, la posibilidad de penalizar a las familias de los/as usuarios, la no prohibición de las salas de aislamiento y la pérdida de autonomía del órgano de revisión.
Este nuevo proyecto establece un camino inverso a la sustitución definitiva de los manicomios habilitando la continuidad de los hospitales monovalentes. De esta manera, quedaríamos muy lejos de lograr una Argentina sin manicomios en el año 2020.
Nuestro Colegio reafirma su compromiso para lograr la dignidad de las personas con padecimiento mental y mantiene su estado de alerta ante la grave situación que esta iniciativa del Ministerio de Salud de la Nación ha generado”.
