Quienes están en contacto con la niñez y la adolescencia de barrios más vulnerables coinciden en el diagnóstico de la realidad actual y reflexionan con el nuevo código como disparador
El miércoles pasado la Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó el nuevo Código de Convivencia Ciudadana y derogó el viejo Código de Faltas, con el aval de gran parte de los bloques de la Unicameral, el rechazo del Frente de Izquierda y los Trabajadores y MST-Nueva Izquierda y la ausencia del PRO.
El flamante cuerpo legal se implementará a partir de abril de 2016; antes deberá haber capacitación y disposición de recursos para lo que el código prevé.
El Código establece en 18 años la edad de imputabilidad, pero señala que si un menor de 18 años comete una contravención, deberá ser entregado inmediatamente a sus padres dando intervención a la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (SENAF), incorpora conductas que mantienen la subjetividad y arbitrariedad de quien la juzga (tocamientos indecorosos, conducta sospechosa, ebriedad escandalosa) y señala prisión para naranjitas sin autorización.
Por otro lado, ya no se criminaliza la mendicidad ni la prostitución escandalosa y se podrá beber en la vía pública.
Sobre el merodeo, la figura más cuestionada del Código de Faltas, hubo cambios: ya no es contravención el merodeo en zona urbana pero sí en la rural. No obstante, se añadió la figura de “conducta sospechosa”.
En tanto, en lo que es detención preventiva, el nuevo Código la limita a ocho horas, contada desde el mismo momento de la aprehensión que realiza el policía.
EL DIARIO buscó conocer qué repercusión tuvo en la ciudad la flamante legislación. Para eso, se pidió la palabra de un dirigente de una organización estudiantil universitaria y la de referentes o integrantes de comunidades barriales que tienen trabajo territorial, de campo, durante todo el año, es decir que están en contacto permanente con niños, niñas, adolescentes y jóvenes de sectores vulnerables.
A todos se les pidió una reflexión que fue más allá del nuevo Código, del que poco se conoce hasta el momento.
En este marco, desde el Comedor Caritas Felices de barrio La Calera, Melisa Burin evaluó que “lo que tenemos que hacer es construir comunidad y redes que sostengan” y sostuvo que “para reconstruir esas redes rotas, hay que empezar a conocernos tirando abajo estigmas y prejuicios”.
Por su lado, la trabajadora social Melina Carreño indicó que tuvo “la oportunidad de trabajar en barrios periféricos de la ciudad y me consta que los chicos no pueden venir al centro porque la Policía los para, entonces se les priva, ya desde el vamos, el derecho a circular” e hizo foco en “la mirada estigmatizante del resto de la sociedad”.
Desde el barrio San Nicolás, Magalí Castro, con larga trayectoria comunitaria, instó a poner “en discusión la necesidad de revisar en profundidad las estructuras y el accionar de la fuerza policial, que lleva adelante prácticas provocativas, abusivas, violentas, prepotentes, discriminatorias y hasta ilegales”.
En tanto, Alexis Scarponi, quien lleva adelante con un grupo desde hace ocho años la Campaña Un trato x el buen trato, la que le posibilita estar en contacto con jóvenes de distintos sectores, evaluó que “las principales víctimas, otra vez, son los sectores vulnerables y quienes menos tienen conciencia de sus derechos” y dijo que “precisamente por eso es que se les puede violar tan fácilmente” esos derechos.
Finalmente, desde El Hormiguero, Santiago Altamirano opinó que el nuevo Código no ataca la problemática de la represión que se vive en Córdoba y que además acentúa figuras controvertidas.
Algunas opiniones
♦ “Sobre el nuevo código, lo que se conoce es todavía escaso y habrá que analizarlo en profundidad cuando comience a implementarse. En este marco, vale decir que el sistema es injusto socialmente y siempre se va a buscar alguna forma de modificar las practicas pero siguen siendo las de opresión, de control social o de exclusión.
Primero te meten preso por merodeo, después por escandalo público y luego se instruye una causa penal. Lo que tenemos que hacer es construir comunidad y redes que sostengan.
Para reconstruir esas redes rotas, hay que empezar a conocernos tirando abajo estigmas y prejuicios”. Melisa Burin, Comedor Caritas Felices.
♦ “No creo que exista una real derogación del código de faltas, sino que se da cierto maquillaje. Aventuro que este nuevo código seguirá criminalizando la pobreza, persiguiendo a los jóvenes y la figura del merodeo se verá suplantada por la de ‘conducta sospechosa’.
Esto me parece arbitrario, porque la policía continuará decidiendo sobre nuestras acciones al determinar qué es lo que lo hace sospechoso o qué no. Estimo que bajo esa figura seguirán apuntando al mismo perfil de pibes. Vemos que es el mismo estado el que sigue criminalizando, persiguiendo y matando a los pibes por ser pobres o de determinado barrio.
Tuve la oportunidad de trabajar en barrios periféricos de la ciudad y me consta que los chicos no pueden venir al centro porque la policía los para, entonces se les priva, ya desde el vamos, el derecho a circular. Y esta la mirada estigmatizante del resto de la sociedad. La policía es un aparato impune, avalado por el código de faltas y lo será ahora por este código de convivencia”. Melina Carreño, trabajadora social.
♦ “Creo que se debe celebrar cada acción legislativa que busque tomar el reclamo de la sociedad civil, que no es vano, y que es, en primer medida, el motor de las grandes conquistas de los últimos años en cuanto al reconocimiento de derechos y ampliación de garantías sociales.
No obstante, podemos seguir considerando que el nuevo código no sea acabadamente lo que se necesitaba para eliminar los abusos policiales dado que mantiene algunas figuras ambiguas o confusas, en contra de las que seguiremos levantando la voz porque vulneran a los jóvenes, fundamentalmente provenientes de sectores empobrecidos.
Pero además de la legislación y su alcance, debe ponerse en discusión la necesidad de revisar en profundidad las estructuras y el accionar de la fuerza policial, que lleva adelante prácticas provocativas, abusivas, violentas, prepotentes, discriminatorias y hasta ilegales, de las que más de una vez he padecido, y tantas otras atestiguado como mediadora por situaciones acontecidas a los chicos de mi barrio (San Nicolás) que fueran aprehendidos por ir caminando de su casa al centro o por sentarse en una esquina a escuchar música.
Cabe replantearse que este pensamiento también es algo que está anclado en la oxidada estructura ideológica de la sociedad cordobesa y se evidenció en las pasadas elecciones, donde el 70% del electorado lanzó un profundo mensaje racista y clasista de mandar a trabajar a los “negros” y “vagos”. Allí, contra esa idea, está nuestra primera y cotidiana batalla”. Magalí Castro, coordinadora del Centro Comunitario Pinceladas de Esperanza.
♦ “Maquillado, pienso que este nuevo código es parte de lo mismo, el de las medidas que tratan de paliar las consecuencias de un sistema que es excluyente. Las principales victimas, otra vez, son los sectores vulnerables y quienes menos tienen conciencia de sus derechos. Precisamente por eso es que se los puede violar tan fácilmente.
Analizo que se sigue poniendo el foco de la criminalidad en quienes solo intentan de alguna manera sobrevivir en este sistema y no en quienes toman las decisiones que dan estructura a las relaciones sociales.
Refleja además la sociedad patriarcal: en vez de ayudar a las personas mas vulneradas, se les castiga y se las juzga”. Alexis Scarponi, Un trato x el buen trato.
♦ “El nuevo código de convivencia no ataca el problema de represión que vive la provincia. En mi opinión, acentúa muchas de las figuras sobre las que ya se discutía del viejo código de faltas.
Es un retroceso, porque que se haya discutido el código de faltas y no se haya acatado lo que planteábamos las organizaciones, significa que si hubo voluntad de discutirlo no hubo la de escuchar lo que se planteaba.
Se ningunearon los pedidos de los colectivos que solicitaban cambios. Por otro lado, es alarmante que el gobernador De la Sota deje a su sucesor una herramienta represiva ya no solo con los jóvenes de sectores populares o con las trabajadoras sexuales sino que ahora es contravención quemar gomas, siendo que es una de las formas mas habituales de protestas, lo que denota la intencionalidad de ese artículo.
Aumenta la cantidad de adjetivos, lo que lo torna impreciso y que es algo muy subjetivo, lo que brinda a la policía mayor posibilidad de ser arbitrarios”. Santiago Altamirano, Centro de Estudiantes El Hormiguero, Universidad Nacional de Villa María.