Funciona en el Centro Misionero San José y se plantea como una herramienta para que los sectores más vulnerables puedan acceder a elementos de la Justicia. El fiscal Gonella valoró el rol de la iglesia en los barrios

En el Centro Misionero San José, ubicado en calle Intendente Reyno 850 de barrio Felipe Botta, finalmente abrió sus puertas ayer una sede de la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO) que había sido anunciada el 31 de marzo pasado.

Abogados, psicólogos, trabajadores sociales y personal auxiliar ya pueden recibir las consultas de los vecinos sobre diferentes causas, tanto individuales como de problemáticas colectivas. Se evacúan consultas, se brinda acceso a la información judicial, facilitan la resolución alternativa de conflictos y se asesora legalmente sobre la necesidad de realizar denuncias, y afirmaron que se desarrollarán mecanismos de prevención de delitos y se generarán acciones de promoción de derechos para fortalecer los vínculos comunitarios.

La ATAJO surgió desde el Ministerio Público Fiscal de la Provincia en conjunto con la Iglesia Católica, en este caso con la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes de barrio Ameghino, de la cual depende el citado centro misionero.

Precisamente, el párroco Sebastián Luna citó al Papa Francisco para remarcar que “la Iglesia no es una aduana, es como la casa del padre, donde cada uno puede llegar con la vida a cuestas”, y en ese contexto es que remarcó que se produce la apertura de este espacio.

Dijo que las puertas del lugar “siempre han estado abiertas para los más frágiles” y apuntó que siempre estarán dispuestos a recibir a “alguien que quiera hacerle bien a otro”.

“Queremos no ser aduana, sino ser como la casa del padre”, remarcó. Graficó que en 2017 “nos costó bastante arrancar” luego de un final de 2016 “un poco difícil”, pero “así y todo abrimos las puertas del lugar y ofrecemos toda la disponibilidad y el corazón”.

En tanto, el fiscal general de Córdoba, Carlos Gonella, indicó que “el Ministerio Público Fiscal no sólo se representa con un fiscal en un juicio”, sino en “promover la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses de la sociedad”.

En ese marco, subrayó que “el acceso a la Justicia es un derecho que permite el desarrollo de los otros derechos constitucionales”, como el de la salud o la educación.

“En estos lugares hay gente con muchas necesidades”, manifestó el funcionario judicial, y advirtió que la Justicia está asociada sólo al Palacio de Tribunales al que “para acceder, se necesita pasar barreras discursivas, económicas”, remarcando así la importancia de esta nueva oficina.

Y ahí destacó que “la Iglesia en los barrios ha hecho lo opuesto a la Justicia; la Iglesia está cerca de la gente”. Por eso, argumentó, lo que hicieron en principio fue vincularse con el sacerdote Luna, así como en Córdoba “la primera experiencia fue con el padre Mariano Oberlín”, citando que en ese caso se observa “una problemática muy grave”, como el consumo de estupefacientes.

La semana pasada, la Nación inauguró un Centro de Acceso a la Justicia, en ese caso en calle Walt Disney de barrio Santa Ana.

“Son espacios complementarios, si bien ATAJO es una herramienta puntual del Ministerio Público Fiscal, es decir, vinculado a la acción penal, aunque aborda el acceso a la Justicia en general. En el caso del centro del Santa Ana, se ha planteado como una herramienta más amplia”, dijo ayer el intendente Gill al ser consultado sobre las diferencias entre las dependencias.

Valoró ambas sedes. “Todas estas herramientas son positivas y permiten a distintos sectores que la Justicia sea un elemento más directo, más próximo”.

Luego de la protesta del lunes – Gill y el reclamo por viviendas: “Es el planteo de muchas familias”

El lunes, una treintena de vecinos, con el apoyo del Polo Obrero, demandaron fuentes laborales y soluciones habitaciones para un centenar de familias frente al Palacio Municipal Miguel Angel Veglia.

Ese día fueron recibidos por el director del Instituto Municipal de Viviendas (IMV) y se acordó una nueva reunión para dentro de 20 días.

Ayer, consultado sobre este reclamo, el intendente Martín Gill indicó que “se los recibió para escuchar el planteo, que es el que no solamente tienen esas familias, sino realmente muchas familias de la ciudad”.

“Venimos trabajando”, aseguró el mandatario al hacer referencia a lo que hace a la política habitacional.

Como se sabe, en los registros municipales figuran seis mil familias que piden acceder a planes para obtener su techo propio.

El acceso a la vivienda digna es un derecho constitucional. Actualmente, están en ejecución una decena de unidades del Plan Eva Perón y se construirán las 47 restantes del Programa Techo Digno, financiado por Nación y que se levanta en barrio Evita.