La decisión de la Corte Suprema de Justicia de computar dos años de cárcel por cada uno cumplido efectivamente para los delitos de lesa humanidad, viene a ratificar un proceso que se abrió con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación.
Desde ese mismo momento, cada decisión, cada acción del nuevo gobierno estuvo orientada a deshacer los avances que nuestro pueblo había logrado en materia económica, laboral, social, educativa, científica y cultural, durante la llamada década Kirchnerista. Y como no podía ser de otra manera, los derechos humanos tampoco parecen escapar a este intento sistemático de querer borrar de la memoria de los argentinos, los progresos que con tanto esfuerzo conquistamos.
Durante el año y medio que llevan en el gobierno prepararon el terreno. Hablaron del “curro” de los derechos humanos, intentaron desprestigiar a los organismos que los defienden, cuestionaron la cantidad de personas desaparecidas, reconocieron el accionar de organizaciones y personas que reivindican el terrorismo de Estado y les otorgaron prisión domiciliaria a los asesinos, entre otros tantos desatinos.
Todo ello, con la solapada intención de promover una nueva amnistía que beneficie a quienes reprimieron de la manera más salvaje todo intento de resistencia al proceso de concentración económica abierto con la dictadura cívico-militar en 1976. Concentración económica de la que salieron beneficiadas las empresas y familias que hoy nos desgobiernan.
En tarea no estuvieron y no están solos. Han contado y cuentan, con la complicidad del entramado mediático más descomunal que haya conocido nuestro país. Aparato comunicacional, que durante las 24 horas de los 365 días del año trata de hacernos creer que es saludable para el país, que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres más pobres. Del mismo modo que han intentado e intentan que seamos condescendientes con esos “pobres” viejitos que están en la cárcel por haber secuestrado, torturado, asesinado y sustraído bebés de las manos encadenadas de sus madres.
También debemos decir, que más allá del intento de aclarar lo que dijeron, la reciente propuesta de “reconciliación” por lo ocurrido en la última dictadura cívico-militar lanzada por la Iglesia, en el marco de la 113° Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, le resulta funcional a aquella estrategia.
El pronunciamiento de la Iglesia fue tan inoportuno como innecesario. Ya que, desde el momento mismo de la instauración del terrorismo de Estado en Argentina, nuestra sociedad viene atravesando un verdadero proceso de “largo aliento” tendiente a superar éste, el período más negro de nuestra historia, a través de la búsqueda de “Memoria, Verdad y Justicia”. Algo que hemos logrado a medias, merced a los juicios que se han, y se están, sustanciado por delitos de lesa humanidad.
Todavía nos falta mucho por hacer. Todavía hay genocidas que están siendo juzgados. Civiles instigadores y partícipes de aquellos crímenes que deben ser acusados. Cientos de hijos y nietos apropiados que desconocen su verdadera identidad.
Y lo más peligroso de todo, hoy hay un gobierno que quiere volver a colgar los cuadros. Aunque en esta ocasión, haya sido otro el que usó el martillo y los clavos.
Gerardo Russo
Militante peronista